Pintado para la guerra, mi amigo, el profesor Alberto Bovino, explica la lucha por el derecho en la etapa estudiantil.

Producto fílmico de culto de ‘Vampiro Producciones’, demuestra por qué ha sido declarado miembro honorario del Constitucionalismo Demente y cofundador del Postconstitucionalismo.

http://abovino-cursoprueba.blogspot.com/2010/11/peli-guerra.html

Ley 26.571

PARTIDOS POLITICOS

Modifícase la Ley Nº 23.298.

Sancionada: Diciembre 2 de 2009

Promulgada Parcialmente: Diciembre 11 de 2009

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE DEMOCRATIZACION DE LA REPRESENTACION POLITICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL

TITULO I

Partidos políticos

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1º — Modifícase el inciso b) del artículo 3º, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando el porcentaje mínimo por sexo establecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 2º — Modifícase el artículo 7º de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 7º: Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-política, en forma provisoria, debe solicitarlo ante el juez competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscritos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000). Este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;

b) Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;

c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución;

d) Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;

e) Acta de designación de las autoridades promotoras;

f) Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados.

Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos en elecciones primarias ni en elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes públicos ordinarios ni extraordinarios.

ARTICULO 3º — Incorpórase como artículo 7º bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:

Artículo 7º bis: Para obtener la personería jurídico-política definitiva, los partidos en formación, deben acreditar:

a) Dentro de los ciento cincuenta (150) días, la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000), acompañadas de copia de los documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio, certificadas por autoridad partidaria;

b) Dentro de los ciento ochenta (180) días, haber realizado las elecciones internas, para constituir las autoridades definitivas del partido;

c) Dentro de los sesenta (60) días de obtenido el reconocimiento, haber presentado los libros a que se refiere el artículo 37, a los fines de su rúbrica.

Todos los trámites ante la justicia federal con competencia electoral hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las autoridades promotoras, o los apoderados, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones.

ARTICULO 4º — Incorpórase como artículo 7º ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:

Artículo 7º ter: Para conservar la personería jurídico-política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. El Ministerio Público Fiscal, de oficio, o a instancia del juzgado federal con competencia electoral, verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de la personería jurídico-política cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del requisito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla.

La Cámara Nacional Electoral publicará antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual, el número mínimo de afiliados requerido para el mantenimiento de la personería jurídico-política de los partidos de distrito.

ARTICULO 5º — Modifícase el artículo 8º de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 8º: Los partidos de distrito reconocidos en cinco (5) o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral del distrito de su fundación. Obtenido el reconocimiento, el partido deberá inscribirse en el registro correspondiente, ante los jueces federales con competencia electoral de los distritos donde decidiere actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado en el artículo 7º y 7º bis deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política;

b) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica nacional;

c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las autoridades de distrito;

d) Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados.

Para conservar la personería jurídico-política, los partidos nacionales deben mantener en forma permanente el número mínimo de distritos establecido con personería jurídico-política vigente.

El Ministerio Público Fiscal verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de personerías jurídicas partidarias cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del requisito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla.

ARTICULO 6º — Modifícase el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 10: Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos.

Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar una alianza con al menos un (1) partido político nacional.

Los partidos políticos que integren la alianza deben requerir su reconocimiento, ante el juez federal con competencia electoral del distrito respectivo o de la Capital Federal, en el caso de las alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días antes de la fecha de la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, debiendo acompañar:

a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el acuerdo financiero correspondiente;

b) Reglamento electoral;

c) Aprobación por los órganos de dirección de cada partido, de la formación de la alianza transitoria de acuerdo a sus cartas orgánicas;

d) Domicilio central y actas de designación de los apoderados;

e) Constitución de la junta electoral de la alianza;

f) Acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al fondo partidario permanente.

Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta los partidos que integran la alianza, deberán conformar una confederación.

ARTICULO 7º — Incorpórase como artículo 10 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:

Artículo 10 bis: Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir confederaciones de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos para actuar en forma permanente. La confederación subroga los derechos políticos y financieros de los partidos políticos integrantes.

Para su reconocimiento deben presentar ante el juez federal con competencia electoral del distrito que corresponda, o de la Capital Federal en el caso de las confederaciones nacionales, los siguientes requisitos:

a) Acuerdo constitutivo y carta orgánica de la confederación;

b) Nombre adoptado;

c) Declaración de principios y programa o bases de acción política conjunta, sancionados por la asamblea de fundación y constitución;

d) Acta de designación de las autoridades;

e) Domicilio de la confederación y acta de designación de los apoderados;

f) Libros a que se refiere el artículo 37, dentro de los dos (2) meses de obtenido el reconocimiento a los fines de su rúbrica.

Para participar en las elecciones generales como confederación deberán haber solicitado su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral competente hasta sesenta (60) días antes del plazo previsto para las elecciones primarias respectivas.

ARTICULO 8º — Incorpórase como artículo 10 ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:

Artículo 10 ter: Todo partido político debidamente inscrito, puede fusionarse con uno o varios partidos políticos presentando ante el juzgado federal con competencia electoral del distrito de su fundación:

a) El acuerdo de fusión suscrito que se complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;

b) Actas de los órganos competentes de los partidos que se fusionan de las que surja la voluntad de la fusión;

c) El resto de los requisitos establecido en los incisos b) a f) del artículo 7º de la presente ley;

d) Constancia de la publicación del acuerdo de fusión en el boletín oficial del distrito de fundación de los partidos que se fusionan, por tres (3) días, y en la que conste que, en caso de oposición, la misma deberá presentarse en el juzgado con competencia electoral del distrito de fundación dentro de los veinte (20) días de la publicación.

El juzgado federal electoral competente verificará que la suma de los afiliados a los partidos que se fusionan alcanza el mínimo establecido del cuatro por mil (4‰) de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito respectivo.

El partido político resultante de la fusión, gozará de personería jurídico-política desde su reconocimiento por el juez federal electoral competente, y se constituirá a todo efecto legal como sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus derechos, como obligaciones patrimoniales, sin perjuicio de subsistir la responsabilidad personal que les corresponda a las autoridades y otros responsables de los partidos fusionados por actos o hechos anteriores a la fusión.

Se considerarán afiliados al nuevo partido político, todos los electores que a la fecha de la resolución judicial que reconoce la fusión, lo hubiesen sido de cualquiera de los partidos políticos fusionados, salvo que hubieren manifestado oposición en el plazo establecido precedentemente.

ARTICULO 9º — Modifícase el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 25: La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueban la solicitud respectiva, o automáticamente en el caso que el partido no la considerase dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido presentada. La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible ante el juez federal con competencia electoral del distrito que corresponda. Una ficha de afiliación se entregará al interesado, otra será conservada por el partido y las dos (2) restantes se remitirán a la justicia federal con competencia electoral.

ARTICULO 10. — Incorpórase como artículo 25 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:

Artículo 25 bis: La afiliación se extingue por renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto en los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la comunicación correspondiente al juez federal con competencia electoral.

ARTICULO 11. — Incorpórase como artículo 25 ter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:

Artículo 25 ter: No puede haber doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido la renuncia previa expresa a toda otra afiliación anterior.

ARTICULO 12. — Incorpórase como artículo 25 quáter de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 25 quáter: Los ciudadanos pueden formalizar su renuncia por telegrama gratuito o personalmente ante la secretaría electoral del distrito que corresponda. A tal fin se establece en todo el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama gratuito para el remitente, para efectivizar las renuncias a partidos políticos. El gasto que demande este servicio será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta del Ministerio del Interior. El juzgado federal con competencia electoral una vez notificado de la renuncia a una afiliación, deberá darla de baja y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.

ARTICULO 13. — Modifícase el artículo 26 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 26: El registro de afiliados es público y está constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores. Su organización y funcionamiento corresponde a los partidos políticos y a la justicia federal con competencia electoral.

Los electores tienen derecho a conocer la situación respecto de su afiliación. La Cámara Nacional Electoral arbitrará un mecanismo para que los electores puedan conocer su situación individual respecto de la misma restringiendo el acceso de terceros a estos datos.

ARTICULO 14. — Modifícase el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 29: La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de acuerdo a sus cartas orgánicas, subsidiariamente por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos o por la legislación electoral. Para la designación de candidatos a cargos electivos nacionales se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en todo el territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.

ARTICULO 15. — Modifícase el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 33: No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios;

c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;

d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales;

e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar;

f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.

Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones nacionales en violación a lo establecido en el presente artículo.

ARTICULO 16. — Modifícase el artículo 50 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 50: Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos:

a) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años;

b) La no presentación a dos (2) elecciones nacionales consecutivas;

c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón electoral del distrito que corresponda;

d) La violación de lo determinado en los artículos 7º, inciso e) y 37, previa intimación judicial;

e) No mantener la afiliación mínima prevista por los artículos 7º y 7º ter;

f) No estar integrado un partido nacional por al menos cinco (5) partidos de distrito con personería vigente;

g) La violación a lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 33 de la presente ley.

ARTICULO 17. — Modifícase el artículo 53 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 53: En caso de declararse la caducidad de la personería jurídico-política de un partido, podrá ser solicitada nuevamente, a partir de la fecha de su caducidad y luego de celebrada la primera elección nacional, cumpliendo con lo dispuesto en el título II, previa intervención del procurador fiscal federal.

El partido extinguido por sentencia firme no podrá ser reconocido nuevamente con el mismo nombre, la misma carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción política, por el término de seis (6) años, a partir de la fecha de la sentencia.

Por el mismo término los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito no podrán registrar nuevos partidos integrados por ex afiliados a un mismo partido político declarado caduco que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las afiliaciones requeridas para la constitución del nuevo partido.

TITULO II

Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias

CAPITULO I

Agrupaciones políticas

ARTICULO 18. — Entiéndese por agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral. En adelante, se denomina elecciones primarias a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

ARTICULO 19. — Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista.

La justicia nacional electoral entenderá en todo lo relacionado a los actos y procedimientos electorales referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestará la colaboración que le requiera en la organización de las elecciones primarias.

A los efectos de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los juzgados federales con competencia electoral ejercerán las funciones conferidas por el Código Electoral Nacional a las Juntas Electorales Nacionales en todo lo que no se contradiga expresamente con la presente ley.

Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara Nacional Electoral en el plazo de veinticuatro (24) horas de su notificación, fundándose en el mismo acto. Contra las decisiones de la Cámara Nacional Electoral sólo procede deducirse recurso extraordinario dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas. Ni su interposición, ni su concesión suspenderán el cumplimiento de la sentencia, salvo que así se disponga.

En todo lo que no se encuentre modificado en el presente título se aplicarán las normas, procedimientos y sanciones establecidas en el Código Electoral Nacional Ley 19.945 y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.

ARTICULO 20. — La convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su realización.

Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del Código Electoral Nacional.

ARTICULO 21. — La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el Código Electoral Nacional y en la presente ley.

Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.

Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.

Las precandidaturas a senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al dos por mil (2‰) del total de los inscritos en el padrón general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón (1.000.000), o por un número mínimo de afiliados a la agrupación política o partidos que la integran, equivalente al dos por ciento (2%) del padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de las alianzas, del distrito respectivo, hasta un máximo de cien mil (100.000), el que sea menor.

Las precandidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al uno por mil (1‰) del total de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos cinco (5) distritos, o al uno por ciento (1%) del padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de las alianzas, de cinco (5) distritos a su elección en los que tenga reconocimiento vigente, el que sea menor.

Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista.

ARTICULO 22. — Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una (1) sola categoría de cargos electivos.

CAPITULO II

Electores

ARTICULO 23. — En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores confeccionado por la justicia nacional electoral.

Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que constarán las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad a partir del día de la elección general.

El elector votará en el mismo lugar en las dos elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente por los medios masivos de comunicación.

ARTICULO 24. — Los electores deben emitir un (1) solo voto por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo optar por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.

Se dejará constancia en el documento cívico de conformidad con el artículo 95 del Código Electoral Nacional.

CAPITULO III

Presentación y oficialización de listas

ARTICULO 25. — Hasta cincuenta y cinco (55) días antes de las elecciones primarias las agrupaciones políticas podrán solicitar al juzgado federal con competencia electoral que corresponda la asignación de colores para las boletas a utilizar en las elecciones primarias y la elección general. Las boletas de todas las listas de una misma agrupación tendrán el mismo color que no podrá repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el blanco. Aquellas que no hayan solicitado color, deberán utilizar en las boletas de todas sus listas el color blanco. En el caso de las agrupaciones nacionales, el juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal asignará los colores que serán utilizados por todas las agrupaciones de distrito de cada agrupación nacional, comunicándolo a los juzgados electorales de distrito para que esos colores no sean asignados a otras agrupaciones.

ARTICULO 26. — Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) representante de cada una de las listas oficializadas.

Las listas de precandidatos se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando el porcentaje mínimo de precandidatos de cada sexo de conformidad con lo dispuesto por la Ley 24.012 y su decreto reglamentario;

b) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato, indicación de domicilio, número de documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes;

c) Designación de apoderado y responsable económico-financiero de lista, a los fines establecidos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y constitución de domicilio especial en la ciudad asiento de la junta electoral de la agrupación;

d) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la integraren;

e) Avales establecidos en el artículo 21 de la presente ley;

f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a respetar la plataforma electoral de la lista;

g) Plataforma programática y declaración del medio por el cual la difundirá.

Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral.

ARTICULO 27. — Presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, Ley 24.012, la carta orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas, de su reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la información necesaria al juzgado federal con competencia electoral del distrito, que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización la junta electoral partidaria dictará resolución fundada acerca de su admisión o rechazo, y deberá notificarla a las listas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas.

Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presentarse por escrito y fundada ante la junta electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada. La junta electoral deberá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación.

La solicitud de revocatoria podrá acompañarse del de apelación subsidiaria en base a los mismos fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria planteada la junta electoral elevará el expediente sin más al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.

Todas las notificaciones de las juntas electorales partidarias pueden hacerse indistintamente: en forma personal ante ella, por acta notarial, por telegrama con copia certificada y aviso de entrega, por carta documento con aviso de entrega, o por publicación en el sitio web oficial de cada agrupación política.

ARTICULO 28. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la resolución de la junta electoral de la agrupación puede ser apelada por cualquiera de las listas de la propia agrupación ante los juzgados con competencia electoral del distrito que corresponda dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la resolución, fundándose en el mismo acto.

Los juzgados deberán expedirse en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas.

La resolución de los jueces de primera instancia podrá ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la resolución, fundándose en el mismo acto. El juzgado federal con competencia electoral de primera instancia deberá elevar el expediente a la Cámara Nacional Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de interpuesto el recurso.

La Cámara deberá expedirse en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas desde su recepción.

ARTICULO 29. — Tanto la solicitud de revocatoria como los recursos interpuestos contra las resoluciones que rechacen la oficialización de listas serán concedidos con efecto suspensivo.

ARTICULO 30. — La resolución de oficialización de las listas una vez que se encuentra firme, será comunicada por la junta electoral de la agrupación, dentro de las veinticuatro (24) horas, al juzgado federal con competencia electoral que corresponda, el que a su vez informará al Ministerio del Interior a los efectos de asignación de aporte, espacios publicitarios y franquicias que correspondieren.

En idéntico plazo hará saber a las listas oficializadas que deberán nombrar un representante para integrar la junta electoral partidaria.

CAPITULO IV

Campaña electoral

ARTICULO 31. — La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia treinta (30) días antes de la fecha del comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los veinte (20) días anteriores a la fecha de las elecciones primarias. En ambos casos finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.

ARTICULO 32. — La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever para el año en que se realicen las elecciones primarias un monto a distribuir entre las agrupaciones políticas que presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del que les corresponderá, por aporte de campaña para las elecciones generales.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector.

Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones partidarias de conformidad con lo establecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

A su vez, serán distribuidos por la agrupación Política entre las listas de precandidatos oficializados en partes iguales.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior publicará los aportes que correspondan a cada agrupación política.

Las agrupaciones políticas cuarenta (40) días antes de las elecciones primarias, designarán un (1) responsable económico-financiero ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

ARTICULO 33. — Los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del límite de gastos de campaña para las elecciones generales.

Las listas de cada una de las agrupaciones políticas tendrán el mismo límite de gastos, los que en su conjunto no podrán superar lo establecido precedentemente.

Por la lista interna que excediere el límite de gastos dispuesto precedentemente, serán responsables solidariamente y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del monto en que se hubiere excedido, los precandidatos y el responsable económico-financiero designado.

ARTICULO 34. — Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones primarias.

Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, será sancionada con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente.

Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la lista interna que contrataren publicidad en violación al primer párrafo del presente artículo, serán solidariamente responsables y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada.

ARTICULO 35. — La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo público con citación a las agrupaciones políticas que participen en las elecciones primarias, los espacios de publicidad electoral en emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas y por suscripción, según lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Las agrupaciones políticas distribuirán, a su vez, tales espacios en partes iguales entre las listas internas oficializadas.

ARTICULO 36. — Veinte (20) días después de finalizada la elección primaria, el responsable económico-financiero de cada lista interna que haya participado de la misma, deberá presentar ante el responsable económico-financiero de la agrupación política, un informe final detallado sobre los aportes públicos y privados recibidos con indicación de origen, monto, nombre y número de documento cívico del donante, así como los gastos realizados durante la campaña electoral. El informe debe contener lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, para las campañas generales.

La no presentación del informe previsto en el párrafo anterior, hará pasible solidariamente a los precandidatos y al responsable económico-financiero de la lista interna, de una multa equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%) del total de los fondos públicos recibidos por cada día de mora en la presentación.

Una vez efectuada la presentación del informe final por la agrupación política en los términos del siguiente artículo, el responsable económico-financiero de la lista interna deberá presentar el informe final ante el juzgado federal con competencia electoral que corresponda, para su correspondiente evaluación y aprobación.

Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo para la presentación del informe final por el responsable económico-financiero de la lista interna ante la agrupación política, el juez federal con competencia electoral podrá disponer la aplicación de una multa a los precandidatos y al responsable económico-financiero, solidariamente, de hasta el cuádruplo de los fondos públicos recibidos, y la inhabilitación de los candidatos de hasta dos (2) elecciones.

ARTICULO 37. — Treinta (30) días después de finalizada la elección primaria, cada agrupación política que haya participado de la misma, debe realizar y presentar ante el juzgado federal con competencia electoral que corresponda, un informe final detallado sobre los aportes públicos recibidos y privados, discriminados por lista interna con indicación de origen y monto, así como los gastos realizados por cada lista, durante la campaña electoral. El informe debe contener lo dispuesto para las campañas generales regulado en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y será confeccionado en base a la información rendida por las listas internas que cumplieren con lo dispuesto en el artículo precedente, indicándose asimismo las que no lo hubieren hecho.

El incumplimiento de la presentación del informe final de campaña, en la fecha establecida, facultará al juez a aplicar una multa equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%), del total de los fondos públicos que le correspondan a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente, por cada día de mora en la presentación. Transcurridos noventa (90) días, desde el vencimiento del plazo de que se trata, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolución a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

CAPITULO V

Boleta de sufragio

ARTICULO 38. — Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional.

Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las elecciones primarias, de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada lista interna.

Además de los requisitos establecidos en el Código Electoral Nacional, cada sección deberá contener en su parte superior tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.

Cada lista interna presentará su modelo de boleta ante la junta electoral de la agrupación política dentro de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación. Producida la oficialización la junta electoral de la agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de los juzgados con competencia electoral del distrito que corresponda, los modelos de boletas de sufragios de todas las listas que se presentarán en las elecciones primarias, con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de la realización de las elecciones primarias.

CAPITULO VI

Elección y escrutinio

ARTICULO 39. — Los lugares de ubicación de las mesas de votación y las autoridades de las mismas deberán ser coincidentes para las elecciones primarias y las elecciones generales que se desarrollen en el mismo año, salvo modificaciones imprescindibles.

La Cámara Nacional Electoral elaborará dos (2) modelos uniformes de actas de escrutinio, para las categorías presidente y vicepresidente, el primero y diputados y senadores el segundo, en base a los cuales los juzgados federales con competencia electoral confeccionarán las actas a utilizar en las elecciones primarias de sus respectivos distritos. En ellos deberán distinguirse sectores con el color asignado a cada agrupación política, subdivididos a su vez de acuerdo a las listas internas que se hayan presentado, consignándose los resultados por lista y por agrupación para cada categoría.

Para la conformación de las mesas, la designación de sus autoridades, la compensación en concepto de viático por su desempeño, la realización del escrutinio y todo lo relacionado con la organización de las elecciones primarias, se aplicarán las normas pertinentes del Código Electoral Nacional.

ARTICULO 40. — En cuanto al procedimiento de escrutinio, además de lo establecido en el Código Electoral Nacional, se tendrá en cuenta que:

a) Si en un sobre aparecieren dos (2) o más boletas oficializadas correspondientes a la misma lista y categoría, se computará sólo una de ellas, destruyéndose las restantes;

b) Se considerarán votos nulos cuando se encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de distintas listas, en la misma categoría, aunque pertenezcan a la misma agrupación política.

ARTICULO 41. — Las listas internas de cada agrupación política reconocida pueden nombrar fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También podrán designar fiscales generales por sección que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general en ningún caso se permitirá la actuación simultánea en una mesa de más de un (1) fiscal por lista interna de cada agrupación política.

Respecto a la misión, requisitos y otorgamiento de poderes a fiscales y fiscales generales se regirán por lo dispuesto en el Código Electoral Nacional.

ARTICULO 42. — Concluida la tarea del escrutinio provisorio por las autoridades de mesa se consignará en el acta de cierre, la hora de finalización del comicio, número de sobres, número total de sufragios emitidos, y el número de sufragios para cada lista interna de cada agrupación política en letras y números.

Asimismo deberá contener:

a) Cantidad, en letras y números, de votos totales emitidos para cada agrupación política y los logrados por cada una de las listas internas por categorías de cargos, el número de votos nulos, así como los recurridos, impugnados y en blanco;

b) El nombre del presidente, el suplente y fiscales por las listas que actuaron en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acta del escrutinio o las razones de su ausencia;

c) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.

El acta de escrutinio debe ser firmada por las autoridades de la mesa y los fiscales. Si alguno de éstos no estuviera presente o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a firmar, el presidente dejará constancia circunstanciada de estos hechos. Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa extenderá a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio que será suscripto por él, por los suplentes y los fiscales, dejándose constancia circunstanciada si alguien se niega a firmarlo.

El fiscal que se ausente antes de la clausura de los comicios señalará la hora y motivo del retiro y en caso de negarse a ello, se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales presentes o la autoridad electoral. Asimismo, se dejará constancia de su reintegro en caso de que éste se produzca.

ARTICULO 43. — Una vez suscritas el acta de cierre, las actas de escrutinio y los certificados de escrutinio para los fiscales, el presidente de mesa comunicará el resultado del escrutinio de su mesa al juzgado federal con competencia electoral que corresponde y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, mediante un telegrama consignando los resultados de cada lista interna de cada respectiva agrupación política según el modelo que confeccione el correo oficial, y apruebe el juzgado federal con competencia electoral, a efectos de su difusión preliminar.

CAPITULO VII

Proclamación de los candidatos

ARTICULO 44. — La elección de los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación de cada agrupación se hará mediante fórmula en forma directa y a simple pluralidad de sufragios.

Las candidaturas a senadores se elegirán por lista completa a simple pluralidad de votos. En la elección de diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur, cada agrupación política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria.

Los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito efectuarán el escrutinio definitivo de las elecciones primarias de las agrupaciones políticas de su distrito, y comunicarán los resultados:

a) En el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, a la Cámara Nacional Electoral, la que procederá a hacer la sumatoria de los votos obtenidos en todo el territorio nacional por los precandidatos de cada una de las agrupaciones políticas, notificándolos a las juntas electorales de las agrupaciones políticas nacionales;

b) En el caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a las juntas electorales de las respectivas agrupaciones políticas, para que conformen la lista ganadora.

Las juntas electorales de las agrupaciones políticas notificadas de acuerdo a lo establecido precedentemente, efectuarán la proclamación de los candidatos electos, y la notificarán en el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación al juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal, y en el caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a los juzgados federales con competencia electoral de los respectivos distritos.

Los juzgados con competencia electoral tomarán razón de los candidatos así proclamados, a nombre de la agrupación política y por la categoría en la cual fueron electos. Las agrupaciones políticas no podrán intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que postulando a los que resultaron electos y por las respectivas categorías, en la elección primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.

ARTICULO 45. — Sólo podrán participar en las elecciones generales, las agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur, hayan obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría.

Para la categoría de presidente y vicepresidente se entenderá el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.

ARTICULO 46. — Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adopten un sistema de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, podrán realizarlas, previa adhesión, simultáneamente con las elecciones primarias establecidas en esta ley, bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio, en la forma que establezca la reglamentación, aplicándose en lo pertinente, las disposiciones de la Ley 15.262.

TITULO III

Financiamiento de las campañas electorales

CAPITULO UNICO

Disposiciones generales del financiamiento de

las campañas

ARTICULO 47. — Modifícase el artículo 5º de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 5º: Financiamiento público. El Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos en las condiciones establecidas en esta ley.

Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:

a) Desenvolvimiento institucional;

b) Capacitación y formación política;

c) Campañas electorales primarias y generales.

Se entiende por desenvolvimiento institucional todas las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la Ley 23.298, la presente ley y la carta orgánica partidaria, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel nacional o internacional.

ARTICULO 48. — Modificase el artículo 27 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 27: Responsables. En forma previa al inicio de la campaña electoral, las agrupaciones políticas, que presenten candidaturas a cargos públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente, y al Ministerio del Interior.

ARTICULO 49. — Modifícase el artículo 29 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 29: Constitución de fondo fijo. Las erogaciones que por su monto sólo puedan ser realizadas en efectivo, se instrumentarán a través de la constitución de un fondo fijo. Cada gasto que se realice utilizando el fondo fijo debe contar con la constancia prevista en el artículo siguiente y la documentación respaldatoria de dicho gasto.

ARTICULO 50. — Modifícase el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 30: Constancia de operación. Todo gasto que se efectúe con motivo de la campaña electoral, superior a un mil (1.000) módulos electorales deberá documentarse, sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a través de una “constancia de operación para campaña electoral”, en la que deberán constar los siguientes datos:

ARTICULO 51. — Modifícase el artículo 31 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 31: Alianzas. Los partidos políticos podrán constituir alianzas electorales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 23.298.

Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deben designar dos (2) responsables económico-financieros de campaña, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 27 de la presente ley, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente.

ARTICULO 52. — Modifícase el artículo 34 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 34: Aportes de campaña. La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año en que deban desarrollarse elecciones nacionales debe determinar el monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.

Para los años en que deban realizarse elecciones presidenciales, la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever tres (3) partidas diferenciadas: una (1) para la elección de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta ley, la segunda para la elección de senadores nacionales y la tercera para la elección de diputados nacionales. Para los años en que sólo se realizan elecciones legislativas la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional debe prever las dos (2) últimas partidas.

De la misma forma, en los años mencionados debe prever partidas análogas por categoría de cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias, equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del que se prevé para las campañas electorales de las elecciones generales.

ARTICULO 53. — Modifícase el artículo 35 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas los recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente a una boleta y media (1,5) por elector registrado en cada distrito.

La justicia nacional electoral informará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior la cantidad de listas oficializadas para la elección correspondiente la que efectuará la distribución correspondiente por distrito electoral y categoría.

ARTICULO 54. — Modifícase el artículo 36 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral, tanto para las elecciones primarias como para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos de la siguiente manera:

Elecciones presidenciales:

a) Cincuenta por ciento (50%) del monto asignado por el presupuesto en forma igualitaria entre las listas presentadas;

b) Cincuenta por ciento (50%) del monto asignado por el presupuesto se distribuirá entre los veinticuatro (24) distritos, en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada tal operación, se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

Las agrupaciones políticas que participen en la segunda vuelta recibirán como aportes para la campaña una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor aporte de campaña para la primera vuelta.

Elecciones de diputados:

El total de los aportes se distribuirá entre los veinticuatro (24) distritos en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el cincuenta por ciento (50%) del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50%), se distribuirá a cada partido político, confederación o alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

Elecciones de senadores:

El total de los aportes se distribuirá entre los ocho (8) distritos en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el cincuenta por ciento (50%) del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50%), se distribuirá a cada partido político, confederación o alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les entregará el monto íntegro de los aportes.

Para las elecciones primarias se aplicarán los mismos criterios de distribución entre las agrupaciones políticas que se presenten.

El Ministerio del Interior publicará la nómina y monto de los aportes por todo concepto.

El Ministerio del Interior depositará los aportes al inicio de la campaña una vez oficializadas las listas.

ARTICULO 55. — Modifícase el artículo 40 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 40: Destino remanente aportes. El remanente de los fondos públicos otorgados en concepto de aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser conservado por los partidos exclusivamente para ser destinado a actividades de capacitación y formación política, debiendo dejarse constancia expresa de ello en el informe final de campaña. En caso contrario, deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral.

La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 65.

El remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el informe final de campaña, deberá ser reintegrado por las agrupaciones políticas dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral. Vencido ese plazo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior procederá a compensar la suma adeudada, de los aportes públicos que le correspondan al partido.

La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 62.

ARTICULO 56. — Modifícase el artículo 43 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. Los espacios de publicidad electoral en las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para cargos públicos electivos, para la difusión de sus mensajes de campaña.

Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales.

Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.

En el caso de segunda vuelta se asignará a cada una de las fórmulas el cincuenta por ciento (50%) de los espacios asignados al que más espacios hubiera recibido en la primera vuelta.

ARTICULO 57. — Incorpórase como capítulo III bis del título III a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

CAPITULO III BIS

De la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual

Artículo 43 bis: La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá los espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual entre las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas para las elecciones primarias y candidaturas para las elecciones generales, para la transmisión de sus mensajes de campaña. En relación a los espacios de radiodifusión sonora, los mensajes serán emitidos por emisoras de amplitud y emisoras de frecuencia modulada.

Artículo 43 ter: A efectos de realizar la distribución de los espacios de publicidad electoral, en los servicios audiovisuales, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con anterioridad al inicio de la campaña electoral correspondiente, el listado de los servicios televisivos y radiales autorizados por el organismo y su correspondiente tiempo de emisión, para la distribución de las pautas. A los efectos de esta ley, se entiende por espacio de publicidad electoral, a la cantidad de tiempo asignado a los fines de transmitir publicidad política por parte de la agrupación.

Artículo 43 quáter: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación están obligados a ceder el diez por ciento (10%) del tiempo total de programación para fines electorales.

Artículo 43 quinquies: En caso de segunda vuelta electoral por la elección de presidente y vicepresidente, las fórmulas participantes recibirán el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los espacios recibidos por la agrupación política que más espacios hubiera obtenido en la primera vuelta.

Artículo 43 sexies: La cantidad de los espacios de radiodifusión y los espacios en los medios audiovisuales, serán distribuidos tanto para las elecciones primarias como para las generales de la siguiente forma:

a) Cincuenta por ciento (50%) por igual, entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidatos;

b) Cincuenta por ciento (50%) restante entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas, en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para la categoría diputados nacionales. Si por cualquier causa una agrupación política no realizase publicidad en los servicios audiovisuales, no podrá transferir bajo ningún concepto, sus minutos asignados a otro candidato, o agrupación política para su utilización.

Artículo 43 septies: La distribución de los horarios y los medios en que se transmitirá la publicidad electoral, se realizará por sorteo público, para el reparto equitativo. A tal efecto el horario de transmisión será el comprendido entre las siete (7:00) horas y la una (1:00) del día siguiente.

En la presente distribución se deberá asegurar a todas las agrupaciones políticas que oficialicen listas de candidatos, la rotación en todos los horarios y al menos dos (2) veces por semana en horario central en los servicios de comunicación audiovisual. Cualquier solicitud de cambio del espacio de publicidad electoral, que presentare el servicio de comunicación y/o la agrupación política, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de dicha solicitud. La solicitud no implicará la posibilidad de suspender la transmisión de la pauta vigente, hasta que se expida el organismo correspondiente.

En aquellos casos en que la cobertura de los servicios de comunicación audiovisual abarque más de un distrito, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá garantizar la distribución equitativa de estos espacios entre las agrupaciones políticas que compitan en dichos distritos.

Artículo 43 octies: Los gastos de producción de los mensajes para su difusión en los servicios de comunicación audiovisual de las agrupaciones políticas, serán sufragados con sus propios recursos.

Artículo 43 nonies: Será obligatorio para las agrupaciones políticas la subtitulación de los mensajes que se transmitan en los espacios televisivos que se cedan en virtud de esta ley.

ARTICULO 58. — Incorpórase como artículo 44 bis al capítulo IV, del título III, de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 44 bis: Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado de campaña electoral toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales.

Las donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, en efectivo, mediante internet, o cualquier otro medio siempre que permita la identificación del donante. Dichas contribuciones deben estar respaldadas con los comprobantes correspondientes. En el informe final de campaña se deberá informar la identificación de las personas que hayan realizado las contribuciones o donaciones.

Queda prohibida toda donación o contribución a una agrupación política por personas de existencia ideal.

ARTICULO 59. — Incorpórase como capítulo IV bis del título III a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

CAPITULO IV bis

De las encuestas y sondeos de opinión

Artículo 44 ter: La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán inscribirse en el mismo.

El registro deberá abrirse con una anterioridad no menor a los treinta (30) días antes de la fecha de oficialización de las listas de candidatos. Dicha inscripción deberá renovarse ante cada acto eleccionario.

Durante la duración de la campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agrupación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito correspondiente, un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién realizó la contratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de campo.

Dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral para su público acceso por la ciudadanía.

Aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, no podrán difundir por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el período de campaña electoral.

Artículo 44 quáter: Ocho (8) días antes de las elecciones generales, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos.

Dentro del plazo que la presente ley autoriza para la realización de trabajos de sondeos y encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado.

ARTICULO 60. — Modifícase el artículo 45 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 45: Límite de gastos. En las elecciones nacionales, los gastos destinados a la campaña electoral para cada categoría que realice una agrupación política, no podrán superar, la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo electoral de acuerdo al valor establecido en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional del año respectivo. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se considerará que ningún distrito tiene menos de quinientos mil (500.000) electores. El límite de gastos previstos para la segunda vuelta será la mitad de lo previsto para la primera vuelta.

ARTICULO 61. — Incorpórase como artículo 45 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 45 bis: Gasto electoral. A los efectos de esta ley, se entiende como gasto electoral toda erogación realizada por una agrupación política, efectuada durante el período establecido para la realización de la campaña electoral, independientemente de la fecha de efectivo pago de cualquier gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el financiamiento de:

a) Publicidad electoral dirigida, directa o indirectamente, a promover el voto para una agrupación política determinada, cualquiera sea el lugar, la forma y el medio que utilice;

b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o las agrupaciones políticas durante la campaña electoral;

c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral;

d) El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos y sus candidatos;

e) Contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas;

f) Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de las agrupaciones políticas y de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de implementos de propaganda;

g) Cualquier otro gasto que no se relacione con el funcionamiento permanente del partido.

ARTICULO 62. — Modifícase el artículo 49 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 49: Gastos en publicidad. Quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña por cuenta de terceros.

Para la contratación de la publicidad electoral que no se encuentre alcanzada por la prohibición del artículo 43 será excluyente la participación de los responsables económico-financieros de las agrupaciones políticas, debiendo refrendar las órdenes respectivas en el informe final.

ARTICULO 63. — Derógase el artículo 48 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.

ARTICULO 64. — Modifícase el artículo 58 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 58: Informe final. Noventa (90) días después de finalizada la elección, el tesorero y los responsables económico-financieros de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y precisar claramente su naturaleza, origen, nombre y documento del donante, destino y monto, así como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por rubros y los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes. Deberá indicarse también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de las alianzas electorales, debiendo poner a disposición la correspondiente documentación respaldatoria.

ARTICULO 65. — Incorpórase como artículo 58 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 58 bis: Rubros de gastos. En el informe final al que se refiere el artículo anterior, se consignarán al menos los siguientes rubros:

a) Gastos de administración;

b) Gastos de oficina y adquisiciones;

c) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo publicaciones;

d) Gastos de publicidad electoral;

e) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión;

f) Servicios de transporte;

g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas;

h) Gastos de impresión de boletas;

i) Otros gastos debidamente fundamentados.

ARTICULO 66. — Incorpóranse como incisos e) y f) al artículo 62 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, los siguientes:

e) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el artículo 43;

f) No restituyeren, dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral, el remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el informe final de campaña.

ARTICULO 67. — Modifícase el artículo 66 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 66: Será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente ley.

Será sancionado con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15 y 16 de la presente ley.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto, los directores y gerentes o representantes de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente ley. Asimismo la conducta será considerada falta grave y comunicada para su tratamiento a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por la Ley 26.522.

Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto los proveedores en general que violen lo dispuesto en el artículo 50.

Las personas físicas, así como los propietarios, directores y gerentes o representantes de personas jurídicas que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.

ARTICULO 68. — Modifícase el artículo 67 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 67: El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la información prevista en los artículos 22, 23 y 58 facultará al juez a aplicar una multa por presentación extemporánea equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%), por cada día de demora del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente.

Transcurridos noventa (90) días, del vencimiento del plazo de que se trate, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolución a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación del informe previsto en el artículo 54 facultará al juez a aplicar una multa por presentación extemporánea equivalente al cero coma cero dos por ciento (0,02%) por cada día de demora del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente, hasta un máximo de nueve (9) días antes del comicio.

ARTICULO 69. — Incorpórase como artículo 67 bis de la Ley de. Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 67 bis: Serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión por un período de dos (2) a cuatro (4) elecciones, las empresas de encuestas y sondeos de opinión que incumplieran en dos (2) oportunidades consecutivas con lo dispuesto en el artículo 44 ter de la presente ley.

ARTICULO 70. — Incorpórase como artículo 68 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:

Artículo 68 bis: Créase el módulo electoral como unidad de medida monetaria para determinar los límites de gastos autorizados por esta ley. El valor del módulo electoral será determinado anualmente en el Presupuesto General de la Nación.

ARTICULO 71. — Incorpórase como artículo 71 bis de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 71 bis: Las resoluciones de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales, sobre distribución o asignación a las agrupaciones políticas de aportes públicos o espacios de publicidad electoral son apelables por las agrupaciones en sede judicial directamente ante la Cámara Nacional Electoral. El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas debidamente fundado ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior que lo remitirá al tribunal dentro de las setenta y dos (72) horas, con el expediente en el que se haya dictado la decisión recurrida y una contestación al memorial del apelante. La Cámara podrá ordenar la incorporación de otros elementos de prueba y solicitar a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior aclaraciones o precisiones adicionales. Luego de ello, y previa intervención fiscal, se resolverá.

TITULO IV

Modernización del Código Electoral Nacional

CAPITULO UNICO

ARTICULO 72. — Modifícase el inciso a) del artículo 3º del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

a) Los dementes declarados tales en juicio;

ARTICULO 73. — Derógase el inciso b) del artículo 3º del Código Electoral Nacional Ley 19.945.

ARTICULO 74. — Modifícanse el nombre del capítulo II, del título I y el artículo 15 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, por los siguientes:

CAPITULO II

Del Registro Nacional de Electores

Artículo 15: Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores es único y contiene los siguientes subregistros:

1. De electores por distrito;

2. De electores inhabilitados y excluidos;

3. De ciudadanos nacionales residentes en el exterior; y

4. De ciudadanos privados de la libertad.

El Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documental impreso. El registro informatizado debe contener, por cada elector los siguientes datos: apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las huellas dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá contener además de los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y la firma original del ciudadano, y la fotografía.

Corresponde a la justicia nacional electoral actualizar la profesión de los electores.

ARTICULO 75. — Modifícase el artículo 16 del Código Electoral Nacional Ley 19.945 el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 16: De los subregistros electorales por distrito. En cada secretaría electoral se organizará el subregistro de los electores de distrito, el cual contendrá los datos suministrados por medios informáticos por la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con los datos que consten en el Registro Nacional de Electores.

ARTICULO 76. — Modifícase el artículo 17 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 17: Organización del Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores será organizado por la Cámara Nacional Electoral, quien será la autoridad competente para disponer la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. Dicho registro contendrá los datos de todos los electores del país y debe ser organizado por distrito.

Las modalidades de actualización que establezca comprenderán la modificación del asiento registral de los electores, por la admisión de reclamos interpuestos por ellos o por las constancias obtenidas de tareas de fiscalización, de lo cual informará al Registro Nacional de las Personas con la constancia documental que acredite la modificación.

El Registro Nacional de las Personas deberá remitir al Registro Nacional de Electores, en forma electrónica los datos que correspondan a los electores y futuros electores. Sin perjuicio de ello, debe remitir periódicamente las constancias documentales que acrediten cada asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única y centralizada, en la Cámara Nacional Electoral.

Estas constancias se utilizarán como medio de prueba supletorio en caso de controversia sobre los asientos registrales informáticos.

La Cámara Nacional Electoral podrá reglamentar las modalidades bajo las cuales el Registro Nacional de las Personas deberá remitir la información, así como también los mecanismos adecuados para su actualización y fiscalización permanente, conforme lo previsto en la presente ley, y de acuerdo a la posibilidad de contar con nuevas tecnologías que puedan mejorar el sistema de registro de electores.

Queda garantizado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso libre y permanente a la información contenida en el Registro Nacional de Electores, a los efectos electorales.

ARTICULO 77. — Incorpórase como artículo 17 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el siguiente:

Artículo 17 bis: Actualización. La actualización y depuración de los registros es permanente, y tiene por objeto:

a) Incluir los datos de los nuevos electores inscritos;

b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un (1) registro válido para un mismo elector;

c) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los electores;

d) Actualizar la profesión de los electores;

e) Excluir a los electores fallecidos.

ARTICULO 78. — Modifícase el artículo 22 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 22: Fallecimiento de electores. El Registro Nacional de las Personas cursará mensualmente a la Cámara Nacional Electoral, la nómina de los electores fallecidos, acompañando los respectivos documentos cívicos. A falta de ellos enviará la ficha dactiloscópica o constancia de la declaración de testigos o la certificación prevista por el artículo 46 de la Ley 17.671.

Una vez recibida la información, se ordenará la baja del registro correspondiente.

Los soportes documentales, se anularán de inmediato, para su posterior destrucción.

La nómina de electores fallecidos será publicada, por el plazo que determine la Cámara Nacional Electoral, en el sitio de Internet de la justicia nacional electoral al menos una (1) vez al año y, en todo los casos, diez (10) días antes de cada elección, en acto público y en presencia de un (1) delegado del Registro Nacional de las Personas, se procederá a destruir los documentos cívicos de los electores fallecidos hasta la fecha del cierre del movimiento de altas y bajas contemplado en esta norma.

El fallecimiento de los electores acaecido en el extranjero se acreditará con la comunicación que efectuará el consulado argentino del lugar donde ocurriere, al Registro Nacional de las Personas, y por conducto de éste a la Cámara Nacional Electoral.

ARTICULO 79. — Modifícase el artículo 24 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 24: Comunicación de faltas o delitos.Las inscripciones múltiples, los errores o cualquier anomalía en las mismas y las faltas o delitos sancionados por esta ley, deberán ser puestos en conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.

El Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral, enviarán semestralmente a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior la estadística detallada del movimiento de altas y bajas registrado en todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.

ARTICULO 80. — Modifícase el capítulo III del título I del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

CAPITULO III

Padrones provisionales

Artículo 25: De los Padrones provisionales. El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores de todos los distritos, tienen carácter público, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en ellos. Los padrones provisionales están compuestos por los datos de los subregistros de electores por distrito, incluidas las novedades registradas hasta ciento ochenta (180) días antes de cada elección general, así como también las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad a partir del mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores contendrán los siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido, nombre, sexo y domicilio de los inscritos. Los mismos deberán estar ordenados por distrito y sección.

Los juzgados electorales podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior para la impresión de las listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.

Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral, dispondrá la publicación de los padrones provisionales y de residentes en el exterior diez (10) días después de la fecha de cierre del registro para cada elección, en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptible de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en él. Se deberá dar a publicidad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como también las consultas al padrón provisional.

Artículo 27: Reclamo de los electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no figurasen en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante el juez electoral durante un plazo de quince (15) días corridos a partir de la publicación de aquéllos, personalmente, por vía postal en forma gratuita, o vía web. En estos últimos casos, la Cámara Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos necesarios para verificar la información objeto del reclamo.

Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector o partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado federal con competencia electoral, que se eliminen o tachen del padrón los ciudadanos fallecidos, los inscritos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta ley. Previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen y de la audiencia que se concederá al ciudadano impugnado, en caso de corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar al reclamo comunicarán a la Cámara Nacional Electoral para que disponga la anotación de la inhabilitación en el Registro Nacional de Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una vez, se eliminarán los registros tanto informáticos como los soportes en papel.

El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.

ARTICULO 81. — Modifícase el artículo 29 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones provisorios depurados constituirán el padrón electoral definitivo destinado a las elecciones primarias y a las elecciones generales, que tendrá que hallarse impreso treinta (30) días antes de la fecha de la elección primaria de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31.

El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.

Compondrán el padrón general definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector, el código de individualización utilizado en el documento nacional de identidad que permita la lectura automatizada de cada uno de los electores, los datos que para los padrones provisionales requiere la presente ley y un espacio para la firma.

ARTICULO 82. — Modifícase el primer párrafo del artículo 30 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 30: Publicación de los padrones definitivos. Los padrones generales definitivos serán publicados en el sitio web oficial de la justicia nacional electoral y por otros medios que se consideren convenientes. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la impresión y distribución de los ejemplares del padrón y copias en soporte magnético de los mismos, para las elecciones primarias y generales, en los que se incluirán, además los datos requeridos por el artículo 25, para los padrones provisionales, el número de orden del elector dentro de cada mesa, y una columna para la firma del elector.

ARTICULO 83. — Incorpórase como último párrafo al artículo 32 del Código.Electoral Nacional Ley 19.945, el siguiente:

La justicia nacional electoral distribuirá los padrones definitivos impresos de electores privados de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se celebran elecciones y en forma electrónica a las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

ARTICULO 84. — Modifícase el artículo 39 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 39: Divisiones territoriales. A los fines electorales la Nación se divide en:

1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada provincia, constituyen un distrito electoral.

2. Secciones. Que serán subdivisiones de los distritos. Cada uno de los partidos, departamentos de las provincias, constituyen una sección electoral. Igualmente cada comuna en que se divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será una sección. Las secciones llevarán el nombre del partido o departamento de la provincia, o la denominación de la comuna correspondiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Circuitos, que serán subdivisiones de las secciones. Agruparán a los electores en razón de la proximidad de los domicilios, bastando una mesa electoral para constituir un circuito.

4. En la formación de los circuitos se tendrán particularmente en cuenta los caminos, ríos, arroyos y vías de comunicación entre poblaciones tratando de abreviar las distancias entre el domicilio de los electores, y los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos.

Los circuitos serán numerados correlativamente dentro del distrito.

La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones electorales del país.

ARTICULO 85. — Modifícase el artículo 40 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 40: Límites de los circuitos. Los límites de los circuitos en cada sección se fijarán con arreglo al siguiente procedimiento:

1. El juzgado federal con competencia electoral de cada distrito, con arreglo a las directivas sobre organización de los circuitos que dicte la Cámara Nacional Electoral, preparará un anteproyecto de demarcación, de oficio, por iniciativa de las autoridades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando intervención en el primer caso a estas últimas. El juzgado federal con competencia electoral elevará el anteproyecto y la opinión de las autoridades locales a la Cámara Nacional Electoral para su remisión a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. El anteproyecto deberá tener las características técnicas que establezca la reglamentación.

2. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior recibirá el anteproyecto, notificará el inicio de las actuaciones a los partidos políticos registrados en el distrito de que se trate, considerará la pertinencia del mismo, efectuará un informe técnico descriptivo de la demarcación propuesta; lo publicará en el Boletín Oficial por dos (2) días; si hubiera observaciones dentro de los veinte (20) días de publicados, las considerará y, en su caso, efectuará una nueva consulta a las autoridades locales y a la Justicia Nacional Electoral; incorporadas o desechadas las observaciones, elevará a la consideración del Ministerio del Interior para su aprobación el proyecto definitivo.

3. Hasta que no sean aprobadas por el Ministerio del Interior las nuevas demarcaciones de los circuitos se mantendrán las divisiones actuales.

4. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán a la Justicia Nacional Electoral, con una antelación no menor de ciento ochenta (180) días a la fecha prevista para la elección y en el formato y soporte que establezca la reglamentación, mapas de cada una de las secciones en que se divide el distrito señalando en ellos los grupos demográficos de población electoral con relación a los centros poblados y medios de comunicación. En planilla aparte se consignarán el número de electores que forman cada una de esas agrupaciones.

ARTICULO 86. — Modifícase el artículo 41 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se dividirá en mesas las que se constituirán con hasta trescientos cincuenta (350) electores inscritos, agrupados por orden alfabético.

Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta (60), se incorporará a la mesa que el juez determine. Si restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces electorales pueden constituir mesas electorales, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población estén separados por largas distancias o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los ciudadanos al comicio, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y por orden alfabético.

Los electores domiciliados dentro de cada circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez realizada esta operación se procederá a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.

ARTICULO 87. — Modifícase el inciso d) del punto 2 del artículo 44 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

d) La organización y fiscalización de las faltas electorales, nombres, símbolos, emblemas y números de identificación de los partidos políticos y de afiliados de los mismos en el distrito pertinente.

ARTICULO 88. — Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.

En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las fórmulas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal.

Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento (30%) de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. En el caso de la categoría senadores nacionales para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas deberán estar conformadas por dos personas de diferente sexo, tanto para candidatos titulares como suplentes.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran. Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos que no hayan resultado electos en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

ARTICULO 89. — Modifícase el tercer párrafo del artículo 61 del Código Electoral Nacional Ley 19.945 el que queda redactado de la siguiente manera:

En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será reemplazado por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente la agrupación política que lo haya registrado, deberá proceder a su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal designación debe recaer en un ciudadano que haya participado en las elecciones primarias como precandidato de la lista en la que se produjo la vacante.

ARTICULO 90. — Modifícase el artículo 62 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas que hubieren proclamado candidatos someterán a la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por lo menos treinta (30) días antes de la elección, en número suficiente, modelos exactos de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en los comicios.

I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel de diario u obra común de sesenta (60) gramos como máximo, impresas en colores. Serán de doce por diecinueve centímetros (12 x 19 cm.) para cada categoría de candidatos. Las boletas contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio.

Para una más notoria diferenciación se podrán usar distintas tipografías en cada sección de la boleta que distinga los candidatos a votar.

II. En las boletas se incluirán la nómina de candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas y de cinco milímetros (5 mm.) como mínimo. Se admitirá también la sigla, monograma o logotipo, escudo o símbolo o emblema, fotografías y número de identificación de la agrupación política.

III. Los ejemplares de boletas a oficializar se entregarán ante la Junta Electoral Nacional. Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejemplares por mesa. Las boletas oficializadas que se envíen a los presidentes de mesa serán autenticadas por la Junta Electoral Nacional, con un sello que diga: “Oficializada por la Junta Electoral de la Nación para la elección de fecha…”, y rubricada por la secretaría de la misma.

ARTICULO 91. — Modifícase el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 64 bis: Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.

La campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio.

Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por el presente artículo.

ARTICULO 92. — Modifícase el artículo 64 ter del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 64 ter: Publicidad en medios de comunicación. Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio.

La prohibición comprenderá la propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos y legislativos, en los medios masivos de comunicación (televisión, radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad estática en espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio. El juzgado federal con competencia electoral podrá disponer el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones regulados por la ley.

ARTICULO 93. — Modifícase el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

ARTICULO 94. — Modifícanse los incisos 3 y 5 del artículo 66 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, los que quedan redactados de la siguiente manera:

3. Sobres para el voto. Los mismos deberán ser opacos.

5. Boletas, en el caso de que los partidos políticos las hubieren suministrado para distribuirlas. La cantidad a remitirse por mesa y la fecha de entrega por parte de los partidos a sus efectos serán establecidas por la Junta Nacional Electoral en sus respectivos distritos, conforme a las posibilidades en consulta con el servicio oficial de correos. La Junta Nacional Electoral deberá además remitir para su custodia a la autoridad policial del local de votación boletas de sufragio correspondientes a todos los partidos políticos, alianzas o confederaciones que se presenten a la elección. Dichas boletas sólo serán entregadas a las autoridades de mesa que las requieran.

ARTICULO 95. — Incorpórase como inciso 9 al artículo 66 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el siguiente:

9. Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el mejor desarrollo del acto electoral.

ARTICULO 96. — Incorpórase como primer párrafo del artículo 72 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el siguiente:

Artículo 72: Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los ciudadanos que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos en la cual se debe tener en cuenta su grado de instrucción y edad, a los electores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

ARTICULO 97. — Modifícase el artículo 74 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 74: Sufragio de las autoridades de la mesa. Los presidentes y suplentes a quienes corresponda votar en una mesa distinta a aquélla en que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la que tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones dejarán constancia de la mesa a que pertenecen.

ARTICULO 98. — Modifícase el primer párrafo del artículo 75 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 75: Designación de las autoridades. El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de treinta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.

ARTICULO 99. — Incorpórase como artículo 75 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el siguiente:

Artículo 75 bis: Registro de autoridades de mesa. La justicia nacional electoral creará un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Aquellos ciudadanos que quisieren registrarse y cumplan con los requisitos del artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos por la justicia electoral o en las delegaciones de correo donde habrá formularios al efecto.

La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestar el apoyo necesario.

ARTICULO 100. — Modifícase el inciso 5 del artículo 82 del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que queda redactado de la siguiente manera:

5. A depositar, en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos remitidos por la junta o que le entregaren los fiscales acreditados ante la mesa, confrontando en presencia de éstos cada una de las colecciones de boletas con los modelos que le han sido enviados, asegurándose en esta forma que no hay alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras clases en aquéllas, ordenándolas por número de menor a mayor y de izquierda a derecha.

Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas por la junta electoral.

ARTICULO 101. — Incorpórase como artículo 102 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el siguiente:

Artículo 102 bis: Concluida la tarea de escrutinio, y en el caso de elecciones simultáneas para la elección de los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y elección de legisladores nacionales, se confeccionarán dos (2) actas separadas, una para la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación, y otra para las categorías restantes.

ARTICULO 102. — Incorpórase como artículo 128 quáter del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el siguiente:

Artículo 128 quáter: Actos de campaña electoral. La agrupación política, que realice actividades entendidas como actos de campaña electoral fuera del plazo establecido en el Artículo 64 bis del presente Código, será sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones. La persona física que realizare actividades entendidas como actos de campaña electoral fuera del período establecido por el presente Código, será pasible de una multa de entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000) módulos electorales, de acuerdo al valor establecido anualmente en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTICULO 103. — Deróganse los artículos 18, 19, 20, 21, 23, los incisos 4, 5, 6 del artículo 43, el inciso 2 del artículo 52, el último párrafo del artículo 58 y el inciso 3 del artículo 77, del Código Electoral Nacional Ley 19.945.

TITULO V

Disposiciones comunes

ARTICULO 104. — Dentro de los diez (10) días de realizada la convocatoria de elecciones primarias se constituirá un Consejo de Seguimiento de las elecciones primarias y generales, para actuar ante la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, integrado por los apoderados de las agrupaciones políticas de orden nacional que participen en el proceso electoral. El Consejo funcionará hasta la proclamación de los candidatos electos.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá informar pormenorizadamente en forma periódica o cuando el Consejo lo requiera sobre la marcha de los procedimientos relacionados con la financiación de las campañas políticas, asignación de espacios en los medios de comunicación, modalidades y difusión del recuento provisional de resultados, en ambas elecciones. Las agrupaciones políticas de distrito que no formen parte de una agrupación nacional que participen en el proceso electoral, podrán designar representantes al Consejo.

ARTICULO 105. — La autoridad de aplicación adoptará las medidas pertinentes a fin de garantizar la accesibilidad, confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Para ello se adecuarán los procedimientos, instalaciones y material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, tanto para ser electores como para ser candidatos.

ARTICULO 106. — Esta ley es de orden público. La justicia nacional electoral conocerá en todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de la presente ley.

TITULO VI

Disposiciones transitorias

ARTICULO 107. — Los partidos políticos de distrito y nacionales con personería jurídicopolítica vigente, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 7º ter y 8º de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.298, según texto de la presente ley.

A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se extinguirá la acción y las actuaciones que se encuentren en trámite referentes al artículo 50, incisos a), b), c), e) y f) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.298.

ARTICULO 108. — Los artículos 2º y 3º de la presente ley, entrarán en vigencia a partir del 31 de diciembre del 2011.

ARTICULO 109. — Las agrupaciones políticas deben adecuar sus cartas orgánicas y reglamentos a lo dispuesto en la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su vigencia, siendo a partir del vencimiento de ese plazo, nulas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 110. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.571 —

JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

PARTIDOS POLITICOs

Decreto 2004/2009

Obsérvase y Promúlgase la Ley Nº 26.571.

Bs. As., 11/12/2009

VISTO el Proyecto de Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, registrado bajo el Nº 26.571, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 2 de diciembre de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el citado Proyecto de Ley tiene por Objeto regular el sistema de partidos políticos, la designación de candidaturas a cargos electivos, las campañas electorales y modernizar diversos aspectos de la legislación electoral.

Que, en ese orden, se establecen condiciones para el reconocimiento y el mantenimiento de la personería jurídico política de los partidos políticos a nivel federal y se determina la modalidad de designación de candidatos por parte de los partidos políticos mediante el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Que la norma en cuestión regula el financiamiento de las campañas electorales, estableciendo un sistema de aportes para la impresión de boletas, aportes de campaña y la asignación de espacios en los servicios de comunicación audiovisual en forma exclusiva por la Dirección Nacional Electoral, contemplando también diversos aspectos relacionados con los aportes privados a las campañas electorales, los informes sobre el origen y destino de los fondos para tales actividades y las rendiciones de cuentas, con las correspondientes medidas conminatorias y sancionatorias frente a su incumplimiento.

Que asimismo establece las modalidades de confección, del registro nacional de electores y los correspondientes subregistros por distrito, la elaboración de los padrones, la revisión periódica de la cartografía electoral, el formato de las boletas de votación, la designación de las autoridades de mesa y otros aspectos vinculados a la modernización del proceso electoral.

Que, finalmente, consagra procedimientos de garantía como el recurso directo contra las decisiones de la Dirección Nacional Electoral en materia de campañas políticas y la creación de un Consejo de Seguimiento para conocer en detalle los pasos dados por dicho organismo en las actividades que le son encomendadas con relación al proceso electoral.

Que los contenidos de la misma apuntan a la mejora de la calidad de los procesos políticos y electorales y deben considerarse vinculados unos con otros, de manera tal que la viabilidad de los procedimientos se encuentra relacionada con las disposiciones para la constitución de los partidos políticos y el mantenimiento de sus personerías jurídico políticas.

Que el artículo 107 del Proyecto de Ley sancionado establece que los partidos políticos de distrito y nacionales con personería jurídico política vigente, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 7º ter y 8º de la Ley Nº 23.298 —Ley Orgánica de los Partidos Políticos—, disponiendo asimismo que a la fecha de su entrada en vigencia se extinguirá la acción y las actuaciones que se encuentran en trámite referentes al artículo 50 incisos a), b), c), e) y f) de la citada Ley Nº 23.298.

Que el artículo 108 del Proyecto de Ley sancionado dispone que los artículos 2º y 3º del mismo, que modifican el artículo 7º e incorpora el artículo 7º bis a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, relacionados con el reconocimiento de la personería jurídico política a una agrupación política y con la obtención de la personería jurídico política definitiva a los partidos en formación, respectivamente, entren en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2011.

Que los artículos 107 y 108 referenciados contradicen el objetivo central de la ley al diferir hasta el año 2012 la aplicación de normas que están directamente relacionadas con la mejora de la representación política y se consideran fundamentales para ordenar el universo de actores políticos, postergando la vigencia de las modificaciones introducidas por el presente Proyecto de Ley a diversos artículos de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que resultan esenciales para la implementación de la reforma política sancionada y tornando de esta manera absolutamente incongruente con el objetivo planteado por la ley en la mejora perseguida.

Que, en consecuencia, corresponde observar los artículos 107 y 108 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.571.

Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION respecto de los Decretos de Promulgación Parcial de Leyes dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL y de acuerdo con lo previsto en los artículos 2º, 14, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA, EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º — Obsérvanse los artículos 107 y 108 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.571.

Art. 2º — Con las salvedades establecidas en el artículo anterior, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.571.

Art. 3º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Jorge E. Taiana. — Nilda C. Garré. — Amado Boudou. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Dominguez. — Julio M. De Vido. — Julio C. Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao.

PARTIDOS POLITICOS

Decreto 443/2011

Régimen de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Norma Complementaria.

Bs. As., 14/4/2011

VISTO el Expediente Nº S02:0000564/2011 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, las Leyes Nº 19.945 (T.O. Decreto Nº 2135/83) y sus modificatorias, Nº 23.298 y Nº 26.571, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral establece el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para la selección de candidatos de las agrupaciones políticas a cargos públicos electivos nacionales.

Que es necesario precisar cuestiones vinculadas al proceso electoral en curso.

Que debe establecerse el procedimiento de conformación de las juntas electorales de las agrupaciones políticas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Que resulta conveniente aclarar el modo en que se efectuará el aval a las listas de precandidatos en la etapa de oficialización de listas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias como también los datos a contener por el instrumento que incorpore las mismas.

Que debe establecerse el procedimiento mediante el cual se oficializarán las listas de precandidatos para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Que corresponde indicar criterios prácticos relacionados con la asignación de colores de la boleta.

Que corresponde establecer los aportes financieros estatales entre las listas de precandidatos en ocasión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Que asimismo deben establecerse criterios comunes en lo referido a los modelos de acta de escrutinio, y la devolución de la documentación electoral con posterioridad a tal proceso en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — La Junta Electoral partidaria o de alianza, convocadas las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, procederá a efectuar el análisis de la documentación presentada por las listas de precandidatos, verificar los avales correspondientes y oficializar las listas. Una vez oficializadas, la Junta Electoral se ampliará a razón de un representante por cada una de dichas listas.

Art. 2º — Desde la publicación de la convocatoria y hasta CINCUENTA Y CINCO (55) días antes de la elección primaria cada agrupación política debe acompañar al juzgado federal con competencia electoral del respectivo distrito, su reglamento electoral e informar la integración de su Junta Electoral, el domicilio, días y horarios en que funcionará y el sitio web en que se encuentran publicados tales datos.

En el mismo sitio web deben publicarse las oficializaciones de las listas, las observaciones que se les efectúen y toda otra resolución que haga al proceso electoral, sin perjuicio de la publicación de las mismas en las dependencias de las juntas electorales partidarias.

Art. 3º — A los fines del cómputo y control de los avales según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 26.571, las juntas electorales de las agrupaciones políticas deben utilizar los padrones de afiliados que les provea el juzgado federal con competencia electoral del respectivo distrito incluidas las novedades registradas hasta CIENTO OCHENTA (180) días antes de la elección general.

Art. 4º — La Justicia Nacional Electoral debe publicar en su página web, la cantidad de avales necesarios para cada distrito, partido político y cada categoría de cargos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 26.571, calculados sobre los electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Art. 5º — Los avales para las precandidaturas a cargos nacionales deben ser presentados en los modelos de planillas y aplicativos informáticos específicos que establezca la Cámara Nacional Electoral.

Art. 6º — Los precandidatos deben presentar junto con las constancias de aceptación de la postulación, la declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes y de respeto por la plataforma electoral de la lista, de acuerdo al modelo que establezca la Cámara Nacional Electoral.

Art. 7º — La Junta Electoral de cada agrupación política solicitará al Registro Nacional de Reincidencia los certificados de antecedentes penales correspondientes de los precandidatos, los que tendrán carácter gratuito y con el trámite de preferente y pronto despacho.

Art. 8º — A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 23.298, la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS debe informar a la Justicia Nacional Electoral la nómina de las personas incluidas en los incisos f) y g) del citado artículo.

Art. 9º — A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley Nº 26.571 los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito deben proveer, a las juntas electorales de las agrupaciones políticas, un listado actualizado de los electores del distrito que incluya los datos que posibiliten verificar el cumplimiento de los extremos legales.

Art. 10. — La Junta Electoral de la agrupación política podrá intimar la sustitución o corrimiento, según corresponda, de un candidato que incumpla los requisitos o del que no se presente la documentación indicada o la integración de avales faltantes en caso de nulidad de alguno de los presentados.

Art. 11. — En el caso que las agrupaciones políticas opten por notificar sus resoluciones en su sitio web oficial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 26.571, deben hacer saber tal circunstancia de modo fehaciente a cada lista interna, al momento que se presenten para la oficialización

Art. 12. — A efectos del cómputo de los plazos para recurrir las resoluciones de las Juntas Electorales, las agrupaciones políticas deben hacer constar en la publicación de las oficializaciones y observaciones a las listas, la fecha y horario en que se efectúa.

Art. 13. — En la primera oportunidad que una lista interna deba realizar una presentación ante el juzgado federal con competencia electoral, debe constituir domicilio en la ciudad asiento del respectivo Juzgado Electoral, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado.

Art. 14. — Las listas de precandidatos deben ser presentadas en las planillas y el soporte informático que establezca la Cámara Nacional Electoral.

Art. 15. — En el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras en sus respectivas elecciones primarias.

Art. 16. — La solicitud de asignación de color de la boleta o su combinación podrá ser realizada por las agrupaciones políticas desde la fecha de convocatoria de las elecciones y hasta CINCUENTA Y CINCO (55) días antes de las elecciones primarias.

En caso que las alianzas se encuentren integradas por partidos que ya han realizado la reserva de color podrán indicar al momento de su inscripción y hasta el plazo máximo fijado en el artículo 25 de la Ley Nº 26.571, si utilizará el color reservado por un partido integrante u otro color que elija.

Art. 17. — Los juzgados federales con competencia electoral deben hacer la reserva del color establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 26.571 observando preferentemente el orden temporal en el que fuera efectuada tal reserva. En caso de controversia sobre la pretensión de color, decidirá a favor de la agrupación que se identifique tradicionalmente con el color.

Art. 18. — El juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal debe resolver sobre la asignación de colores solicitados por las agrupaciones nacionales y comunicar sus resoluciones a los demás juzgados electorales, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de vencido el plazo para formular la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 26.571.

Art. 19. — Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de notificados por el Juzgado Electoral de la Capital Federal, los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito otorgarán a las agrupaciones de distrito que no pertenezcan a agrupaciones de orden nacional, los colores requeridos que no hayan sido reservados en el orden nacional.

Art. 20. — Para la confección de las boletas sólo puede utilizarse la escala de colores, codificada de manera que permita su identificación precisa, y el color de la tipografía respectiva, utilizando la codificación “Pantone”. En todos los casos el reverso de las boletas debe imprimirse en fondo blanco.

Art. 21. — Cada agrupación política debe presentar para su oficialización formal, ante el Juzgado Electoral del distrito respectivo, los modelos de boletas, correspondientes a cada lista, impresos en el color reservado.

Art. 22. — Para la aprobación formal de los modelos de boletas los juzgados federales con competencia electoral deben controlar además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 del Código Electoral Nacional, el respeto de las listas oficializadas, los colores asignados, como así también que exista una clara diferenciación entre los modelos presentados por todas las agrupaciones

Art. 23. — Las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas distribuirán los fondos recibidos para la campaña y para impresión de boletas simultáneamente y en partes iguales entre las listas de precandidatos oficializadas de cada categoría. Las agrupaciones políticas abrirán a favor de las listas oficializadas una subcuenta corriente de la correspondiente a la agrupación política a los efectos de emplearla para recibir la proporción que les corresponda del aporte de campaña y de impresión de boletas, los aportes privados y para efectuar todos los pagos relacionados con las elecciones primarias, aplicándose a las listas las mismas normas que a las agrupaciones políticas respecto de la gestión financiera.

Los responsables económicos financieros y los apoderados de las listas tendrán la firma de los libramientos correspondientes y serán responsables por la utilización de las mismas. Presentado el informe establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 26.571, se procederá al cierre de las subcuentas.

Art. 24. — Las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas deben informar a la justicia electoral, los responsables económicos financieros designados por cada una de las listas internas, al momento de comunicar la oficialización de las listas.

Art. 25. — La Dirección Nacional Electoral calculará el monto del aporte para la impresión de boletas tanto para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, como para las elecciones nacionales, de acuerdo al precio de mercado de papel tipo obra de SESENTA (60) gramos, impreso en CUATRO (4) colores, en el mes de febrero de cada año electoral, sin perjuicio del papel y los colores que efectivamente utilice cada agrupación política.

Para las elecciones primarias y generales del año 2011 deberá cumplirse con lo indicado precedentemente en el plazo de CINCO (5) días a partir de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.

Art. 26. — La Cámara Nacional Electoral al iniciarse la campaña electoral para las elecciones primarias, informará a las agrupaciones políticas el límite de gastos de campaña para cada agrupación, y para cada una de las listas internas que la integran, publicando esa información en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral.

Art. 27. — Para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los Juzgados Federales con competencia electoral elaborarán las actas de escrutinio previstas en el artículo 39 de la Ley Nº 26.571 y los certificados y telegramas en base a los modelos que apruebe la Cámara Nacional Electoral.

Art. 28. — La guarda de boletas y documentos para su remisión al Juzgado Federal con competencia electoral se efectuará en los términos del artículo 103 del Código Electoral Nacional.

Art. 29. — Al momento de plantear recursos ante la Cámara Nacional Electoral y la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION las agrupaciones políticas deben constituir domicilio en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del tribunal actuante.

Art. 30. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

PARTIDOS POLITICOS

Decreto 444/2011

Criterios para la confección de las boletas electorales para el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos, a fin de elegir los candidatos que ocuparán los cargos públicos electivos.

Bs. As., 14/4/2011

VISTO el Expediente Nº SO2:0000563/2011 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley Nº 19.945 (t.o. Decreto Nº 2135/83) y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Ley Nº 19.945 (t.o. Decreto Nº 2135/83) y sus modificatorias en su artículo 62 determina los criterios para la confección de las boletas electorales para el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos a fin de elegir los candidatos que ocuparán los cargos públicos electivos.

Que mediante la sanción de la Ley Nº 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, se establece un sistema de selección de pre candidatos para cubrir los cargos públicos electivos, a través de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el aludido artículo 62 y en relación al papel a utilizar en la boleta, la tipografía y el color empleados para la impresión de las mismas y la utilización de fotografías en la boleta, resulta necesario determinar un criterio único para su confección.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Para la confección de las boletas de votación el papel deberá ser tipo obra de SESENTA (60) gramos o un papel sustituto de similar calidad y apariencia con un gramaje que no difiera, en más o menos, del QUINCE POR CIENTO (15%); en el anverso podrá tener fondo del color asignado y en el reverso deberá ser blanco. En ese caso la tipografía será de color negro o blanco, a fin de garantizar la mejor legibilidad de la identificación partidaria y de la nómina de los candidatos. Asimismo puede utilizarse tipografía del color asignado sobre fondo blanco. En cualquier caso, deberá asegurarse que los colores, fotografía y letras no sean visibles en el reverso de la boleta.

Sólo podrán insertarse fotografías de candidatos o candidatas, en colores o en blanco y negro, las que se ubicarán en el tercio central de la boleta. No podrán utilizarse imágenes como fondo ni sello de agua.

Art. 2º — Si fuera oficializado un modelo de boleta con color el asignado y luego, por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas ante la Junta Electoral de la Agrupación Política o ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral, según el caso, por el representante de la lista interna o de la agrupación política, las boletas no pudieran presentarse con dicho color para la distribución, podrá utilizarse el blanco y no serán consideradas como boletas no oficializadas en los términos del artículo 101, apartado II, inciso a del Código Electoral Nacional.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

PARTIDOS POLITICOS

Decreto 445/2011

Establécese el régimen de asignación y distribución de espacios para anuncios de campaña electoral en servicios de comunicación audiovisual.

Bs. As., 14/4/2011

VISTO el Expediente Nº S02:0000562/2011 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, las Leyes Nº 26.215, Nº 26.571 y Nº 26.522 y su Decreto reglamentario, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.215, de Financiamiento de los Partidos Políticos, modificada por la Ley Nº 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, establece el régimen de asignación y distribución de espacios para anuncios de campaña electoral en servicios de comunicación audiovisual entre las agrupaciones políticas que participen de las elecciones nacionales.

Que asimismo las Leyes Nº 26.215 y Nº 26.571 establecen, en las partes pertinentes, el régimen de campañas en servicios de comunicación audiovisual para las agrupaciones políticas que participen de las elecciones nacionales y las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, respectivamente.

Que, es necesario precisar cuestiones de carácter operativo vinculadas a la aplicación de estas normas.

Que, resulta conveniente aclarar el modo en que se determinará el universo de servicios de comunicación audiovisual alcanzados por la presente normativa.

Que, resulta conveniente precisar un tiempo uniforme de programación en los distintos servicios de comunicación audiovisual para determinar la cesión de espacios que impone la legislación, el que se determina en DOCE (12) horas, resultante del promedio de los tiempos mínimos obligatorios de emisión para televisión según la población del área primaria de servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Nº 26.522.

Que el tiempo total cedido por cada servicio de comunicación audiovisual será distribuido en el horario que transcurre entre las SIETE (7:00) horas y la UNA (1:00) horas, el que, a los fines de su asignación equitativa, será dividido en distintas franjas horarias.

Que, corresponde encomendar a la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR la difusión de mensajes institucionales relacionados con los procesos electorales.

Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual se determinará el tiempo total de campaña por categoría y medio de comunicación que le corresponde a cada agrupación política, así como las formas, trámites, requisitos y condiciones en que las agrupaciones políticas podrán hacer uso de esos espacios.

Que asimismo resulta necesario determinar las modalidades de comunicación e información entre la Autoridad de Aplicación y los servicios de comunicación audiovisual obligados; la verificación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, y la extensión de la respectiva certificación que acredite ello, para su eventual utilización como prueba en conflictos ante sede administrativa o judicial.

Que debe procederse a establecer las responsabilidades específicas en la gestión de esta actividad en ocasión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones nacionales.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) organismo descentralizado actuante en la órbita del PODER EJECUTIVO NACIONAL, suministrará a la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR el listado de emisoras de servicios de comunicación audiovisual, de señales nacionales registradas, y señales internacionales que se difundan en el territorio nacional; indicando, identificación del servicio del que se trate, tipo o clase de servicio, área de cobertura, tiempo de programación y especificaciones técnicas estándares requeridas para los anuncios, a los efectos previstos en el Capítulo III Bis del Título III de la Ley Nº 26.215 y en el artículo 35 de la Ley Nº 26.571.

Art. 2º — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) brindará a requerimiento de la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR la información relativa a la actividad fiscal de los sujetos informados por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) durante el ejercicio precedente, que permita verificar la operación de dichos servicios. A tal efecto ambos organismos celebrarán un convenio que regulará la modalidad, alcances y condiciones de uso de tal información, así como la confidencialidad de la misma.

Art. 3º — La Dirección de Campañas Electorales de la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR, en base a los informes expedidos por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), confeccionará un listado preliminar por distrito de servicios audiovisuales que se encuentren en condiciones de emitir publicidad política en los términos de la legislación vigente, con determinación del tiempo mínimo de emisión, el horario efectivo de emisión y alcance del mismo y lo pondrá en conocimiento de las agrupaciones políticas que hayan oficializado precandidaturas y candidaturas respectivamente, y de la Justicia Nacional Electoral. Las agrupaciones políticas podrán formular observaciones al listado respecto de la omisión o la incorporación al listado de servicios inactivos dentro de los CINCO (5) días de notificadas, en cuyo defecto se tendrá por consentida. En el supuesto de formularse observaciones deberán resolverse dentro de los TRES (3) días; resueltas las mismas, se tendrá por definitivo el listado de medios audiovisuales a afectar.

Art. 4º — Los diversos medios audiovisuales incorporados al listado previsto en el artículo precedente deberán ceder, en los términos de los artículos 35 de la Ley Nº 26.571 y 43 quater de la Ley Nº 26.215, el DIEZ POR CIENTO (10%) de DOCE (12) horas de programación, para la difusión de anuncios electorales durante los períodos de campaña en medios audiovisuales para las elecciones primarias y las nacionales.

Art. 5º — La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR solicitará a la Secretaría de Comunicación Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la difusión de mensajes institucionales destinados a informar cuestiones relacionadas a las elecciones, desde la vigencia del presente y hasta la proclamación de los candidatos electos, en los términos del artículo 74 de la Ley Nº 26.522. La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR cursará, asimismo, mensajes de la Justicia Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Art. 6º — La difusión de anuncios electorales en los términos de los artículos 4º y 5º del presente, no se computará como tiempo de publicidad conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Anexo I del Decreto Nº 1225/10.

Art. 7º — Los anuncios electorales se emitirán en CUATRO (4) franjas horarias y el tiempo total cedido se distribuirá en las siguientes proporciones:

Franja 1.- de 07 a 12 horas, TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%)

Franja 2.- de 12 a 16 horas, TREINTA POR CIENTO (30%)

Franja 3.- de 16 a 20 horas, VEINTICINCO POR CIENTO (25%)

Franja 4.- de 20 a 01 horas, DIEZ POR CIENTO (10%)

A los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 43 septiés, de la Ley Nº 26.215, se establece el horario central dentro de las franjas horarias comprendidas entre las VEINTE (20) y la UNA (1) horas de cada día para los servicios televisivos y de SIETE (7) a DOCE (12) horas para los servicios de radiodifusión sonora.

Si un servicio transmitiera efectivamente menos horas que las que abarcan las franjas descriptas en el presente artículo, los espacios asignados se emitirán acumulando su emisión en el horario de servicio.

Art. 8º — En caso que una Provincia o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES celebre sus elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales, deberá indicarse en el decreto de convocatoria tal circunstancia y su adhesión expresa al régimen del Capítulo III Bis del Título III de la Ley Nº 26.215 y del artículo 35 de la Ley Nº 26.571.

Art. 9º — En los casos de adhesión de una Provincia al presente régimen, la prohibición prevista en el artículo 34 de la Ley Nº 26.571 y 43 de la Ley Nº 26.215 se entenderá respecto de las fórmulas de Gobernador y Vicegobernador y de Jefe y Vicejefe de Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y de legisladores provinciales y locales.

Art. 10. — El tiempo cedido en virtud del artículo 4º del presente se distribuirá entre todas las agrupaciones políticas, por categoría de cargos a elegir de la siguiente manera:

a) Para la campaña a Presidente y Vicepresidente de la Nación, el CINCO POR CIENTO (5%);

b) Para la campaña a Senadores y Diputados Nacionales, el DOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5%) respectivamente;

En aquellas elecciones y/o distritos en que no se elija alguna de las categorías enunciadas, ese tiempo será distribuido de manera proporcional entre las categorías que participen de la elección.

La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR arbitrará los medios para que en caso que el alcance de un servicio supere el límite territorial de un distrito electoral, el tiempo cedido en las categorías de Diputados Nacionales o Senadores, si correspondiere, se distribuya entre todas las agrupaciones políticas que compitan en dichas categorías en los distritos alcanzados por la cobertura de dicho servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores las señales de alcance nacional o señales internacionales solo emitirán publicidad para la elección de Presidente y Vicepresidente.

En caso que una Provincia o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES que celebren elecciones en forma simultánea adhieran al régimen que se reglamenta por el presente decreto, las proporciones de distribución del tiempo cedido por los medios de comunicación serán las siguientes:

a) Para la campaña a Presidente y Vicepresidente de la Nación, el TRES Y MEDIO POR CIENTO (3,5%);

b) Para la campaña a Senadores y Diputados Nacionales, el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) respectivamente;

c) Para la campaña de Gobernador y Vicegobernador, el DOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5%);

d) Para la campaña de legisladores provinciales, el UNO POR CIENTO (1%).

Art. 11. — La determinación de tiempo para anuncios electorales para cada categoría de cargos a elegir se calculará en base a un índice resultante de lo establecido en el artículo 43 sexies de la Ley Nº 26.215 y la correspondiente aplicación de los porcentajes establecidos en el artículo 10 del presente, que se adjudicará a cada agrupación política que oficialice precandidaturas o candidaturas, según el caso, para el total de la campaña electoral que corresponda. Dicho índice se aplicará para distribuir los espacios totales por franja horaria y por medio de comunicación a asignar a cada agrupación política.

Art. 12. — La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR realizará el sorteo público de asignación de espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual, con una anticipación no menor a QUINCE (15) días al inicio de la campaña correspondiente. La modalidad del sorteo debe garantizar la asignación equilibrada entre todas las agrupaciones políticas que compiten en cada categoría en las distintas franjas horarias durante la totalidad del período de campaña.

El resultado del sorteo será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR, lo que servirá de notificación fehaciente a las diversas agrupaciones políticas.

Art. 13. — Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de efectuado el sorteo la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR deberá notificar a la Justicia Nacional Electoral y a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) el resultado del mismo. Asimismo deberá otorgarle la información complementaria requerida para que, en idéntico plazo, ésta notifique en forma fehaciente a cada servicio obligado.

Art. 14. — Las agrupaciones políticas entregarán a los servicios de comunicación audiovisual los anuncios para su emisión en el tiempo que se les asigne dentro de las correspondientes franjas horarias. Los anuncios electorales deberán confeccionarse en los estándares de calidad que establezca la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR; el incumplimiento de dichos estándares importará la pérdida del derecho a su emisión.

El tiempo máximo de emisión de anuncios electorales en una misma tanda publicitaria no podrá superar los CIENTO VEINTE (120) segundos.

Art. 15. — La duración de los anuncios de las agrupaciones políticas no podrá exceder el tiempo máximo asignado en cada tanda. Sin perjuicio del tiempo total que por la distribución diaria de espacios le corresponda, no se podrá asignar a ninguna agrupación política más del CUARENTA POR CIENTO (40%) del tiempo cedido en una misma franja horaria.

Los anuncios garantizarán la accesibilidad integral de las personas con limitaciones auditivas y/o visuales, cumpliendo con la implementación de subtitulado visible y/o oculto (close caption) y/o lenguaje de señas, siendo esta obligación a cargo de la agrupación política.

Los anuncios tanto en radio como en televisión deberán iniciarse con la locución “Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral” y la mención en audio e imagen —al finalizar la publicidad— del número y, de corresponder, letra de lista o fórmula, denominación de la agrupación política, la categoría o cargo a elegir, y los nombres que componen la fórmula o los primeros candidato/as de las listas.

Los gastos de producción de los anuncios, su duplicación y conexos correrán por cuenta de cada agrupación política y constarán en el correspondiente informe financiero de campaña.

Art. 16. — Una vez notificadas las agrupaciones políticas de los espacios de publicidad electoral que les hayan sido asignados, tendrán un plazo de hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas inmediatamente anteriores al horario establecido para la emisión del mensaje, para entregar al obligado el material a emitir. A tal fin:

a) La agrupación política deberá completar un formulario electrónico en la página web de la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR con carácter de declaración jurada, consignando las especificaciones técnicas del mensaje, el cumplimiento de los requisitos legales, la duración, la empresa productora del anuncio, el medio y la franja horaria asignada. Tal operación generará un comprobante numerado denominado Certificado de Inscripción de Publicidad Electoral donde conste el contenido de lo declarado. En caso de presentar varios mensajes se efectuará una declaración por cada mensaje y se emitirá el correspondiente certificado. La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR entregará a los apoderados de las agrupaciones políticas una denominación de usuario y contraseña segura a estos efectos.

b) La agrupación política se presentará ante el servicio de comunicación audiovisual correspondiente para entregar el soporte del anuncio a emitir y el certificado de inscripción de Publicidad Electoral.

c) Una vez recibido el anuncio y el certificado, el servicio de comunicación audiovisual corroborará que se cumpla con las especificaciones técnicas y legales consignadas en dicho certificado. En aquellos casos en que los mensajes no cumplan con las especificaciones establecidas, las emisoras darán aviso a las agrupaciones políticas para que adecuen el mensaje a lo dispuesto en los párrafos anteriores. Los espacios de emisión perdidos por incumplimiento de las previsiones aquí establecidas imputable a las agrupaciones políticas, no serán compensados. Los medios de comunicación audiovisual deberán convalidar la aptitud técnica del mensaje a través del sistema integrado de distribución de publicidad electoral. La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR entregará por medio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA), a los servicios vigentes una denominación de usuario y contraseña seguras a estos efectos.

d) Dentro de las DOCE (12) horas de emitido el mensaje los servicios de comunicación audiovisual deberán completar un formulario electrónico en la página web de la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR con carácter de declaración jurada. La declaración jurada deberá incluir la identificación del mensaje, el número del aludido certificado y el horario exacto de inicio y finalización de la emisión. La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR otorgará un enlace electrónico con este sistema a la Justicia Nacional Electoral.

Diariamente se deberá remitir en la forma que se establezca por la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR, el soporte digital de la totalidad de la programación de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 inciso b) de la Ley Nº 26.522 y en el artículo 72 incisos 5 y 7 del Decreto Nº 1225 del 31 de agosto de 2010. La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR pondrá a disposición de la Justicia Nacional Electoral estos elementos.

La emisión de anuncios sin cumplir con el presente procedimiento constituirá una violación a los términos de la Ley Nº 26.215 y podrá ser considerada falta grave en los términos de la Ley Nº 26.522, sin perjuicio de las multas a aplicar y las responsabilidades personales en que pudieran incurrir los responsables de tal conducta.

Art. 17. — La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR y la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA) no realizarán ningún tipo de control de contenido sobre los anuncios electorales.

Art. 18. — A los efectos de subsanar una omisión en la emisión de uno o más anuncios electorales asignados por el presente procedimiento, la agrupación política afectada deberá poner tal circunstancia en conocimiento del Juez Federal con competencia electoral, aportando la indicación concreta de la omisión y la prueba que la sustente.

Verificada la omisión informada en base al relevamiento de las declaraciones juradas establecidas en el artículo 16 inciso d) del presente, el juez ordenará la inmediata emisión del anuncio omitido en la franja horaria que correspondiera. La emisión de un anuncio electoral en una franja horaria distinta de la asignada será considerada omisión a estos efectos, será pasible del mismo tratamiento y generará responsabilidad del servicio de comunicación audiovisual.

Art. 19. — Ante el requerimiento judicial o de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) los servicios de comunicación audiovisual deberán entregar dentro de las OCHO (8) horas de notificado y por la vía que se indique en el requerimiento, copia certificada del Libro de Registro de Transmisiones. Asimismo se deberán adjuntar los comprobantes oportunamente presentados por las agrupaciones políticas, los que serán elementos probatorios ante denuncias de incumplimiento de obligaciones de emisión o violación de las prohibiciones establecidas en la legislación vigente.

Art. 20. — En el caso de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los tiempos de asignación de espacios para anuncios electorales efectuados de acuerdo al presente procedimiento se asignarán a la agrupación de que se trate, cuya Junta Electoral deberá proceder a distribuirlos en forma igualitaria entre las listas de precandidatos oficializadas para cada categoría de cargos a elegir.

La distribución prevista en el párrafo anterior deberá hacerse alternando entre las listas y fórmulas de precandidatos los días y horarios de emisión, decidiendo la asignación inicial por sorteo en la Junta Electoral, notificándose en forma fehaciente a todos sus miembros y a los representantes de las listas de precandidatos bajo sanción de nulidad.

El sorteo debe realizarse de manera de asegurar espacios, de duración igual, y distribuidos en el transcurso del período de campaña para todos los participantes. El resultado del sorteo se comunicará a la Justicia Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Corresponde a la Junta Electoral de la agrupación política la tarea de cursar ante los servicios de comunicación audiovisual obligados y en los términos del presente acto la emisión de anuncios de la totalidad de las listas de precandidatos de la agrupación.

Art. 21. — La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR y la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA), en la órbita de sus respectivas competencias, serán las Autoridades de Aplicación del presente, en cuyo carácter podrán realizar las verificaciones necesarias del cumplimiento del régimen que por el presente se instituye.

Art. 22. — A los fines de la presente normativa los plazos deberán computarse en días y horas corridos. Las publicaciones en el Boletín Oficial, la página web de la Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR y las comunicaciones electrónicas dispuestas por la Autoridad de Aplicación serán consideradas notificaciones suficientes a los efectos del presente.

Art. 23. — Los gastos que demande la aplicación del presente régimen serán atendidos con cargo al presupuesto nacional.

Art. 24. — La Dirección Nacional Electoral del MINISTERIO DEL INTERIOR, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA) y la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en forma individual o conjunta, según su competencia, dictarán las reglamentaciones correspondientes.

Art. 25. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

Gracias INFOLEG !!

Texto del recurso-impugnación electoral interpuesto por el Movimiento Proyecto Sur (Carlos Del Frade) -con nuestro patrocinio- por el problema de los umbrales para el reparto de bancas de Diputados en Santa Fe.
Se ha presentado finalmente, con mi patrocinio por razones de convicción constitucional, el recurso de Movimiento Proyecto Sur solicitando se aparte al Sr. Oscar Demetrio Álvarez de la banca que irregularmente se asignó al PRO y se permita la asunción de Carlos Del Frade como Diputado en la banca 42 (14 de la minoría).
Como corresponde, fue presentado ante el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe.
Se recusó a todo el Tribunal Electoral por prejuzgamiento, y se solicitó el apartamiento de la Secretaria Electoral Dra. Catalín, por el mismo motivo.El argumento, resumidamente, es que no hay cupo alguno para entrar al reparto de bancas en la Provincia de Santa Fe. El decreto-ley 9280 no tiene vigencia por derogación (a través de la 12367), por inconstitucionalidad (contradice el art. 32 de la Constitución Provincial) y por contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica (no es ‘ley’ formalmente y por lo tanto no puede limitar derechos políticos).
El expediente lleva el número 18317 – letra M.
Esperemos para ver si será justicia…

Ref.: Movimiento Proyecto SUR

 

Recurso de reposición – Impugnación

Recusación con causa

Apartamiento de la Secretaria Electoral

Reintegración del TE

Medida cautelar

Reservas ley provincial 7055 y ley nacional 48

Reserva CIDH

Reserva de impugnación de título

Solicita asignación de banca 14 a Carlos Del Frade

Exclusión de Oscar Demetrio Álvarez

Elección de Diputados Provinciales del 24/07/2011

Excelentísimo Tribunal Electoral:

Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos Del Frade, DNI 14.729.802, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza subsistente para el ejercicio de la procuración, con domicilio que ad litem constituyo en calle Francia 3352 de la ciudad de Santa Fe, ante V.E. comparezco y respetuosamente digo:

I) PERSONERÍA

Que el Sr. Facundo Fernández es apoderado del Movimiento Proyecto Sur tal como surge de los registros de ese Tribunal.

Y el Sr. Carlos Del Frade se presenta como candidato que encabezara la nómina de Diputados Provinciales por el MPS, y como elector provincial habilitado y que emitiese su voto a favor de dicha lista en las pasadas elecciones del 24/07/11.

Y en tales caracteres solicitamos ser escuchados.

II) OBJETO

Que vengo, en legal tiempo y debida forma, a impugnar la asignación de la banca 42ª (14ª de la minoría) al Sr. Julián Galdeano y la proclamación como diputado del Sr. Demetrio Oscar Álvarez en la banca 50ª (22ª de la minoría) quien no ha alcanzado la cantidad suficiente de sufragios para convertirse en legislador.

Se pretende con ello que se proceda a asignar al Sr. Carlos Del Frade la banca 42ª (14ª de la minoría), pasando el Sr. Julián Galdeano a ocupar la banca 43ª (15ª de la minoría) y quedando el Sr. Demetrio Oscar Álvarez fuera de la lista de diputados electos.

Ello porque la decisión de este Excelentísimo Tribunal de distribución de bancas y proclamación de electos en las elecciones del 24/07/2011 no se ajustó a la normativa electoral que debería obedecer la cual no prevé umbral alguno para el acceso al reparto de escaños.

Que asimismo vengo a recusar con causa a la totalidad de los miembros del Tribunal Electoral que emitieron el auto 785 fechado 27/07/11, y a solicitar el apartamiento de la secretaria del cuerpo, y su consiguiente reintegración.

Y solicito como medida cautelar que no se entregue diploma o credencial ni se permita de ningún modo la asunción al Sr. Demetrio Oscar Álvarez hasta tanto se resuelva con carácter definitivo nuestra impugnación.
http://domingorondina.blogspot.com/2011/08/alcen-las-barreras.html

III) RECUSACIÓN

Que nos vemos forzados a recusar, con causa en el inciso 5 del artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, subsidiariamente aplicable, el cual prevé: “ARTICULO 10. Todos los jueces superiores o inferiores pueden ser recusados con causa por encontrarse con el litigante, su abogado o su procurador en alguna de las situaciones siguientes: 5) Haber intervenido como letrado, apoderado, fiscal o defensor; haber emitido opinión como juez o haber dado recomendaciones acerca del pleito u opinión extrajudicial sobre el mismo con conocimiento de los autos.”

III-a) MAGISTRADOS

Que dicha recusación alcanza a todos los firmantes del auto 785 fechado 27/07/2011, a saber: DR. RAFAEL FRANCISCO GUTIÉRREZ, DR. RUBÉN DARÍO JUKIC y DR. JUAN CARLOS GEMIGNANI.

Deberá reintegrarse el Tribunal de acuerdo a la normativa vigente.

Ello se funda en que el Tribunal con la integración recusada, ha opinado contundentemente, entrando al fondo de la cuestión, pese a admitir que no era necesario ya que no había impugnación formal y era prematuro pronunciarse.

Señalamos los párrafos más relevantes:

“(…) las particulares circunstancias del caso justifican que este Tribunal Electoral emita una decisión al respecto, en la idea de que ella ciertamente contribuirá a fijar precisiones respecto de las normas que regulan la distribución de cargos electivos.

Entrando al fondo de la cuestión, debe partirse de la base de que la ley 12.367 (…)

(…)

En cambio, otra es la solución legal que corresponde aplicar a la distribución de cargos en la elección general. Rige en este aspecto la ley 9280 (…)” (el énfasis nos pertenece).

Así, vuestras señorías, dejan en claro que están emitiendo una *decisión, fijando *precisiones, entrando al *fondo de la cuestión, y definiendo *solución legal al caso.

Los asteriscos demuestran las coincidencias del pronunciamiento con los preceptos del inciso 5 del artículo 10 del CPCCSF, por lo cual la recusación de los firmantes surge clara y contundente.

III-b) SECRETARIA

Así como también consideramos procedente el apartamiento de la DRA. CLAUDIA S. CATALIN, SECRETARIA ELECTORAL, en los términos del artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial.

Ello, porque la Sra. Secretaria no solo firmó el Auto sino que se manifestó públicamente contra las pretensiones de nuestro sector, incurriendo así en la misma causal del inciso 5 artículo 10. Como muestra basta la nota que publicara Diario El Litoral donde se dice: “La secretaria Electoral, Claudia Catalín, aclaró que está en vigencia la ley 9.280, la que establece que ‘para ingresar a la distribución por Sistema D‘Hont hace falta el 3 por ciento de los votos del padrón’, lo que resuelve la disputa en favor de Demetrio Álvarez, de Unión PRO Federal, en detrimento del candidato de Proyecto Sur, quien obtuvo 3,59 por ciento de los votos válidos emitidos.”

Puede verse la nota completa en: http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/66107-del-frade-no-accedera-a-la-banca-de-diputados

III-c) ACLARACIÓN

Nos vemos necesitados de aclarar que la recusación con causa formulada no implica de ningún modo cuestionamiento a las investiduras ni integridad de los funcionarios recusados.

III-d) REINTEGRACIÓN

Admitida la recusación con causa por los señores jueces, se dispondrá la reintegración del Tribunal Electoral y el presente recurso será analizado por los nuevos miembros.

III-e) RESERVA DE NULIDAD

A todos los efectos advertimos que -en caso de no apartarse del tratamiento del presente- sostendremos la nulidad de cualquier pronunciamiento que incluya a las personas cuestionadas, en particular dejando reservada la vía de la ley provincial 7055 y de su par nacional 48 por la flagrante violación que el no apartamiento significaría a la garantía del debido proceso.

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IV) HECHOS

IV- 1) LOS VOTOS OBTENIDOS

Que, conforme a los cómputos arrojados por el escrutinio definitivo, la Alianza Movimiento Proyecto Sur obtuvo la cantidad de 60426 votos a su favor.

Ello representa: a) el 3,60% sobre el total de votos válidos -afirmativos más blancos- que fueron un total de 1676643; b) el 3,96% sobre el total de votos válidos afirmativos que fueron un total de 1525116.

En cualquiera de ambos casos Carlos del Frade se encuentra en condiciones de acceder a una banca aplicando el sistema de distribución D’Hondt, porque no hay piso alguno para el acceso a la distribución de cargos.

Sin embargo el Tribunal Electoral, al proclamar los diputados que considera obtuvo cada fuerza, no incluyó ningún diputado de nuestro sector.

Evidentemente porque pretende aplicar un ‘umbral’ para la distribución de escaños.

IV- 2) LA ADVERTENCIA DE MOVIMIENTO PROYECTO SUR

Mientras se contaban los votos, la página web http://elecciones.santafe.gov.ar informaba que nuestro porcentaje obtenido era de 3,59%. Y al mismo tiempo, en el link ‘Cámaras’ no nos asignaba diputado alguno.

Ello, si bien no correspondía impugnación alguna, fue advertido por nota nuestra a este Excelentísimo Tribunal en fecha 26/07/2011.

IV- 3) EL AUTO 785 DEL T.E. FECHADO 27/07/11

A nuestra simple ‘advertencia’ el Excelentísimo Tribunal Electoral contesta con el auto 785.

El mismo, contrariando normas procesales, no fue notificado al domicilio formalmente constituido en la presentación.

En los primeros párrafos se expresa que nada vincula al Tribunal con la página cuestionada, la que dependería del Poder Ejecutivo.

También considera que nuestra presentación debe ser rechazada por ser prematura y porque –reconoce- nuestro Movimiento no estaba realmente haciendo una impugnación sino una mera observación.

Sin embargo, y sin necesidad alguna (salvo desalentar futuros reclamos) ingresa al fondo de la cuestión y dice decidirla.

Y yerra en el encuadre fáctico y legal, transcribiendo básicamente lo resuelto en ‘Martino’, al que considera (como a ‘Mauri’) precedente en el que debería subsumirse esta ‘advertencia sobre resultados difundidos’ (pues según el mismo Tribunal no hay –en aquella advertencia- impugnación, consiguientemente no hay caso).

No recurrimos dicha resolución porque coincidimos en que –también ella- era prematura, ya que el agravio surgiría para nuestro sector cuando se proclamaran los electos.

Y por ello venimos hoy.

IV- 4) LA PROCLAMACIÓN

En fecha 30/07/2011 se convocó a los apoderados de los partidos participantes a los mismos efectos que los previstos en el artículo 121 del Código Electoral Nacional (formular impugnaciones aritméticas al escrutinio).

Nada cuestionamos a la cantidad de votos obtenidos.

Acto seguido el Tribunal comunicó que proclamaba los diputados que, según su interpretación de las reglas de reparto, resultaban electos:

“En este estado, se invita a los señores Apoderados presentes en este acto, a expedirse en los términos de los artículos citados. No teniendo ninguna observación que formular, el Tribunal Electoral de la Provincia de conformidad a lo dispuesto por el art. 122 del C.E.N., como resultado del escrutinio definitivo, dispone la proclamación de los candidatos electos.”

Contra esa resolución venimos porque allí surgió claramente nuestro agravio actual.

IV- 5) EL ERRÓNEO CÓMPUTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE BANCAS POR SISTEMA PROPORCIONAL

El Tribunal aplicó el Sistema Proporcional solo entre los dos partidos que obtuvieron una cantidad de votos superior al 3% del padrón total de electores.

La correcta distribución, que no puede iniciarse con umbral alguno, determina que el Sr. Del Frade ingresa a la banca 42ª (14ª de la minoría).

Para acreditar la razón matemática de nuestros dichos transcribimos el cuadro de votos obtenidos y asignación de bancas debidamente calculados y distribuidas:

Banca	Votos	Partido
Banca 1	550882	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 2	275441	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 3	246445	Unión Pro Federal
Banca 4	183627	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 5	137721	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 6	123223	Unión Pro Federal
Banca 7	110176	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 8	91814	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 9	82148	Unión Pro Federal
Banca 10	78697	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 11	68860	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 12	61611	Unión Pro Federal
Banca 13	61209	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 14	60426	Movimiento Proyecto Sur
Banca 15	55088	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 16	50080	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 17	49289	Unión Pro Federal
Banca 18	45907	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 19	42376	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 20	41074	Unión Pro Federal
Banca 21	39349	Frente Progresista Cívico y Social
Banca 22	36725	Frente Progresista Cívico y Social

Así, la minoría en la Legislatura 2011-2015 quedaría compuesta por 15 legisladores del Frente Progresista Cívico y Social, 6 de Unión Pro Federal y 1 de Movimiento Proyecto Sur (Del Frade).

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V) FUNDAMENTOS

El eje del debate, entendemos, debe centrarse en cuál es la normativa que rige la asignación de escaños a la minoría de la categoría Diputados Provinciales.

Entran en juego, principalmente, el artículo 32 de la Constitución Provincial, el decreto-ley 9280, la ley 12367 y el decreto 2897/2010.

Y nuestra conclusión hermenéutica, adelantemos, es que no hay piso alguno para la distribución de bancas que debe hacerse solo por simple proporción de votos.

V-a) El artículo 32 de la Constitución Provincial

La Constitución Provincial, en su artículo 30, establece que “Todos los ciudadanos pueden tener acceso a los cargos electivos en condiciones de igualdad, según los requisitos establecidos en cada caso por esta Constitución.”

¿Cuáles son los requisitos establecidos para acceder a una banca de Diputado Provincial?

La norma fundamental del ordenamiento positivo provincial reformada en 1962 estableció en el artículo 32 (primer párrafo in fine) que los diputados por la minoría se determinaban del siguiente modo:

“veintidós a los demás partidos, en proporción de los sufragios que hubieren logrado.”

Es una norma que no necesita reglamentación, es directamente operativa.

Los 22 diputados, sin umbral alguno, se distribuyen por sistema proporcional (D’Hondt) entre todos los partidos que no obtuvieron el primer lugar en la elección.

No hacía falta reglamentación. Claro, mientras la Constitución estuviese vigente.

V-b) EL DECRETO-ley 9280. Cuando no regía la Constitución Provincial

Cuando en 1983 se avecina el proceso electoral de renovación democrática, el último Gobernador de facto (SALVI) dicta el decreto-ley 9280 con fecha 26/07/1983.

Huelga decir que en ese momento no imperaba la Constitución Provincial, y por ende era totalmente posible disponer al margen de la misma.

Siendo el régimen de facto unitario, no necesitaba atender a normas provinciales en temas propios de una provincia federada, se limitaba a implementar lo que la Nación ordenaba para todo el territorio.

Por eso, en el mensaje que el Ministro de Gobierno (SUTTER SCHNEIDER) envía al Gobernador, no alude a la Constitución Provincial. Solo reconoce que ‘se han seguido las pautas dadas por la Nación’ y luego dirá que se norma ‘siguiendo el régimen del artículo 5º de la ley nacional Nº 22.838’.

Cualquier sumisión directa a normas nacionales en materias reservadas por las provincias como lo es el derecho electoral local resulta inconstitucional a la luz del artículo 75 inc. 12 y del artículo 121 de la Constitución Nacional. Pero ello no importaba durante la suspensión constitucional.

En ese entendimiento, y en ese cuadro jurídico, se explica el artículo 5 que establece que para participar de la distribución de cargos debe obtenerse un mínimo del 3% del Padrón Electoral del Distrito.

Es decir: el decreto-ley 9280 implicó una negación de la Constitución Provincial, entendible dentro del marco jurídico que estableció el ‘Proceso de Reorganización Nacional’.

Pero resulta también evidente que con el retorno del imperio constitucional recobró vigencia el artículo 32, así, puro y simple, con lo cual es esta norma suprema la que –al recobrar vigencia- está derogando las disposiciones que la contradijeron.

Habiendo establecido el decreto-ley 9280 una barrera donde la Constitución no las previó, resulta inconstitucional la ley inferior.

Súmese la injusticia de un sistema de umbrales basado en el padrón general de electores inscriptos donde se suman -para restringir el acceso de los partidos a la Legislatura- electores muertos, domiciliados fuera de la Provincia, sin obligación de voto, o directamente ausentes.

Y, como luego veremos que enseña Sartori, todo umbral implica una desnaturalización del sistema proporcional. Y nuestra Constitución Provincial implementó un sistema proporcional puro, sin pisos de acceso.

Es notable que hasta la fecha nadie ha explicado cómo se puede aplicar una norma que, desconociendo a la Constitución enmudecida, pretende legislar diferente.

Y, la respuesta está en la misma Constitución, que fulmina con nulidad a toda norma que la contradiga.

La inconstitucionalidad surge in rei ipsa, apenas la norma jerárquicamente superior recobra vigencia.

Además, como expondremos infra, el decreto-ley 9280, contradice la CADH por implicar un límite inválido y viciado en su origen.

No se trata de que “la derogación no puede presumirse” como advierte bien la Corte en ‘Martino’. Se trata, centralmente, de la inconstitucionalidad del decreto-ley 9280 lo cual no es un problema de interpretación sino de selección de la norma aplicable.

Y por eso es que no estamos ante un “mero examen de interpretación” (‘Martino’) sino que estamos ante la necesaria declaración de inconstitucionalidad de una norma invalidada por intentar contradecir al vértice del ordenamiento positivo.

V-c) La ley 10524. Lemas

El 12/11/1990 se promulgaba la ley 10524 que imponía el sistema de lemas para las elecciones provinciales.

Y esa ley es la que deroga expresamente al decreto-ley 9280, revalidándolo tan solo en lo que no se contradijese con el nuevo sistema electoral (art. 23).

Y el artículo 5 del decreto-ley 9280 se contradecía con el nuevo régimen.

Porque el artículo 6º de la ley de lemas 10524 prevé expresamente un sistema: “Para la distribución de los cargos a Diputados Provinciales se estará a lo dispuesto al respecto por la Constitución provincial (Artículo 32), adjudicándose las bancas así obtenidas por cada Lema en relación proporcional D’Hont a los votos obtenidos por cada uno de sus sub-Lemas.”

No hay barrera alguna prevista. No hay necesidad de supletoriedad interpretativa. No hay necesidad de la norma contraconstitucional de 1983.

Muy distinto, como veremos luego, era el caso de la asignación de bancas de Concejales, que este Tribunal y la Corte analizaron en ‘Mauri’.

Por ende, el decreto-ley 9280 quedó derogado para la atribución de bancas de Diputados por la 10524, por regular la nueva en su artículo 6 la misma materia en distinto sentido, priorizándose la 10524 ‘in tempore’.

V-d) La 10524 derogada por la 12367

Como venimos exponiendo, el decreto-ley 9280 solo mantenía vigencia en el marco de la 10524 y pasó posteriormente al olvido legislativo.

Ya ninguna norma posterior lo va a recobrar en la vigencia que tuviese durante la interrupción constitucional.

Finalmente, el 01/12/2004 se promulga la ley 12367 que establece el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), actualmente vigente.

Y esta nueva norma electoral deroga expresamente a la 10524 (que contenía al decreto-ley 9280) y a toda otra norma que se oponga al presente régimen electoral.

Y va entonces a establecer sus propias normas para la distribución de bancas de diputados.

Y, saliendo de una ley que expresamente establecía la aplicabilidad supletoria del decreto-ley 9280, no vuelve a hacerlo. La 12367 no incluye al decreto-ley 9280 en el sistema electoral santafesino.

Es más: el decreto 428/2005 que reglamenta la 12367, en sus considerandos entiende que ella ‘ha modificado el sistema electoral de la Provincia en su esencia’.

Y es de su esencia el tema que sostenemos: la prevalencia de la norma constitucional sin umbral por sobre una norma de facto que establecía un piso inconstitucional.

V-e) El umbral de primarias en el artículo 9. Una reforma al régimen de partidos POLÍTICOS.

Dijimos que la Constitución Provincial establece el reparto de escaños surgidos de las elecciones generales sin umbral alguno.

Pero el nuevo régimen ha creado unas elecciones no previstas constitucionalmente, y para ellas sí va a regular un piso.

Establece en su artículo 9 que -para pasar a las generales- un sector dentro de un partido debe obtener “como mínimo el tres por ciento (3%) de los votos afirmativos válidos emitidos, en la categoría electoral respectiva”.

En verdad no está estableciendo un piso para el acceso a los escaños. Está estableciendo una condición de acceso a la participación electoral de los sectores internos en los partidos políticos.

En verdad está afectando el derecho de los sectores internos a postular candidatos dentro del partido en la general, terreno que no está reglado por la Constitución Provincial, y en el cual sí tendría indudables facultades la Legislatura.

No determina este piso de primarias el reparto de bancas, sino la posibilidad de proponer candidatos a la ciudadanía por parte de un grupo que participó contra otro u otros en internas.

Por eso, y más allá de los reparos que en algún caso concreto pueda oponer un partido o un sector a la limitación, no se contradice de ningún modo este artículo 9 con la Constitución Provincial art. 32 ya que no están todavía en juego las bancas, sino la integración de las listas de candidatos, que luego aparecerán en las boletas electorales y cuyos nombres se someten a consideración del cuerpo electoral; para que éste, a través de su veredicto (el voto) determine quiénes han de ocupar finalmente las bancas en disputa.

Y para reglamentar la vida interna de los partidos sí tiene la Legislatura amplias facultades puesto que la Constitución se las delega sin establecer base alguna.

No se pierda de vista que los umbrales sobre votos válidos afirmativos son los únicos que tienen alguna contención constitucional desde la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, donde se los previó para la elección presidencial en los artículos 97 y 98.

O, como indica Iván Cullen, si tuviese algún sentido establecer umbrales para elecciones generales, sería cuando no hay elecciones primarias abiertas. Pero habiendo elecciones internas abiertas y obligatorias resulta más que suficiente para depurar las candidaturas con umbral que afecte la conformación de listas que irán a la general. Pero no tendría ningún sentido un segundo umbral ya en generales.

http://domingorondina.blogspot.com/2011/08/alcen-las-barreras.html

V-f) La inexistencia de umbral para generales en el artículo 18

Más adelante la 12367 va a tratar el reparto de bancas en las elecciones generales.

Y allí, correctamente, no hará otra cosa que someterse a la Constitución Provincial.

“ARTÍCULO 18°.- Cuerpos Colegiados. Elección. Asignación de Cargos. Para la distribución de los cargos a Diputados Provinciales se estará a lo dispuesto al respecto por la Constitución Provincial (Art. 32), adjudicándose las bancas así obtenidas por cada partido político, aplicándose el sistema proporcional D’Hont.”

¿Dónde está la barrera?

El decreto-ley 9280 –antes de la vigencia constitucional- establece un piso.

La Constitución no establece piso.

La 12367 no establece piso.

¿Es de buen derecho interpretar que, pese a disponer en sentido diferente, la 12367 aceptó la vigencia de una norma que la contradice?

No.

La 12367 estableció el más absoluto respeto a la Constitución Provincial admitiendo la plena operatividad de su artículo 32.

Inexplicablemente el Tribunal Electoral en su prematuro auto 785 entiende que la 12367 no regula la distribución de bancas en las elecciones generales.

Parecería que el respetable Tribunal no tuvo en cuenta (y por eso no lo cita en ningún párrafo) al artículo 18 de la ley 12367 que sí regula la distribución de bancas surgidas de las elecciones generales.

Dice el auto 785 sobre la 12367 “Si bien es cierto que el artículo 25 de la ley 12.367 establece que se derogan ‘las disposiciones que se opongan al presente’, no debe perderse de vista que dicha norma regula el mecanismo de elecciones internas, por lo que mal podría la derogación mencionada abarcar a la distribución de cargos.”

El Tribunal cree que no hay oposición con el decreto-ley 9280 porque no advierte que sí hay una disposición en la 12367 sobre la distribución de bancas en generales: el artículo 18.

Y habiendo oposición, prevalece la nueva norma (según artículo 25 de la ley 12367).

Así, leyendo a contrario sensu el auto 785, puede decirse que “regulando dicha norma el mecanismo de elecciones generales la derogación mencionada abarca la distribución de cargos”.

Y esa es la correcta hermenéutica que traemos humildemente ante este Tribunal para que corrija el yerro que tanto daño está causando a más de sesenta mil santafesinos que invistieron diputado a Carlos Del Frade.

V-g) Los debates legislativos de la 12367

Y no puede decirse que los legisladores quisieron hacer otra cosa, o que presumieron la existencia y vigencia del decreto-ley 9280.

Para interpretar volitivamente el texto legal es regla acudir a los debates habidos durante la sanción.

El proyecto es sancionado en la Cámara de Diputados el 19/08/2004

En el Diario de Sesiones puede leerse:

“SR. LAMBERTO.– Pido la palabra.

Nosotros quisiéramos que se mantuviera en este artículo el piso que está fijado en la ley nacional para la distribución de votos por el Sistema D’Hont, que es del 3%.

Creemos que no se puede pedir en la general el 3% y en las internas el 5%.

SR. REAL.– El Justicialismo, durante muchísimos años, a partir de 1983, criticó esta norma que establece el 3% por ser una norma del proceso.

Creo que subir esa norma va en contra de lo que precisamente queremos, que es la participación de las minorías.

Les pido que recapaciten. Me parece que el 3% está bien.

SR. LAMBERTO.– Señor presidente: me aporta correctamente el diputado Brignoni que el porcentaje es en la categoría respectiva, porque es un piso en cada categoría.

Habría que agregar: ‘el 3% de los votos afirmativos válidos emitidos en la categoría respectiva’.

SR. PRESIDENTE (Barrera).–Si ningún otro diputado hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 9° leído por Secretaría, con la modificación introducida por el señor diputado Lamberto.”

Queda meridianamente claro cuando Lamberto alude al piso del 3% en las generales que Real responde que están avanzando en la derogación del decreto-ley 9280.

Por su origen espurio y por negatoria de la participación de las minorías.

Y nadie contradice esta afirmación, con lo cual pasa a votarse lo que –como dijimos- no es otra cosa que un límite a la participación dentro de los partidos, y no una regla de asignación de escaños.

Saldada esta discusión, minutos después pasan los diputados a considerar el artículo 18, donde ya nadie hace valer el límite del decreto-ley 9280, sometiéndose todos unánimemente a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Provincial.

El Senado en revisión va a corregir algunos aspectos sin tocar los artículos centrales que rigen la materia.

Queda así clarificada la voluntad del legislador de someterse sin cortapisas al régimen constitucional del artículo 32 que no fija umbral alguno.

La voluntad de los legisladores parece ser la que intuye Iván Cullen: alcanza con utilizar un umbral en primarias, no teniendo sentido requerirlo de nuevo en generales (y mucho menos requerir uno más gravoso).

Y aquí no hacemos alusiones a una “hipotética voluntad legislativa” como dijo la Excelentísima Corte al rechazar el planteo de ‘Martino’. Aquí acreditamos fehacientemente cuál fue la voluntad de los legisladores respecto al régimen electoral que debía regir esta elección.

V-h) LOS DEBATES EN LA CONVENCIÓN REFORMADORA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL DE 1962

Aplicar el decreto-ley 9280 implica burlar la clara letra del artículo 32 de la Constitución Provincial, distorsionando lo que es un Sistema Proporcional puro y simple.

Y no fue esa la intención de los convencionales constituyentes conforme surge de los mismos debates habidos en la Convención Reformadora de 1962, donde nunca se habló de piso alguno, ni se dejó delegada a la Legislatura facultad para regular el sistema proporcional que prístinamente estableció.

Voces señeras como las de los convencionales Reñé, De la Torre, Viñals, Tessio, Ulla, se pronunciaron durante el 13/04/1962 a favor de la proporcionalidad absoluta que establecieron en la segunda parte del primer párrafo del artículo 32.

Los debates completos elucidan la intención de los reformadores y se pueden consultar en el Archivo Histórico de la Provincia o transcriptos en http://domingorondina.blogspot.com/2011/06/diputados-modelo-1962.html

Respetar –y hacer respetar- la voluntad del constituyente es tarea primordial de este Tribunal, que él creó.

V-i) El decreto DE CONVOCATORIA 2897/2010

Los decretos del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que ejecutan órdenes legales, hacen una interpretación auténtica de los mismos.

Y así lo entendió el gobernador Binner cuando convocó a las elecciones del pasado 24 de julio en uso de las facultades del artículo 72 inciso 15 de la Constitución Provincial.

Al hacerlo aclaró que se proclamarían como electos a los que correspondiese según la Constitución Provincial y la ley 12367.

“ARTICULO 1º – Fíjase el día 24 de julio de 2011, para la realización de los comicios generales, de elección de cargos provinciales, municipales y comunales. Se proclamará a los que resulten elegidos conforme al sistema establecido en la Constitución de la Provincia y la Ley N° 12.367.”

Ninguna alusión vemos a los umbrales del derogado decreto-ley 9280.

Y esta interpretación gubernamental es de alto valor hermenéutico.

Pero también debe tenerse en cuenta que el decreto estableció y publicitó las reglas de juego electorales a las que los participantes (candidatos y electores) se sometieron.

No solo la norma convocante. También el ‘Manual Electoral 2011’ distribuido por el Poder Ejecutivo Provincial, señalaba en su punto 4 (Los resultados de las elecciones generales) que las bancas de los 22 diputados se repartían por D’Hondt (sin advertir umbral) de acuerdo al artículo 32 de la Constitución y el 18 de la 12367.

Y no puede ahora intentar variarse el criterio legal, ni la forma de repartir el voto de la gente.

O como públicamente dijese Carlos Del Frade: “Semejante cambio en las reglas de juego sirve para arrebatar al Movimiento Proyecto Sur de la banca que ganó con el voto popular, despreciar 60 mil voluntades y mentir sobre una supuesta ambigüedad en torno a las leyes que se aplican para definir los lugares en la Legilastura.”

V-j) El caso ‘Martino’ no es precedente

El caso nuestro es totalmente diferente del caso ‘Martino’.

Primero: la causa ‘Martino’ es rechazada liminarmente por el T.E. y por la Suprema Corte en virtud de entender que una acción meramente declarativa no era el cauce adecuado.

Segundo: los sentenciantes en ambas instancias provinciales arguyen que Martino no ha podido sostener adecuadamente la derogación o del decreto-ley 9280, cosa que nosotros sí hacemos fundadamente.

Tercero: Martino no advierte que la inaplicabilidad del decreto-ley 9280 proviene de la inconstitucionalidad de dicha norma, lo cual obliga al control de constitucionalidad que debe efectuar este Tribunal.

Cuarto: Martino no sostiene la contraconvencionalidad del decreto-ley 9280, argumento que obliga al control de convencionalidad de este Tribunal.

Quinto: Martino acciona con anterioridad a la realización de los comicios generales, con lo cual el agravio no era actual, y nunca pudo sostener la relación entre sus votos y las barreras legales.

Sexto: Martino no sostiene la falta de umbral –como hacemos nosotros- fundados en el artículo 18 de la 12367, sino que propone que se aplique el artículo 9º de la 12367 a las generales.

Séptimo: por los guarismos obtenidos Martino solo alcanzaba el umbral del 3% si se computaba sobre votos válidos afirmativos. En cambio Proyecto Sur alcanza el 3,96 % sobre votos válidos afirmativos, y el 3,60% sobre votos válidos. Por ende, no funcionan en este caso las consideraciones que se efectuaron respecto a la cosecha electoral de Martino.

Todo ello nos lleva a la convicción de la inoponibilidad de ‘Martino’ que de ningún modo ilumina la solución que debe darse al presente.

http://domingorondina.blogspot.com/2011/08/alcen-las-barreras.html

V-k) EL CASO ‘MAURI’ no es precedente

Y no puede aquí traerse el razonamiento de la Excelentísima Corte Provincial expuesto en autos ‘MAURI’ quien no discutía una banca de Diputado sino un lugar en un Concejo Municipal.

En la sentencia de Corte, la misma hizo aplicación del art. 7 de la 10524 que generaba una presunción de barreras en la atribución de bancas en los Concejos Municipales.

A primera vista se advierte que el artículo 6 es totalmente distinto ya que no presume umbral alguno, disponiendo solo cómo se reparten los escaños dentro del lema, pero no cómo se reparten entre los lemas, para lo cual solo remitió a la Constitución Provincial.

Y claramente en Mauri la Corte entendió que el decreto-ley 9280 solo podía aplicarse cuando no contradecía al sistema de Lemas, hoy derogado. Pero en cuanto a Concejales no había contradicción. Y sí la hay en cuanto a Diputados.

Por ende, como ya se dijo, el decreto-ley 9280 quedó derogado para la atribución de bancas de Diputados por la 10524, y al ser ésta abrogada, el decreto-ley 9280 quedó totalmente descartado.

V-l) INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO-LEY 9280 Y DEL UMBRAL ALLÍ PREVISTO A LA LUZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA CONSTITUCIONAL. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CADH ARTS. 23 (derechos políticos) y 30 (límites por ley formal).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) incorporada a la Constitución Nacional para regir con su misma jerarquía mediante su artículo 75 inciso 22, establece en lo que aquí nos interesa:

“Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”

Es decir: no pueden establecerse umbrales que distorsionen la igualdad real de acceso de las minorías a los cargos representativos.

Integra esta cláusula el limitado grupo de garantías que no pueden suspenderse ni siquiera en situaciones de emergencia, conforme al artículo 27 de la misma CADH.

La democracia en un Estado Constitucional de Derecho no es solo el ejercicio del poder político de manera excluyente por el partido que obtiene el mayor número de votos, sino que es el gobierno de la mayoría, con el respeto irrestricto de las minorías, máxime cuando éstas tienen un nivel de inserción en el cuerpo electoral que se ha expresado en alto número de votos, con lo que se ha garantizado la libre voluntad de los electores, para tener acceso sus representantes a las funciones públicas de la Provincia.

Y la Convención establece un valladar para los límites a los derechos políticos (como lo es el umbral para el acceso a bancas del decreto-ley 9280):

“Artículo 30. Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”

Para facilitar el entendimiento de esta cláusula la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, emitió la OPINIÓN CONSULTIVA OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 titulada “LA EXPRESIÓN ‘LEYES’ EN EL ARTÍCULO 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY”.

Allí se establece que los límites a los derechos (en este caso políticos emergentes del artículo 23) deben provenir de LEY EN SENTIDO FORMAL (dictada por el órgano legislativo en el marco constitucional).

Evidentemente el decreto-ley 9280 no satisface este requisito de origen.

Escuchemos a la CIDH en su OC6/86 razonar sobre límites posibles a los derechos políticos:

“18.     Al leer el artículo 30 en concordancia con otros en que la Convención autoriza la imposición de limitaciones o restricciones a determinados derechos y libertades, se observa que exige para establecerlas el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:

a.   Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida;

b.   Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a “razones de interés general” y no se aparten del “propósito para el cual han sido establecidas”. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido requerido en la presente consulta, establece un control por desviación de poder; y

c.   Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad con ellas.

19. El significado del vocablo leyes ha de buscarse como término incluido en un tratado internacional. No se trata, en consecuencia, de determinar la acepción del sustantivo leyes en el derecho interno de un Estado Parte.

(…)

22. Por ello, la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución. A través de este procedimiento no sólo se inviste a tales actos del asentimiento de la representación popular, sino que se permite a las minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder.

(…)

27. La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder público no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que la expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado.

(…)

32. La ley en el Estado democrático no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una finalidad. El concepto de leyes a que se refiere el artículo 30, interpretado en el contexto de la Convención y teniendo en cuenta su objeto y fin, no puede considerarse solamente de acuerdo con el principio de legalidad ( ver supra 23 ). Este principio, dentro del espíritu de la Convención, debe entenderse como aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al “ejercicio efectivo de la democracia representativa “, que se traduce, inter alia, en la elección popular de los órganos de creación jurídica, el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al bien común ( ver supra 22 ).

(…)

34. No es posible desvincular el significado de la expresión leyes en el artículo 30 del propósito de todos los Estados americanos expresado en el Preámbulo de la Convención “de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre ” (Convención Americana, Preámbulo, párr. 1 ). La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. E1 régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema.

35. En consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Interamericano. Sólo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención.”

Conclusión: límites a la igualdad para el acceso de las minorías a cargos políticos: sólo en los casos autorizados, con fines legítimos y por ley en sentido formal.

Por eso concluye:

“LA CORTE ES DE OPINIÓN,

Por unanimidad

que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.”

Queda así meridianamente claro que el decreto-ley 9280 y su restricción para el acceso de las minorías a las bancas, resulta inconstitucional por contradecir una norma convencional del primer orden.

La ilegitimidad de origen del decreto-ley 9280 solo pudo haberse conjurado durante la vigencia de la ley 10524, porque la misma implicó una revalidación de la misma, pero desde la derogación de la 10524 desvistió al decreto-ley de su apariencia de ley formal.

Y el control de convencionalidad, como parte integrante del control de constitucionalidad, es obligatorio para los jueces.

Dicha Opinión Consultiva es vinculante para Argentina y sus estados provinciales miembros.

En la causa “GARRIDO Y BAIGORRIA REPARACIONES (ART. 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)” dijo la CIDH en la SENTENCIA del 27 de agosto de 1998 que no puede invocarse el derecho federal para evitar el cumplimiento de la CADH por las Provincias:

“46. El artículo 28 de la Convención prevé la hipótesis de que un Estado federal, en el cual la competencia en materia de derechos humanos corresponde a los Estados miembros, quiera ser parte en ella. Al respecto, dado que desde el momento de la aprobación y de la ratificación de la Convención la Argentina se comportó como si dicha competencia en materia de derechos humanos correspondiera al Estado federal, no puede ahora alegar lo contrario pues ello implicaría violar la regla del estoppel. En cuanto a las “dificultades” invocadas por el Estado en la  audiencia de 20 de enero de 1998, la Corte estima conveniente recordar que, según una jurisprudencia centenaria y que no ha variado hasta ahora, un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional (Cfr.: sentencia arbitral de 26.VII.1875 13 en el caso del Montijo, LA PRADELLE-POLITIS, Recueil des arbitrages internationaux, Paris, 1954, t. III, p. 675; decisión de la Comisión de reclamaciones franco-mexicana del 7.VI.1929 en el caso de la sucesión de Hyacinthe Pellat, U.N., Reports of International Arbitral Awards, vol. V, p. 536).”

Por eso también a la luz de la CADH el decreto-ley 9280 debe ser descartado.

Y éste es otro argumento importantísimo para que el Tribunal abandone el criterio que sostuviera en ‘Martino’. Así como la CSJN en “Ekmedjian c/ Sofovich” cambia el criterio que sostuviera en “Ekmedjian c/ Neustadt”, la consideración del derecho internacional vigente debe llevar a una nueva lectura de la problemática a la luz de la normativa convencional.

V-m) CONCLUSIONES http://domingorondina.blogspot.com/2011/08/alcen-las-barreras.html

El decreto-ley 9280 dispuso un umbral donde la Constitución Provincial no lo admite.

Recuperada la vigencia constitucional, las normas de facto que iban contra la Constitución, quedan abrogadas.

El decreto-ley 9280 volvió solo a tener vigencia parcial y supletoria durante el imperio de la ley 10524.

La ley actual, 12367, deroga la 10524 y no prevé ninguna aplicatoriedad del decreto-ley 9280.

La CADH requiere que todo límite al acceso en condiciones de igualdad a los cargos representativos surja de ley en sentido formal.

Por todo lo cual, debe aplicarse de modo directo la previsión contenida en el primer párrafo del artículo 32 de la Constitución Provincial, sin umbrales de ningún tipo.

VI) Temporaneidad del planteo

Nunca cuestionamos el régimen electoral porque hubo suficiente claridad normativa, mantenida hasta último momento en el decreto de convocatoria 2897/2010 donde el Poder Ejecutivo Provincial, en ejercicio de las facultades que la Constitución Provincial le reserva -artículo 72 inciso 15-, no solo convocó al pueblo de la Provincia de Santa Fe a comicios primarios y generales, sino que además, fijó las normas sobre las cuales se habrían de desarrollar tales comicios.

Y ahora, el Tribunal Electoral, pretende aplicar una norma no prevista en ningún momento para regir esta elección.

Nosotros nos sometimos al régimen constitucional. Como no tuvimos competencia interna, no nos vimos obligados a discutir el piso de primarias que no nos afectó de modo alguno. Y válidamente aceptamos que se aplicaría para la distribución de generales el art. 32 de la Constitución, el 18 de la 12367 y el decreto de convocatoria 2897/2010.

Contrariando esta claridad normativa y esta convicción de norma que nos regía, el auto 785 consideró que es útil “fijar precisiones respecto de las normas que regulan la distribución de cargos electivos”.

No es así. No hacían falta precisiones. El esquema normativo era clarísimo. Y, en cualquier caso, no pueden ‘fijarse precisiones’ tres días después de haber recibido el voto de los ciudadanos santafesinos…

Por ello, y ateniéndonos a la clara letra del artículo 1º del decreto de convocatoria 2897/2010, corresponde también descartar cualquier influencia del inconstitucional y derogado decreto-ley 9280 en la asignación de escaños.

Tampoco recurrimos el auto 785 porque coincidimos con él en que era prematuro cualquier planteo.

Y porque a la fecha del auto 785 no se conocían los guarismos definitivos que arrojaría el conteo de votos, con lo cual bien podría nuestra preocupación saldarse con el ingreso de una mayor cantidad de votos a nuestro favor. Y en tal caso el criterio del Tribunal, del que disentimos, no nos hubiera causado ningún perjuicio ni nos hubiese obligado a iniciar el presente.

Por ende recién ésta es la etapa procesal oportuna para impugnar la proclamación, ya que es ese decisorio el que –haciendo incorrecta aplicación normativa- causa agravio actual a nuestra alianza.

VII) DOCTRINA. Las ‘Sperrklausel’. PROHIBICIÓN DE Ampliación de los requisitos constitucionales

Se dudó siempre de la constitucionalidad de las barreras legales de acceso a cargos cuando la Constitución no los establece.

El problema de la igualdad como único requisito para el acceso a los cargos electivos lo analiza la doctrina:

“El Pacto de San José de Costa Rica, en términos más explícitos, regula el derecho al acceso, ‘en condiciones generales de igualdad’, a las funciones públicas (art. 23, inc. 1, c). En ‘González Ruso’ la Corte Suprema señaló que esa norma no da a la garantía de la igualdad un alcance más amplio que el asignado por el art. 16 de la Constitución (Fallos, 311:970). Sin embargo, puede tener un contenido más extenso. Por ejemplo: si la Constitución incluye un recaudo de idoneidad que exceptúa la regla general de la igualdad, y esa exigencia va contra el Pacto, ella resultaría hoy inválida, después de la sentencia de la Corte Suprema en el caso ‘Ekmekdjian c/ Sofovich’ (LL, 1992-C-543).” (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos del Derecho Constitucional, tomo II, pág. 684. 2ª ed. 1997 Editorial Astrea. Buenos Aires.)

“La doctrina discute si es factible por vía de ley, y como reglamentación del principio constitucional de idoneidad (art. 16 Constitución Nacional), ampliar el número de recaudos para ser electo diputado. Por extensión, ese debate se lo puede extender para los demás cargos cuyas cualidades están requeridas explícitamente por la Constitución (p. ej., para ser presidente, vicepresidente, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o senador). La Corte Suprema (‘Bianchi’, Fallos, 248: 398) puntualizó que si la Constitución enumeraba los requisitos que, en tales casos, se debían cumplir, no era lícito añadir otros. Sin embargo, el principio constitucional de idoneidad (art. 16) posibilitaría que, mediando razonabilidad, el legislador regule tal principio, siempre que esa reglamentación no sea inequitativa, proscriptita, desigualitaria o incompatible con un esquema democrático.” (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos del Derecho Constitucional, tomo I, pág. 366. 2ª ed. 1997 Editorial Astrea. Buenos Aires.)

“La representación proporcional respeta más que otros sistemas el valor verdad, ya que es la que mejor retrata políticamente a una sociedad (el Congreso se integra, aproximadamente, del mismo modo en que esa comunidad está fraccionada en partidos). Además, parece también el más justo, porque otorga a los partidos un porcentaje de bancas correlativo al de los votos que ese partido ha logrado el día del sufragio. También satisface mejor que los demás al valor libertad, ya que no será común que un partido logre más del 50% de los sufragios, y de ahí que difícilmente logrará más del 50% de las bancas de la Cámara. Por tanto, no podrá gobernar por sí solo, y deberá recurrir a acuerdo y transacciones.” (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos del Derecho Constitucional, tomo I, pág. 369. 2ª ed. 1997 Editorial Astrea. Buenos Aires.)

Sobre la utilidad de las barreras dobles (ya que el propio sistema D’Hondt es una barrera) dice Giovanni Sartori que los umbrales implican una desnaturalización del sistema proporcional (y téngase en cuenta que la Constitución Provincial refiere al Sistema Proporcional sin límite alguno):

“El problema con los sistemas mayoritarios es que se prestan a la manipulación. El problema con los sistemas proporcionales es que se permiten muchos partidos. Desde luego, esto es menos grave con sistemas parcialmente proporcionales. Por consiguiente el sistema proporcional imperfecto se justifica por ser un medio para contrarrestar la fragmentación del sistema de partidos. No obstante, otra forma no excluyente de obstruir la proliferación de partidos es la de negar el registro, esto es, establecer un ‘umbral’ para admitirlo en la contienda electoral. La palabra alemana para este artificio es Sperrklausel, la cláusula de la barrera; el ‘umbral’ alemán se estableció, desde el inicio, en el 5%. Varios países han adoptado el requisito, pero el nivel de los ‘umbrales’ varía. En un extremo, Israel tiene un ‘umbral’ perfectamente inútil del uno por ciento (que se subió al 1,5 % en 1992); en otro extremo está Turquía, con 10 %( en las elecciones entre 1983 y 1991), en particular Grecia, que durante su muy feliz historia electoral ha tenido una serie de barreras superiores al 15% (interpretadas como ‘RP reforzada’). Entre estos extremos pero acercándose al nivel inferior, España adoptó un nivel de admisión (o inversamente, de exclusión) de 4% y Argentina de 3.

Es importante establecer a priori y en general cuál es el ‘umbral’ correcto, porque su conveniencia dependerá de las distribuciones reales en cada país. Sin duda bajar de 3-4 % tiene poco sentido, mientras que el umbral del 10% parece una barrera muy difícil de sortear. Pero un umbral de exclusión del 5% habría sido inútil en Polonia en 1991 y muy efectivo en Italia en 1993. Sea como fuere, las barreras excluyentes por lo general cumplen con el propósito para el que se las crea. Por otra parte, se ha exagerado su efectividad en caso de Alemania, pues no fue la Sperrklausel la que eliminó al neonazismo y al partido comunista.” (Sartori Giovanni. Ingeniería Constitucional comparada. Págs. 23/24- 1ª ed. 4ª reimpresión. 2000. Editorial Fondo de Cultura Económico. México.)

A su turno, el maestro Nino enseña:

“Los politólogos se han preocupado por señalar algunos efectos de las fórmulas electorales que se aplican para conformar los cuerpos colegiados. Uno de esos efectos es el de la manera en que se preproducen las preferencias del electorado. Ello no sólo depende, como se dijo, del mecanismo de adjudicación que se emplee, sino también del tamaño de los distritos en los que se aplica (los sistemas de mayoría producen más deformaciones a medida que los distritos sean más grandes en cuanto a los representantes a elegir, mientras que con los sistemas proporcionales ocurre lo contrario) el sistema para adjudicar los restos insuficientes en la representación proporcional y el piso mínimo para tener un escaño. Pero lo más interesante son las correlaciones entre los sistemas electorales y el número, variedad y amplitud ideológica de los partidos políticos. La correlación entre el sistema de mayoría y el bipartidismo y el sistema proporcional y el multipartidismo fue enunciada hace varias décadas por Duverger, aunque los politólogos que se han ocupado del tema más reciente sostienen, como Nohlen y Grofman y Lijphart que se trata más bien de una tendencia y que intervienen además otros factores, como el sistema de gobierno. Este último punto merece una consideración especial: dado que en el sistema presidencialista se elige a su principal autoridad por un sistema que es, por fuerza de mayoría, y, dado que esa elección tiende a arrastrar a la de diputados –sobre todo cuando es total o parcialmente simultánea-, este sistema genera una presión hacia el bipartidismo, que puede combinarse con una presión coincidente del sistema electoral del Parlamento –si es de tipo mayoritario-, o divergente- si es de tipo proporcional.” (Nino Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional. Págs. 544/545. 1ª ed. 2ª reimpresión 2002. Editorial Astrea. Buenos Aires.)

Es que los sistemas electorales no son construcciones meramente matemáticas: implican una elección que puede ser más o menos democrática.

“Con razón, Frías alerta que, en materia de sistemas electorales, no hay regímenes inocentes; cada uno evita y favorece alguna circunstancia; aprovecha o perjudica a las distintas fuerzas políticas existentes en una sociedad.” (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos del Derecho Constitucional, tomo I, pág. 368. 2ª ed. 1997 Editorial Astrea. Buenos Aires.)

Como enseña Nohlen, las barreras o umbrales electorales explícitos o legales, (a diferencia de las naturales como son el diseño y el tamaño de las circunscripciones) se caracterizan por ser requisitos u obstáculos adicionales que tienen por objetivos generales: Negar el acceso a la distribución de escaños a algunos actores políticos en la contienda electoral; condicionar la validez de un evento electoral, y/o negar beneficios a los participantes en la contienda.

Las barreras o umbrales netamente electorales hacen referencia a cláusulas adicionales al sistema electoral que impiden a los candidatos o agrupaciones políticas, en la contienda electoral, participar en la distribución de escaños, si no logran superar el obstáculo establecido, el cual hace referencia específica a superar un determinado porcentaje de votos.

VIII) Jurisprudencia DE INTERÉS PARA EL caso

Ya en FALLOS, 248:398 (Bianchi y Cía) la CSJN entendió que si la Constitución enumeraba los requisitos que, en tales casos, se debían cumplir, no era lícito añadir otros.

In re ‘Martínez Raymonda, Rafael, s/acción de amparo c. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el Decreto del 26-3-97’ (Expte. Nº 2932/97) Cámara Nacional Electoral, fallado bajo número 2352/97, la jueza de grado (cuyo criterio queda firme por considerar la Cámara que no hubo apelación válida) dice según la CNE:

“Expresa la magistrado que el art. 69 del Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires dispone la elección de los diputados conforme al sistema proporcional, sin imponer limitación alguna para la asignación de cargos, por lo que entiende que dicha norma colisiona con el Código Electoral Nacional, el cual establece (art. 160) que no participarán en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo del tres por ciento del padrón electoral del distrito. Concluye entonces que aparece razonable y jurídicamente viable la no aplicación de ese mentado tres por ciento a fin de asignar a cada agrupación participante en la contienda un número de cargos que guarde relación directa con su caudal electoral. Sostiene que ello no implica dejar sin efecto las normas de la ley 24.620 ni del decreto 383/97 y que corresponde adoptar un criterio amplio en cuanto a la representación de la mayor pluralidad de ideas en el cuerpo que ha de constituirse. No obstante ello, considera, no se varía terminantemente el sistema electoral, sino que solamente se aplicaría una variante del sistema proporcional, es decir, el D’Hondt sin limitaciones, hasta cubrir la cantidad de los cargos a elegir.”

Este es también nuestro criterio. No puede prevalecer de ningún modo normativa federal en el proceso electoral santafesino.

Y por ende, la remisión que el decreto-ley 9280 implica a la 22838 resulta violatoria del esquema federal del Estado argentino.

Así también lo entendió la Corte Provincial al denegar el recurso extraordinario ley 48 in re ‘MARTINO, Edgardo Luis -Intendente de San Cristóbal-Candidato a Diputado Provincial Lista Nro. 3-Promueve acción mere declarativa de certeza- (Exp. 0014211-M-07) sobre queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad’ (Expte. C.S.J. Nro. 459, Año 2007) el 05/12/2007 (A y S t 223 p 243-245), donde dijo:

“en particular cuando se trata de normas de derecho público local -como lo son las que rigen el proceso eleccionario (vide Fallos, 324:2679 [2001])-, cuya hermenéutica por los tribunales provinciales en principio no puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos, 275:133; 305:112; 314:1336, entre otros).”

Así debe descartarse cualquier aplicación de preceptos federales para resolver el caso.

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IX) MEDIDA CAUTELAR

Requerimos como imprescindible para que nuestro reclamo no se torne abstracto durante el trámite del presente, que se disponga una medida cautelar de no innovar consistente en que no se entregue diploma o credencial ni se permita la asunción al Sr. Demetrio Oscar Álvarez hasta tanto se resuelva con carácter definitivo nuestra impugnación.

En el acta de fecha 30/07/2011 el Excelentísimo Tribunal dijo: “a los efectos de la entrega de los respectivos diplomas, se dispondrá la fecha y oportunamente será comunicada.”

Éste es el acto que pretendemos impedir y cuya inminencia surge del texto transcripto: la entrega del diploma o credencial que permita la asunción del Sr. Demetrio Oscar Álvarez.

Corresponde el despacho de esta medida en el entendimiento que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por la ley para su dictado, a saber:

a)   Verosimilitud del derecho: respecto del primer requisito, sostiene la jurisprudencia que para la procedencia de la medida cautelar, solo hace falta acreditar la posibilidad razonable de que exista el derecho invocado.

Se han detallado ut supra las normas que fundan el reclamo de la parte actora y su razonabilidad, a lo cual nos remitimos.

b) Peligro en la demora: es el que señala el interés jurídico del peticionante, la justificación de la existencia de las medidas cautelares; se trata de evitar que el pronunciamiento judicial, reconociendo el derecho de aquél, llegue demasiado tarde y no pueda cumplirse el mandato definitorio de su posible triunfo.

Atento a la inminente concesión de credenciales que posibilitarían la asunción del ilícitamente discernido diputado, la amparista necesita que mientras se tramita la presente no se efectivice la asunción.

Lo contrario haría imposible el respeto de la voluntad popular.

c) Contracautela: tal como sostiene la doctrina, el requisito de la contracautela, encuentra su justificativo en las características que son propias del procedimiento cautelar. En efecto, al ser la medida cautelar una decisión que se adopta con urgencia, a partir de un juicio de probabilidad y verosimilitud, se estima que de tal decisión puede resultar un perjuicio para la parte demandada, debiendo responder en caso de daño la parte que solicitó la medida. No obstante que generalmente se la enumera como presupuesto de procedencia de una medida cautelar, la contracautela más que un presupuesto de las medidas cautelares, constituye la condición que se exige al interesado en obtener dicha medida.

Debe tenerse presente que a la hora de adoptar una medida cautelar los presupuestos fundamentales son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, mientras que, la contracautela solo tiene carácter instrumental, de allí que para algunos ordenamientos requerir tal condición sea facultativo para los magistrados.

Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que: “Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor la verosimilitud del derecho invocado fumus bonis iuris y el periculum in mora de la tutela por otorgar, añadiéndose la caución que el juez fijará de acuerdo a las normas de rito, a fin de enjugar los perjuicios que el requirente pudiere causar si hubiere procedido sin derecho o con abuso o exceso en su ejercicio” (CNFed. Contenciosoadministrativo, sala III, agosto 18-982 – Gibaut Hnos. Manufactura de Cueros S.A. c. Banco Central de la República Argentina – ED 101-698).

Por ello, y dado que conforme lo expuesto en los puntos precedentes, la medida solicitada no genera riesgo ni perjuicio alguno para el Estado ni para el incorrectamente proclamado Diputado, resulta viable entender que la caución juratoria es suficiente para salvar los hipotéticos e improbables perjuicios que se pudieran aducir.

Dejamos ofrecida como contracautela la más amplia caución juratoria, y brindaremos garantías reales si V.E. las considerase necesarias.

Por todo lo dicho, requerimos que expresamente se disponga la medida cautelar solicitada (no entregar credencial ni diploma ni permitir de ningún modo la asunción del Sr. Demetrio Oscar Álvarez) hasta la resolución definitiva de la cuestión.

X) DERECHO

Fundamos la presente en los artículos 23, 27 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 6/86 de la CIDH, en los artículos 1, 5, 31, 37, 38 y 123 de la Constitución Nacional; en los artículos 1, 2, 29, 30 y 32 de la Constitución Provincial, en las leyes provinciales 10524, 12367 y 13156, en el decreto provincial 2897/2010, en el artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, en las normas de rito electoral, y en toda la demás normativa detallada en el presente escrito.

XI) RESERVAS

Para el hipotético e improbable caso de que V.E. no hiciese lugar a lo peticionado, dejo desde ya planteada reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, por estar en juego derechos constitucionales de primer orden, en particular el derecho ciudadano a elegir a las autoridades (derecho electoral activo) y de los candidatos a ser electos (derecho electoral pasivo), así como el interés general de la legalidad y cumplimiento de las normas y principios republicanos constitucionales.

Por los mismos motivos dejo efectuada la reserva del Recurso Extraordinario Federal (ley 48) para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si fuese denegado en la instancia provincial el pedido que aquí formulo.

Dejamos también reservada la vía para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica por violación de los artículos 23 y 30 de la CADH.

Asimismo dejamos efectuada la reserva de ocurrir ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados en sesiones preparatorias (conforme artículos 2/10 del Reglamento Interno de la misma) a impugnar el título del Sr. Oscar Demetrio Álvarez en el hipotético e improbable caso de que todas las instancias judiciales rechazaran nuestro legítimo reclamo.

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XII) PETITORIO

Por todo lo manifestado de V.E. solicitamos:

XII.1) Nos tenga por presentados, patrocinados, domiciliados y, en el carácter acreditado, otórguenos la participación legal correspondiente.

XII.2) Por recusados con causa los integrantes del Tribunal Electoral que suscribieron el auto 785 de fecha 27/07/2011.

XII.3) Por solicitado el apartamiento de la Secretaria Electoral conforme al artículo 10 del CPCCSF.

XII.4) Tenga presentes las reservas del caso si no se hiciese lugar a la recusación y apartamiento planteados.

Una vez reconstituido el Tribunal Electoral, solicitamos:

XII.5) Por interpuesto recurso de reposición o impugnación contra la asignación de la banca 42ª (14ª de la minoría) al Sr. Julián Galdeano y contra la proclamación como diputado del Sr. Demetrio Oscar Álvarez en la banca 50ª (22ª de la minoría).

XII.6) Imprima el trámite de ley, citando si lo considera procedente a la audiencia prevista en la norma electoral provincial de rito.

XII.7) Por requerida medida cautelar consistente en que no se entregue diploma o credencial ni se permita de ningún modo la asunción al Sr. Demetrio Oscar Álvarez hasta tanto se resuelva con carácter definitivo nuestra impugnación.

XII.8) Por efectuadas reservas de derechos y acciones de todo tipo, en particular las de la ley provincial 7055 y de la ley nacional 48, así como para ocurrir ante la CIDH, y la prevista en los artículos 2/10 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

XII.9) En su día disponga la asignación de escaños en la Legislatura provincial de acuerdo a lo normado en el artículo 32 de la Constitución Provincial, en el artículo 18 de la ley 12367 y en el artículo 1º del decreto 2897/2010, y consecuentemente proceda a asignar al Sr. Carlos Del Frade la banca 42ª (14ª de la minoría), pasando el Sr. Julián Galdeano a ocupar la banca 43ª (15ª de la minoría) y quedando el Sr. Demetrio Oscar Álvarez fuera de la lista de diputados electos.

Provea de conformidad

Y SE HARÁ JUSTICIA

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Segundo planteo de Proyecto Sur ampliando la recusación al presidente del Tribunal Electoral por prejuzgamiento en fecha 03/08/2011.

Ref.: Movimiento Proyecto SUR

Amplía fundamentos recusación con causa

Dr. Rafael Gutiérrez

Reservas

Excelentísimo Tribunal Electoral:

Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos Del Frade, DNI 14.729.802, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza subsistente para el ejercicio de la procuración, con domicilio que ad litem constituyo en calle Francia 3352 de la ciudad de Santa Fe, ante V.E. comparecemos y respetuosamente decimos:

AMPLIAMOS FUNDAMENTOS RECUSACIÓN

DR. RAFAEL GUTIÉRREZ

Que venimos a ampliar fundamentos de la recusación con causa en el inciso 5 del artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe interpuesta respecto al Excelentísimo Sr. Presidente de este Tribunal Dr. Rafael Francisco Gutiérrez.

Que en la edición del día de la fecha el Diario El Litoral publica que el Sr. Presidente se ha manifestado ante el cronista de dicho medio diciendo que nuestro reclamo no tiene asidero.

“Que (Del Frade) lea nuestra resolución. La ley dice que para aspirar a ser candidato se debe tener el 3 % de los votos válidos emitidos, pero el Art. 5 de la ley 9280 dice lo que hemos planteado en la resolución: que se necesita el 3 % del padrón” para ser diputado electo.”

Consultado por El Litoral, Gutiérrez aclaró que “esto no es nuevo” y que la Corte lo resolvió en 2007, cuando él no estaba en el Tribunal Electoral. En aquella oportunidad, la banca la disputaban los candidatos Darío Scataglini (PJ) y Edgardo Martino (UCR por la línea de Luis Cáceres).”

Este adelanto de opinión nada menos que del Presidente del Cuerpo, sumado a la suscripción del auto 785, hace necesario que se aparte de la consideración de nuestro recurso puesto que demuestra “haber emitido opinión como juez o haber dado recomendaciones acerca del pleito u opinión extrajudicial sobre el mismo con conocimiento de los autos” tal como prevé el inciso 5 del artículo 10 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.

Nos vemos necesitados de aclarar que la recusación con causa formulada no implica de ningún modo cuestionamiento a la investiduras ni la integridad del funcionario recusado.

A todos los efectos advertimos que -en caso de no apartarse del tratamiento del presente- sostendremos la nulidad de cualquier pronunciamiento que incluya al Sr. Presidente, en particular dejando reservada la vía de la ley provincial 7055 y de su par nacional 48 por la flagrante violación que el no apartamiento significaría a la garantía del debido proceso.

Tener presente y proveer de conformidad

ES HACER JUSTICIA

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PRIMERA RESPUESTA:
“La que suscribe, Secretaria Electoral de la Provincia, por la presente, hace saber a Uds. que, en los autos caratulados “ALIANZA MOVIMIENTO PROYECTO SUR S/FORMULA DENUNCIA Y PETICIONA VEEDORES (EXPTE. N° 0018309-A-ll); se ha resuelto: ‘7//-TA FE, 02 de agosto de 2011 – Téngase por presentado, domiciliado y por parte en el carácter invocado, y désele la participación correspondiente. Habiendo recusado con causa a los integrantes del Tribunal Electoral de la Provincia que suscribieron el Auto 785 del 27 de julio de 2011, y solicitado el apartamiento de la Secretaria en los términos del artículo 12 del CPCCSA, pasen los autos al Tribunal para resolver las recusaciones planteadas y el apartameniento requerido. Ténganse presente las reservas del caso, si no se hiciere lugar a las recusaciones y apartamientos planteados. (Punto XII.4). Notifiquese.”. Fdo. Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, Presidente; Dra. Claudia S. Catalín, Secretaria Electoral (a/c).
En consecuencia, queda Ud. debidamente notificado.
Saludóle muy atentamente.”

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AUTO: 0791

 

SANTA FE, 11.08.2011

VISTO:

El Expte. N° 0018317-M-ll del registro del

Tribunal Electoral de la Provincia, caratulado “FACUNDO

FERNANDEZ APOD. MOV. PROYECTO SUR S/ ADVIERTE QUE SE

CORRIJA PAGINA WEB EN EL APARTADO CÁMARAS LA ERRÓNEA ASIG. DE ESCAÑOS”, y;

CONSIDERANDO:

1. Que el señor Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos Del Frade, con patrocinio letrado, comparecen en estos autos y plantean la recusación de los miembros del Tribunal Electoral con sustento en la causal del inciso 5 del articulo 10 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia toda vez que -según postulan- en estos autos “el Tribunal ha opinado contundentemente, entrando al fondo de la cuestión, pese a admitir que no era necesario ya que no habia impugnación formal y era prematuro pronunciarse”;

Asimismo, también pidieron el apartamiento de la doctora Claudia Catalin, secretaria electoral, en los términos del articulo 12 del digesto adjetivo mencionado, ya que -expresan- la nombrada no sólo firmó el auto dictado en el caso sino que se manifestó públicamente contra las pretensiones de su sector, incurriendo en la misma causal.

Pasados estos caratulados al Tribunal para resolver dichas cuestiones, los presentantes ampliaron los fundamentos de la recusación contra el señor Presidente doctor Gutiérrez, también con sustento en la causal del inciso 5 del articulo 10 ya citado, argumentando que adelantó opinión en una nota que salió publicada el dia 3 de agosto en el Diario El Litoral al hacer referencia a la situación que se ventila en esta causa.

2. Habrán de rechazarse los planteos formulados. Que con arreglo a la tradicional e inveterada doctrina del Alto Tribunal de Justicia de la Nación sobre el punto, que reconoce como precedente la sentencia del 3 de abril de 1957 en el célebre caso “Cristóbal Torres de Camargo” (Fallos: 237:387), y se ha mantenido inalterada en todas las composiciones del Cuerpo, cuando las recusaciones introducidas por las partes son manifiestamente inadmisibles, deben ser desestimadas de plano (Fallos: 205:635; 270:415; 280:347; 291:80; 326:4110; 330:2737, entre muchos otros).

Criterio jurisprudencial que también es seguido de manera uniforme por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (A. y S., T. 41, págs. 207/208; T. 56, págs. 461/463; T. 68, págs. 173/174; T. 75, págs.180/181 y 266.; T 114, págs. 427/431).

Que tal carácter revisten las que, como en el caso, se fundan en lo decidido por los jueces en el ejercicio de sus funciones en tanto que los dichos dados por los magistrados como fundamento de la atribución especifica de dictar sentencia importan juzgamiento y no prejuzgamiento (doctrina de Fallos:244:294; 264:159; 318:286, entre muchos otros).

En igual sentido, se ha dicho que las opiniones vertidas por los magistrados sobre los puntos sometidos a su consideración de ningún modo implican prejuzgamiento, toda vez que no se trata de opinión anticipada, sino directa y claramente del cumplimiento del deber de proveer a las cuestiones pendientes (A. y S., T. 92, pág. 90; ver también Fallos 305:1978; 315:406; 317:597).

Por ello, corresponde desestimar sin más el planteo recusatorio formulado en estos caratulados, sin que ello se vea conmovido por la ampliación de fundamentos que se formula contra el señor Presidente de este Cuerpo toda vez que conforme se observa de manera palmaria de la propia trascripción que formulan los presentantes, el doctor Gutiérrez se limitó a expresar lo que este Tribunal consideró y resolvió en estos autos el día 27 de julio de 2011 (decisorio notificado en esa misma fecha).

Por su parte, igual solución merece el pedido de apartamiento de la Secretaria de este Cuerpo toda vez que no se advierte la necesidad de darla por separada de la causa pues dicha funcionarla al no tener como misión juzgar (cfr. Art. 36, ley 4990) no puede incurrir en forma alguna de prejuzgamiento.

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA RESUELVE:

1.-Desestimar los planteos efectuados.

2.- Regístrese, ratifíquese y archívese.

FDO . : DR . RAFAEL FRANCISCO GUTIÉRREZ – PRESIDENTE DR. ROBEN DARÍO JOKIC – VOCAL DR. . JOAN CARLOS GEMIGNANI – VOCAL DRA. CLAUDIA. S. CATALIN – SECRETARIA ELECTORAL

 

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Ref.: Movimiento Proyecto SUR

 

Recurso de reposición – Impugnación

Solicita elevación rechazo recusación con causa

Apartamiento de la Secretaria Electoral

Reintegración del TE

Reservas ley provincial 7055 y ley nacional 48

Reserva CIDH

Reserva de impugnación de título

Excelentísimo Tribunal Electoral:

Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos Del Frade, DNI 14.729.802, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza subsistente para el ejercicio de la procuración, con domicilio que ad litem hemos constituido en calle Francia 3352 de la ciudad de Santa Fe, ante V.E. comparecemos y respetuosamente digo:

I) LA ADVERTENCIA

Mientras se contaban los votos, la página web http://elecciones.santafe.gov.ar informaba que nuestro porcentaje obtenido era de 3,59%. Y al mismo tiempo, en el link ‘Cámaras’ no nos asignaba diputado alguno.

Ello, si bien no correspondía impugnación alguna, fue advertido por nota nuestra a este Excelentísimo Tribunal en fecha 26/07/2011.

Hicimos una simple advertencia pidiendo que se corrija el sistema de carga web.

No planteamos nada concreto. No construimos, ni consentimos en que se construyera, un ‘caso’.

II) EL AUTO 785 DEL T.E. FECHADO 27/07/11

A nuestra simple ‘advertencia’ el Excelentísimo Tribunal Electoral contesta con el auto 785.

Si bien considera que nuestra presentación debe ser rechazada por ser prematura y porque –reconoce- nuestro Movimiento no estaba realmente haciendo una impugnación sino una mera observación, sin necesidad alguna ingresa al fondo de la cuestión y dice decidirla.

Allí nos explica su criterio para la asignación de escaños, cuestión que implicaba adelanto, porque aún no podía saberse a ciencia cierta cuántos votos obtendría en el escrutinio definitivo cada fuerza.

No recurrimos dicha resolución porque coincidimos en que –también ella- era prematura, ya que el agravio surgiría para nuestro sector cuando se proclamaran los electos, lo que recién ocurrió 3 días después.

III) LA PROCLAMACIÓN

El día 30/07/2011 concurrimos al Tribunal Electoral, escuchamos los resultados del conteo final, no formulamos observaciones aritméticas, y luego escuchamos la proclamación que se hizo a raíz de los resultados finales.

IV) LA IMPUGNACIÓN Y LA RECUSACIÓN

En fecha 01/08/11 interpusimos recurso de impugnación contra la proclamación y sostuvimos que correspondía la recusación de los tres miembros del Tribunal Electoral y el apartamiento de la Secretaria Electoral, de acuerdo a los artículos 10 y 12 del CPCCSF.

V) EL PASE A RESOLUCIÓN

En fecha 03/08/11 se notificó que pasaban a resolver la recusación interpuesta.

Dicha notificación fue efectuada en el domicilio de la Alianza Proyecto Sur, siendo ello incorrecto ya que habíamos constituido un domicilio ad litem, especialmente necesario teniendo en cuenta que también actúa en este nuevo expediente el Sr. Carlos Del Frade por derecho propio.

Esto nulifica la notificación.

Además, se dijo que la resolución se adoptaría en el expediente “ALIANZA MOVIMIENTO PROYECTO SUR S/FORMULA DENUNCIA Y PETICIONA VEEDORES (EXPTE. N° 0018309-A-l 1)”, el cual nada tiene que ver con el caso y cuyo contenido desconocemos, y donde no planteamos recusación alguna.

Esto también nulifica la notificación.

Por ende, aún no ha entrado el Tribunal a considerar el fondo de nuestro recurso, ni siquiera llamado autos para ello.

Pero antes de ello es menester el apartamiento de sus integrantes porque insistimos en que han prejuzgado.

VI) AUTO 791

En fecha 11/08/2011 se notificó en el domicilio del apoderado de Movimiento Proyecto Sur la resolución que lleva fecha del mismo día.

Nuevamente se yerra al notificar en el domicilio de la Alianza Proyecto Sur y no en el formalmente constituido.

Pero además se dice que la recusación ha sido resuelta en autos “FACUNDO FERNANDEZ APOD. MOV. PROYECTO SUR S/ ADVIERTE QUE SE CORRIJA PAGINA WEB EN EL APARTADO CÁMARAS LA ERRÓNEA ASIG. DE ESCAÑOS” que son los vinculados a la advertencia y al auto 785, no a este nuevo expediente iniciado el 01/08/2011.

Todo ello nulifica el decisorio, y la notificación.

En este auto 791 se dice que se rechazan las recusaciones formuladas, y el apartamiento de la Secretaria solicitado.

El escueto argumento para ello es que al dictar el Auto 785 no pre-juzgaron sino que juzgaron porque era un ‘caso’ sometido a su consideración.

Así, pretenden convertir una mera advertencia en un ‘caso’ que merecía tratamiento y definición.

Y en verdad no había ‘caso’ porque no lo planteamos como tal, y porque el mismo Tribunal dijo que nuestro planteo era prematuro ya que aún se estaban contando los votos. Y porque negaron cualquier vinculación de la Justicia Electoral con la página web.

Y el rechazo al pedido de apartamiento de la Secretaria Catalín lo fundan en las mismas razones, olvidando que se le cuestionó no sólo la suscripción como fedataria del acto, sino sus declaraciones públicas.

VII) ELEVACIÓN

Que propusimos como cauce procesal de la recusación y del apartamiento al Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe (arts. 10 y 12).

Que ello fue aceptado por el Excelentísimo Tribunal Electoral.

Y por ende, en este momento procesal, lo que corresponde es la aplicación del artículo 15 del CPCCSF que reza: “Negada por el juez la causal de recusación invocada o denegada la recusación sin causa, éste elevará el incidente al superior para que la decida, sin otro trámite que la apertura a prueba por diez días si fuere necesaria. Igual procedimiento se adoptará para la recusación en segunda instancia.”

Por ello solicitamos se eleve el expediente para resolución de la recusación a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

Ello debería haberse incluido en el AUTO 791, pero su omisión justifica que introduzcamos el presente pedido.

VIII) ACLARACIÓN

Volvemos a expresar que la recusación con causa formulada no implica de ningún modo cuestionamiento a las investiduras ni integridad de los funcionarios recusados.

IX) REINTEGRACIÓN

Admitida la recusación con causa de los señores jueces por parte de la Corte, se dispondrá la reintegración del Tribunal Electoral y el recurso de impugnación que iniciamos en fecha 01/08/11 debe ser analizado por los nuevos miembros.

X) RESERVAS

A todos los efectos advertimos que -en caso de no apartarse del tratamiento del presente- sostendremos la nulidad de cualquier pronunciamiento que incluya a las personas cuestionadas, en particular dejando reservada la vía de la ley provincial 7055 y de su par nacional 48 por la flagrante violación que el no apartamiento significaría a la garantía del debido proceso.

Asimismo, dejamos reservada la vía regia de la ley 7055 si por cualquier motivo se pretendiese poner fin a nuestro recurso con este AUTO 791. Esta advertencia tiene su razón de ser en la insuficiencia del 791 que no indica expresamente ni provee la continuidad del trámite de fondo.

Para el hipotético e improbable caso de que en cualquier instancia y por cualquier resolución, no se hiciese lugar a lo peticionado, dejamos desde ya planteada reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, por estar en juego derechos constitucionales de primer orden, en particular el derecho ciudadano a elegir a las autoridades (derecho electoral activo) y de los candidatos a ser electos (derecho electoral pasivo), así como el interés general de la legalidad y cumplimiento de las normas y principios republicanos constitucionales.

Por los mismos motivos dejamos efectuada la reserva del Recurso Extraordinario Federal (ley 48) para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si fuese denegado en la instancia provincial el pedido que aquí formulo.

Dejamos también reservada la vía para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica por violación de los artículos 23 y 30 de la CADH.

Asimismo dejamos efectuada la reserva de ocurrir ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados en sesiones preparatorias (conforme artículos 2/10 del Reglamento Interno de la misma) a impugnar el título del Sr. Oscar Demetrio Álvarez en el hipotético e improbable caso de que todas las instancias judiciales rechazaran nuestro legítimo reclamo.

XI) PETITORIO

Por todo lo manifestado de V.E. solicitamos:

XI.1) Nos tenga por presentados, y tenga presente el domicilio ad litem constituido disponiendo en él la realización de todas las notificaciones del presente.

XI.2) Por advertidas las falencias en las decisiones y notificaciones del pase a resolución de la recusación y del auto 791, corrigiendo las carátulas y haciéndonos saber el expediente en el que tramitará la impugnación ingresada en fecha 01/08/2011.

XI.3) Por mantenida la recusación con causa de los integrantes del Tribunal Electoral que suscribieron el auto 785 de fecha 27/07/2011, conforme al artículo 12 del CPCCSF y el apartamiento de la Secretaria Electoral conforme al artículo 12 del CPCCSF.

XI.4) Eleve el expediente para la resolución de la recusación a la Excelentísima Corte Provincial.

XI.5) Tenga presentes las reservas del caso si no se hiciese lugar a la recusación y apartamiento planteados, así como las formuladas si no se hiciese lugar al fondo del planteo instaurado.

Provea de conformidad

Y SE HARÁ JUSTICIA

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La que suscribe, Secretaria Electoral de la Provincia, por la presente, hace saber a Uds. que, en los autos caratulados “FACUNDO FERNANDEZ APOD. MOV. PROYECTO SUR S/ADVIERTE QUE SE CORRIJA PAGINA WEB EN EL APARTADO CÁMARAS LA ERRÓNEA ASIG. DE ESCAÑOS (EXPTE. N° 0018317-F-ll); se ha resuelto: “///-TA FE, “Cuna de la Constitución Nacional” – 16 de Agosto de 2011 – Vista la presentación efectuada bajo el Cargo N° 8820 y proveyendo: En cuanto a las falencias en las notificaciones señaladas por los presentantes, cabe señalar que -tal como se advierte- las mismas fueron concretadas en el domicilio de la Alianza Movimiento Proyecto Sur y no en el domicilio constituido ad litem. Siendo ello así, y en razón del respeto al debido proceso legal y a la tutela del derecho constitucional de defensa en juicio, corresponde dejar sin efecto las mismas. Ahora bien, considerando que surge del escrito presentado en la oportunidad -según el tenor de los dichos allí vertidos- el conocimiento por parte de los nombrados del contenido de las decisiones cuyas notificaciones se cuestionan, corresponde tenerlos por notificados de las mismas a partir de la presentación del día de la fecha -vgr. 15 de Agosto de 2011-. Respecto del pedido de ‘elevación del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia’ el mismo resulta improcedente toda vez que dicho Cuerpo no resulta superior de este Tribunal. Ello sin perjuicio de la intervención que al mismo le pudiese caber en razón de las vías recursivas correspondientes. A lo demás, téngase presente. Notifiquese. “. Fdo. Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, Presidente; Dres. Rubén Darío Jukic y Juan Carlos Gemignani, Vocales; Dra. Claudia S. Catalín, Secretaria Electoral (a/c).
En consecuencia, queda Ud. debidamente notificado. Saludóle muy atentamente.

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Ref.: Movimiento Proyecto SUR

 

Solicita copias certificadas para elevación directa (QUEJA)

Rechazo recusación con causa

Apartamiento de la Secretaria Electoral

Reintegración del TE

Excelentísimo Tribunal Electoral:

Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos Del Frade, DNI 14.729.802, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza subsistente para el ejercicio de la procuración, con domicilio que ad litem hemos constituido en calle Francia 3352 de la ciudad de Santa Fe, ante V.E. comparecemos y respetuosamente digo:

Que en atención a la cédula recibida en fecha 19/08/2011 donde se nos deniega la elevación a la Corte Suprema de la recusación instanciada y rechazada, solicitamos se nos haga entrega de las copias previstas en el artículo 357 del CPCC.

Dejamos advertido que en caso de no hacerlo dentro del término legal, denunciaremos la falta de copias en el escrito de interposición directa conforme a la misma norma.

Provea de conformidad

Y SE HARÁ JUSTICIA

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Ref.: Movimiento Proyecto SUR

 

Recurso Directo (QUEJA)

Solicita elevación rechazo recusación con causa

Apartamiento de la Secretaria Electoral

Reintegración del TE

Reservas ley provincial 7055 y ley nacional 48

Reserva CIDH

Reserva de impugnación de título

Excelentísima Corte Suprema

de Justicia de Santa Fe:

Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos Del Frade, DNI 14.729.802, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza subsistente para el ejercicio de la procuración, con domicilio que ad litem constituimos en calle Francia 3352 de la ciudad de Santa Fe, ante V.E. comparecemos y respetuosamente digo:

I) OBJETO

Venimos a instanciar vía directa –queja- según lo previsto en el artículo 15 del CPCCSF que reza: “Negada por el juez la causal de recusación invocada o denegada la recusación sin causa, éste elevará el incidente al superior para que la decida, sin otro trámite que la apertura a prueba por diez días si fuere necesaria. Igual procedimiento se adoptará para la recusación en segunda instancia.”

Y conforme a lo previsto en los artículos 356, 357 y 358 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.

II) CAUCE PROCESAL

Que propusimos como cauce procesal de la recusación y del apartamiento que sostuvimos del Tribunal Electoral al Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe (arts. 10 y 12).

Que ello fue aceptado por el Excelentísimo Tribunal Electoral.

Y por ende, en este momento procesal, lo que corresponde es la aplicación del artículo 15 del CPCCSF, que dispone la elevación al Superior de la recusación con causa rechazada.

Por ello solicitamos se eleve el expediente para resolución de la recusación a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

Sin embargo, por resolución fechada 16/08/2011 el Tribunal Electoral nos dice:

“Respecto del pedido de ‘elevación del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia’ el mismo resulta improcedente toda vez que dicho Cuerpo no resulta superior de este Tribunal. Ello sin perjuicio de la intervención que al mismo le pudiese caber en razón de las vías recursivas correspondientes.”

Y entendemos que ello no es así.

Es de la esencia misma del mecanismo procesal de recusación con causa (camino que fue admitido sin restricciones por el Tribunal Electoral) que no quede en manos de los mismos jueces recusados con causa la decisión final de la procedencia de la misma.

Y procede incluso ante la Corte, tal como expresa la última oración del artículo 15: “Igual procedimiento se adoptará para la recusación en segunda instancia.” Y de hecho hay sobrada jurisprudencia de esta Corte donde resuelve elevaciones de recusaciones con causa denegadas por los Tribunales Colegiados, de Instancia Única, y por las Cámaras.

Lo contrario, que no haya ningún superior, contradice la esencia misma del mecanismo de recusación con causa.

E implicaría una gravísima falencia nulificante de la actuación posterior de los recusados.

Implicaría un dispendio procesal innecesario si luego -en el marco del recurso ley 7055- la Corte entendiese que debió apartarse el Tribunal.

Implicaría también una denegación de justicia, porque quedaríamos en manos de un mismo juez que rechaza por sí mismo, sin ningún control, las recusaciones con causas. Piénsese en casos aún más graves que el nuestro (parentesco, interés personal, actuación previa como parte, prevaricato). ¿Es lógico entender que nadie controla a un órgano judicial que rechaza una recusación con causa?

Y, finalmente, si no hubiese control, estaríamos ante una alevosa violación del principio constitucional de debido proceso y de juez natural, ya que no podemos quedar sometidos a jueces que ya no nos corresponden por haberse pronunciado con antelación sobre el fondo normativo de nuestro reclamo.

En conclusión: entendemos que debe la Excelentísima Corte solicitar la remisión del expediente al Tribunal Electoral para analizar el rechazo a la recusación, y los fundamentos que expusimos para ella.

De este modo se resguardará debidamente el proceso y se evitará el planteo de futuras nulidades.

III) COPIAS

Que la Secretaria del Tribunal Electoral, al notificarnos el rechazo de la elevación por ante esta Excelentísima Corte, omitió entregarnos copias, ni las hemos recibido hasta el momento en que interpusimos el presente.

Ello se manifiesta tal como lo prevé el artículo 357 in fine del CPCCSF.

IV) ACLARACIÓN

Volvemos a expresar que la recusación con causa formulada no implica de ningún modo cuestionamiento a las investiduras ni integridad de los funcionarios recusados.

V) REINTEGRACIÓN

Admitida la recusación con causa de los señores jueces del Tribunal Electoral por parte de esta Excelentísima Corte, se dispondrá la reintegración del Tribunal Electoral y el recurso de impugnación que iniciamos en fecha 01/08/11 debe ser analizado por los nuevos miembros.

VI) RESERVAS

A todos los efectos advertimos que sostendremos la nulidad de cualquier pronunciamiento que incluya a las personas cuestionadas, en particular dejando reservada la vía de la ley provincial 7055 y de su par nacional 48 por la flagrante violación que el no apartamiento significaría a la garantía del debido proceso.

Asimismo, dejamos reservada la vía regia de la ley 7055 si por cualquier motivo se pretendiese poner fin a nuestro recurso con el AUTO 791. Esta advertencia tiene su razón de ser en la insuficiencia del 791 que no indica expresamente ni provee la continuidad del trámite de fondo.

Para el hipotético e improbable caso de que en cualquier instancia y por cualquier resolución, no se hiciese lugar a lo peticionado, dejamos desde ya planteada reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, por estar en juego derechos constitucionales de primer orden, en particular el derecho ciudadano a elegir a las autoridades (derecho electoral activo) y de los candidatos a ser electos (derecho electoral pasivo), así como el interés general de la legalidad y cumplimiento de las normas y principios republicanos constitucionales.

Por los mismos motivos dejamos efectuada la reserva del Recurso Extraordinario Federal (ley 48) para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si fuese denegado en la instancia provincial el pedido que aquí formulo.

Dejamos también reservada la vía para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica por violación de los artículos 23 y 30 de la CADH.

Asimismo dejamos efectuada la reserva de ocurrir ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados en sesiones preparatorias (conforme artículos 2/10 del Reglamento Interno de la misma) a impugnar el título del Sr. Oscar Demetrio Álvarez en el hipotético e improbable caso de que todas las instancias judiciales rechazaran nuestro legítimo reclamo.

VII) PETITORIO

Por todo lo manifestado de V.E. solicitamos:

VII.1) Nos tenga por presentados, con domicilio ad litem constituido, y nos conceda la participación que por derecho nos corresponde.

VII.2) Por instanciada vía directa –queja- contra la negativa a elevar el rechazo de recusación con causa efectuado por el Tribunal Electoral.

VII.3) Por mantenida la recusación con causa de los integrantes del Tribunal Electoral que suscribieron el auto 785 de fecha 27/07/2011, conforme al artículo 10 inciso 5 del CPCCSF y el apartamiento de la Secretaria Electoral conforme al artículo 12 del CPCCSF.

VII.4) Requiera al Tribunal Electoral que eleve el expediente para la resolución de la recusación a la Excelentísima Corte Provincial.

VII.5) Tenga presentes las reservas del caso si no se hiciese lugar a la recusación y apartamiento planteados, así como las formuladas si no se hiciese lugar al fondo del planteo instaurado.

Provea de conformidad

Y SE HARÁ JUSTICIA

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FERNANDEZ.

 

Santa Fe, 7 de septiembre del año 2011.

Vistos: los autos “Fernández, Facundo- Apod. Mov. Proyecto Sur s/ Advierte que se corrija página web en el apartado cámaras errónea asig. de escaños sobre queja” Expte. C.S.J Nº 396/2011. y,

Considerando:

1-     Sucintamente expresados los hechos que motivan la presente decisión resultan los siguientes:

Los señores Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos del Frade, con patrocinio letrado, interponen queja contra lo decidido por el Tribunal Electoral en fecha 16 de agosto del corriente año- en lo que aquí interesa- denegó el pedido de elevación del expediente a esta Sede, formulado luego de que el citado Cuerpo les rechazara las recusaciones articuladas a sus integrantes por auto nro. 0791, de fecha 11.08.11.

Fundaron su presentación ante esta Corte en el artículo 15 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-al disponer que “negada por el juez la causal de recusación invocada o denegada la recusación sin causa, éste elevará el incidente al superior para que la decida, sin otro trámite que la apertura a prueba por diez días si fuere necesaria. Igual procedimiento se adoptará para la recusación en segunda instancia”- y en los artículos 356, 357 y 358 del mismo digesto.

Expresaron que cuando recusaron a los integrantes del Tribunal Electoral propusieron como cauce procesal al Código adjetivo mencionado, lo que fue aceptado por ese Cuerpo y, por lo tanto- afirmaron- debe aplicarse el citado artículo 15 que dispone la elevación de la causa al superior cuando la recusación es rechazada, lo que así pidieron pero fue desestimado por el Tribunal Electoral el día 16-8-11.argumentando que ello resulta improcedente toda vez que la Corte no resulta superior de ese órgano, sin perjuicio de su intervención por las vías recursivas correspondientes.

Manifestaron que ello no es así ya que la decisión final de la recusación con causa no puede quedar en manos de los mismos jueces recusados y procede incluso ante esta Corte. Agregaron que lo contrario implicaría una gravísima falencia nulificante de la actuación posterior de los recusados, implicando un dispendio procesal innecesario y una denegación de justicia al quedar en manos de un mismo juez que rechaza por si mismo sin ningún control, violándose el principio constitucional del debido proceso y del juez natural.

Así, entendieron que debe esta Corte solicitar la remisión de los autos al Tribunal Electoral para analizar el rechazo a la recusación y los fundamentos que oportunamente expusieron.

Por último, formularon reservas de la ley provincial 7055 y nacional 48.

2-     Habrá de desestimarse el recurso interpuesto.

En primer lugar, esa decisión corresponde adoptar en razón de que el mecanismo del artículo 15 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia que invocan los recurrentes no resulta aplicable a casos como el presente dado que el Tribunal Electoral de la Provincia es un órgano independiente, que no es parte del Poder Judicial y, por lo tanto, no le alcanzan las previsiones de los artículos 83 y ss. de la Constitución provincial, en particular, la subordinación o supraordenación jerárquica respecto de esta Corte Suprema.

Siendo así, resulta improcedente el pedido de aplicación del sistema diseñado por la norma mencionada máxima si se repara en que de la manera propuesta se intenta romper el cerco del artículo 93 de la Constitución provincial, que regula en numerus clausus la competencia de esta Corte, toda vez que se intenta una vía que no resulta subsumible en ninguno de los supuestos allí contemplados (Cfr. A. y S. T. 90, pág. 290; T. 91, pág. 414; T. 187, pág. 285).

En relación a ello amerita también advertir que se deduce un “recurso de queja” sin que previamente se haya interpuesto el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, camino éste que es el indicado para obtener el control judicial de las decisiones del Tribunal Electoral de la Provincia y que si motivaría la competencia de esta Corte en virtud de lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 93 de la Carta provincial ya sea que fuera concedido por el citado Cuerpo ese remedio o, ante su denegación, por la presentación del recurso de hecho regulado en el artículo 8º del citado digesto legal.

En razón de lo expuesto, por último, resulta más aparente que real el argumento de los presentantes relacionado con que el rechazo de las recusaciones por parte de los integrantes del Tribunal Electoral no tendrían control judicial suficiente ya que, precisamente, es la ley 7055 la que brinda a los nombrados la posibilidad de ese contralor, en caso de que así lo postulen, por ante este Cuerpo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: Falistocco Gastaldi Netri Spuler Fernández Riestra (Secretaria).

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Ref.: Movimiento Proyecto SUR

 

Solicita Pronto Despacho

Excelentísimo Tribunal Electoral:

Facundo Fernández, apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur, y Carlos Del Frade, DNI 14.729.802, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza subsistente para el ejercicio de la procuración, con domicilio que ad litem hemos constituido en calle Francia 3352 de la ciudad de Santa Fe, ante V.E. comparecemos y respetuosamente digo:

Que en atención al tiempo transcurrido, la proximidad de la integración de la nueva Legislatura, y las disposiciones legales que rigen el accionar de este Excelentísimo Tribunal, vengo a interponer PRONTO DESPACHO de nuestro reclamo introducido en fecha 01/08/2011, solicitando se reinicie el trámite de la causa proveyendo debidamente nuestro escrito liminar.

Provea de conformidad

Y SE HARÁ JUSTICIA

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Santa Fe, 14 de octubre de 2011.

 

VISTO:

 

El Expediente Nro. 0018317-M-11 del registro del Tribunal Electoral de la Provincia, caratulado: “Facundo Fernández Apod. Mov. Proyecto Sur s/ Advierte que se corrija la Página Web en el Apartado Cámaras La Errónea Asig. de Escaños”;y

 

CONSIDERANDO:

1) Que como resulta sabido, el día domingo 24 de julio del corriente año se desarrollaron los comicios electorales provinciales para elegir, entre otros, a los Diputados Provinciales.

Que el día miércoles 27 de ese mismo mes y año se dio inicio al escrutinio definitivo (Art. 112 Código Electoral Nacional), finalizando el mismo el día viernes 29 de julio de este año.

Que el día sábado 30 de julio próximo pasado se celebró la audiencia prevista en el artículo 121 del Código Electoral Nacional que contempla las protestas contra el escrutinio diciendo: “Finalizadas estas operaciones el Presidente de la Junta preguntará a los apoderados de los partidos si hay protesta que formular contra el escrutinio. No habiéndose hecho o después de resueltas las que se presentaren, la Junta acordará un dictámen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección”.

Que debe señalarse que el apoderado del Movimiento Proyecto Sur fue debidamente notificado de la audiencia del artículo 121 y no realizó en esa oportunidad ninguna impugnación sobre el escrutinio.

Por lo tanto, echa de verse, que lo relacionado a este tema ha quedado definitivamente concluído en dicha oportunidad.

II) No obstante ello, según las constancias de autos, en fecha 26 de julio el apoderado Facundo Fernández del Movimiento Proyecto Sur, presentó un escrito solicitando que cuando se realice el escrutinio se tenga como base para repartir las bancas no el 3% del padrón electoral sino el 3% de los votos válidos emitidos.

A ese pedido el Tribunal Electoral con fecha 27 de julio por intermedio de la resolución obrante a fojas 6/11 desestimó el planteo efectuado.

En fecha 1ª de agosto comparece el apoderado de la alianza Movimiento Proyecto Sur y el señor Carlos Del Frade planteando la recusación de los integrantes del Tribunal Electoral y la separación de la Secretaria de ese Órgano. Además dicen que una vez reconstituído el Tribunal se resuelva lo solicitado en los puntos XII.5), XII.6), XII,7), XII.8) y XII.9).

A lo cual el Presidente a foja 48 resuelve pasar al Tribunal a los fines de resolver las recusaciones de sus miembros y la separación de la Secretaria.

A fojas 52/52 vta., con fecha 3 de agosto, los presentantes ampliaron los fundamentos de la recusación del Presidente del Tribunal, a lo que se decretó “téngase presente lo manifestado para cuando el Tribunal Electoral resuelva las recusaciones planteadas oportunamente” (fs. 54 vta.).

En fecha 11 de agosto el Tribunal Electoral decidió rechazar las recusaciones aludidas y la separación de la Secretaria (fs. 56/59).

A Fojas 61/65 (15 de agosto), los ocurrentes solicitan se eleve el expediente para resolución de la recusación de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a lo cual a foja 66, mediante resolución del 16 de agosto de este año, se resuelve desestimar lo peticionado.

A foja 71 se presentan el apoderado de la Alianza Movimiento Proyecto Sur y el señor Carlos Del Frade manifestando que en atención a la denegatoria por parte de la Corte del recurso de queja deducido respecto de la recusación formulada “venimos a solicitar se reinicie el trámite de nuestra causa proveyendo nuestro escrito liminar”.

III) Que teniendo en cuenta que el escrito en que se pretende la reanudación del trámite es de fecha 01 de agosto de este año, solicitado no debe ser acogido debido a que la intervención de este Tribunal en el tema en cuestión quedó definitivamente terminada con la audiencia del artículo 121 del Código Electoral Nacional de fecha 30 de julio de este año en donde no consta ninguna impugnación al escrutinio realizado en esa oportunidad.

Por lo tanto no corresponde hacer lugar a lo peticionado. Es que, como surge del relato precedente, los ocurrentes no usaron debidamente las vías que tenían a los fines de formular su impugnación con anterioridad a la audiencia del artículo 121 mediante el empleo de los recursos correspondientes, ni tampoco, momo se señalara, observaron ninguna cuestión en el momento de celebrarse la referida audiencia.

Por ello,

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

1-    Desestimar lo peticionado en autos a fs. 71.

2-    Regístrese, notifíquese y archívese.

Fdo.:

Dr. Rafael Francisco Gutierrez, Presidente

Dr. Rubén Dario Jukic, Vocal

Dr. Juan Carlos Gemignani, Vocal

Dra. Claudia Susana Catalín, Secretaria Electoral (a/c)

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“Santa Fe, 19 de octubre de 2011. Hágase entrega de las copias solicitadas. Suspéndase los términos que estuvieren corriendo, los que se reanudarán a partir de la notificación del presente. Notifíquese, con copia Auto Nro. 0803 de fecha 14/10/2011.”

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Y un día de mayo de 2013, dos años después, la Corte se dignó a llamar autos para tratar la cuestión de fondo…

Ahora, a esperar que termine el mandato de la actual Legislatura (?)…

(click en la imagen para ampliarla)

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Finalmente, en noviembre de 2013, más de dos años después, la Corte resolvió rechazar el Recurso de Queja de Proyecto Sur considerando que no había razones para variar su antiguo criterio y alterar el decreto ley de los umbrales.
La única disidencia fue de Erbetta quien menciona que por los importantes y serios argumentos expuestos, y por la gravedad del tema, la Corte debe volver a analizar un tema tan trascendental como éste.
Ahora, al Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación…
Aquí se puede ver la sentencia que pone fin a la etapa santafesina.

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Interpusimos Recurso Extraordinario Federal, de manera indirecta (ante la sede de la Corte Provincial) y pedimos se nos deje llevar el expediente ante la Corte Federal.
Por ahora, compartimos el dictamen del Procurador General Barraguirre, contrariando nuestras peticiones, y pidiendo por la validez de la injustísima norma 9280 y tratando de impedir su revisión por la Corte Nacional.
El dictamen lo compartimos haciendo click aquí.

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Y aquí, el fallo de la Corte Suprema Santafesina, que deniega el Recurso Extraordinario Federal, impidiéndonos la remisión del expediente a la Corte.
El fallo sale 4 a 1, Gutiérrez no participó de la sentencia, y Erbetta hace una imperdible y sesuda disidencia, en la que indudablemente se basará la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para leerlo y analizarlo, CLICK !

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(la presentación del 10/06/2015 aquí)

EL PROBLEMA DEL 3% EN LAS ELECCIONES DE SANTA FE
La asignación de bancas en la Provincia de Santa Fe sólo tiene importancia respecto a los 22 diputados que quedan para las minorías, ya que la mayoría se lleva 28 por mecanismo de ‘lista semicompleta’.
Pero los 22 restantes se reparten por el más justo: el sistema D’Hont. El fulano Víctor D’Hont era un belga que sabía de matemáticas y derecho (combinación extraña) y estableció un interesante esquema para el reparto de los órganos colegiados.
Pero no es ése el problema santafesino, sino quiénes entran al reparto que se hace por el mecanismo del belga.

LA 9280
La ley  de facto 9280, dictada en 1982 en vistas a la primera elección de la recuperada democracia, estableció en su artículo 5 que para entrar en el reparto de los cargos colegiados -como son los 22 diputados- una lista debe obtener como mínimo una cantidad de votos igual al 3% de electores inscriptos en el padrón.
Este es el mismo criterio que establece el artículo 160 del Código Electoral Nacional (ley 19945) para Diputados Nacionales, y que establecía la 22838 a la que la 9280 remitió.

EL PISO O EL UMBRAL
La ingeniería constitucional ha inventado el requisito del piso para entrar al reparto como un mecanismo de evitar la dispersión partidaria.
Se les requiere a los partidos que, para entrar a la sala donde se repartirán los escaños, hayan obtenido una cantidad de votos que los legitime como partidos importantes.
Cuanto más alto sea el umbral, menos partidos subsistirán.
Cuanto más bajo sea, más partidos entrarán al reparto y por ende habrá más voces distintas en las Cámaras.
Históricamente en Argentina se ha tendido al bipartidismo, aminorado hoy en un grisáceo y oscilante tripartidismo, y por eso se han ido estableciendo pisos.
Pero la tendencia argentina es, desde 1994, bajar los umbrales y aumentar la posibilidad de representación de las minorías. Es lo que se llama ‘pluralismo’.

FALSOS VOTANTES
El problema con un piso basado en el padrón total es que la norma  se sujeta a un número falso: electores inscriptos. Muchos de ellos no existen (están muertos, por ejemplos) y otros muchos no quieren participar.

Y si vota poca gente, o si los votos se distribuyen mucho entre varios partidos, puede llegar a ocurrir que ninguno, o sólo uno, alcance el famoso 3% del padrón.
La mayor justicia está en que se distribuyan las bancas computando los cocientes sobre los ciudadanos que efectivamente participaron del proceso electoral (esto refiere al total de ciudadanos que fueron a votar, aunque hayan anulado el voto, o votado en blanco).
Y más justo aún es que se compute sobre los votos válidamente emitidos (no contabilizando nulos ni blancos).
De este modo nunca se darán casos en que no se pueda hacer el reparto, o en que un solo partido se quede con todos los escaños.
Este es el criterio que establece la única norma electoral contenida en la Constitución Nacional (arts. 97 y 98) donde la reforma constitucional de 1994, fijó para la elección de presidente que el cómputo se realice sobre los votos afirmativos válidos emitidos.

LA CAÍDA DE LA 9280 Y EL SURGIMIENTO DE LA LEY 12367
El Código Electoral Santafesino fue dejando progresivamente de lado la vieja ley 9280. Pero la Ley de Lemas (10524) la incorporó a su texto en tanto no se contradijese con dicho sistema.
Así, cuando por ley 12367 se deroga la Ley de Lemas y se establece el sistema de PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) se deroga toda la normativa electoral anterior, obviamente tan distinta a la nueva.
Y derogada íntegramente la 10524, cae también la 9280 que había sido resucitada por ella, y que sólo tenía sentido de supervivencia en ese sistema.
Y la actual ley electoral 12367 establece sus reglas para las primarias que crea, y nuevas reglas para las generales.
La ley 12367 pudo nombrar, como lo hacía la de Lemas, a la ley 9280 para rescatarla. Si no lo hizo, fue porque no quiso que mantenga ninguna vigencia.
Pero además, los regímenes electorales son sistemas que prevén una cerrada hermenéutica de principios: y tanto la 12367 como la 13156 (SIBOLU) atienden a los votos válidos emitidos, lo cual forma un globo de ideas que en nada se relaciona con la 9280.

QUÉ DICE EL ACTUAL RÉGIMEN ELECTORAL
Toda la ley 12367 está orientada a ampliar la participación ciudadana, a revalorizar los votos, y a incrementar la representación de las minorías partidarias e ideológicas.
Y, con este horizonte, establece dos normas importantísimas:
* el tercer párrafo del artículo 9 habla de que los puestos de Diputados Provinciales y de Concejales se asignarán a quienes hayan obtenido una suma de votos superior al 3% de ‘votos válidamente emitidos’ en las PASO.
La norma parece orientarse a la conformación de las listas para las generales. Pero como establece esta nueva regla, tan diferente de la anterior, y no exceptúa a las generales de este modo de cálculo, debería entenderse que la nueva ley deroga en ese aspecto a la anterior.
Además, no parecería ser razonable pedir el cumplimiento de un piso en las primarias, y otro distinto en las generales.
*el artículo 18 de la 12367 dice que el reparto de los escaños obtenidos en las generales se hará de acuerdo al artículo 32 de la Constitución Provincial repartiendo por sistema D’Hondt los 22 de las minorías.
Pero este artículo no renueva el piso previsto en la 9280, ni siquiera la menciona. Directamente habla del sistema D’Hondt puro, sin piso alguno.
Por ende, si nos atenemos al art. 18, directamente los 22 diputados deberían repartirse entre todos los partidos, sin umbral ninguno de ingreso.
Pero, como veremos luego, en el debate de sanción la idea fue que el 3% de los válidos sea el criterio en ambas elecciones.

EL DEBATE
La pluralidad de voces en la elección de Diputados fue lo que quiso consagrar la Legislatura cuando dictó la ley 12367, y así surge del debate legislativo.
El 19/08/2004 la Cámara de Diputados analiza el proyecto. Al tratar el artículo 9 se produce un cruce entre los diputados Raúl  Lamberto y Gabriel Real, terciando Brignoni fuera de micrófono. El artículo proyectado establecía el 5% de los votos válidos emitidos y no el 3%.
Cuando debaten, los diputados sostienen que es preciso equiparar las primarias y las generales, y por eso acuerdan bajar del 5 al 3, y queda en claro que en ambas elecciones se requerirá el mismo piso: sobre votos válidamente emitidos.
Incluso explicitan que la ley 9280 está siendo derogada y superada por esta nueva ley ya que muchos sectores la repudiaban desde 1983 por ser una norma proveniente del Proceso, que buscaba acallar a las minorías ideológicas.
Queda así en claro que la voluntad del legislador fue derogar la ley 9280, por lo menos su artículo 5.
Pero además porque el nuevo sistema es totalmente incompatible con el anterior, ya que prevé controlar los pisos en primarias, no siendo ya importantes en este aspecto las generales.

EL CASO MARTINO
En el 2007 se planteó la problemática ante el Tribunal Electoral, y luego ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, por el acceso de un Diputado Provincial que provenía de la lista de la UCR fuera del FPCyS.
Ya existía un antecedente llamado ‘Mauri’ de un concejal, dos años antes.
Aquí ni el Tribunal Electoral ni la Corte hicieron lugar al planteo de Martino, principalmente porque entendieron que la vía procesal utilizada por el Dr. Terrile (patrocinante de Martino) era inadecuada (acción meramente declarativa de certeza).
Pero la Corte dejó la puerta abierta a que se analice más profundamente si la 9280 estaba o no derogada, diciendo que Martino no había tratado correctamente este punto, que consideraba el central.
Por ende, más temprano que tarde, la Corte debería pronunciarse claramente sobre el fondo de este asunto y desentrañar el juego de ambas normas en pugna para conocer el cabal sentido constitucional ínsito en ellas.
Y a eso habrá que ceñirse porque bien sabemos que la Constitución es lo que la Corte dice que es…

SINTESIS VOLUNTARISTA
Siempre en derecho constitucional debemos mirar la consecuencia de las normas que sostenemos como válidas.
El derecho constitucional no es, no puede ser, un derecho aséptico. Es un derecho de valores prefijados por la misma Constitución.
Y los valores principales en nuestro país, y en nuestra provincia, son los republicanos, liberales y democráticos.
Es preferible, en ese criterio del constitucionalismo, que haya más voces, que haya más diversidad partidaria en los cuerpos colegiados, que haya más debate en los ámbitos legislativos.
Y la tendencia mundial en la ingeniería constitucional es bajar los umbrales, especialmente en países como el nuestro que no están tan fragmentados partidariamente como sí lo estaban países como Italia hace 20 años.
Y, en todo caso, si ya se estableció un piso para que el partido pueda existir, y participar en la elección general, es bueno que los votantes no se vean defraudados por un formalismo, ya que precisamente las primarias son el momento del descarte, y no las generales mediante una burla posterior al escrutinio.
Caso contrario, todos los votos de quienes no alcanzan al piso arbitrariamente fijado, son tirados a la basura institucional, y lo que los sistemas barren bajo la alfombra termina estallando siempre de algún modo.

Nota bene 1: Transcribimos al pie la ley 9280, la ley 12367 y la breve discusión sobre el artículo 9. También el fallo ‘Martino’ de la CSJPSF.

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Hace ya largo tiempo que venimos pensando en escribir algo sobre la necesidad de avanzar hacia el voto facultativo.
Y, como parte de nuestras reflexiones, creemos que sería bueno avanzar a métodos de consulta popular más frecuentes, ágiles.
Tuvimos la grata sorpresa de encontrar un excelente texto de Martín Caparrós sobre el tema y nos parece interesante compartirlo mientras seguimos pensando algo propio.

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Elecciones

EL DECRETO 936/2011  Y  EL ‘RUBRO 59’

El 05/07/2011 la presidenta Cristina Fernández dictó el decreto 936/2011 que estableció:
“Artículo 1º — Con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.

Sinteticemos la norma:
a- se propone como decreto de ejecución (cita el artículo 99 inciso 1 de la CN) y reglamentario (cita también el inciso 2) de las leyes 26485 (protección integral a las mujeres) y 26364 (prevención y sanción de la trata de personas), y sin manifestarlo en los considerandos reglamenta también la 26522 (servicios de comunicación audiovisual).

b- se autodefine como ‘de orden público’ remitiendo al artículo 1 de la 26485. Con ello pretende su aplicación inmediata, retroactiva, y en todo el país sin importar las competencias provinciales.

c- prohíbe totalmente (no limita) los ‘avisos’ que:
c-1- promuevan (o efectúen?) oferta sexual
c-2- soliciten personas para comercio sexual
incluso cuando dichos avisos sean disimulos de c-1 o c-2

d- enarbola como fines de la norma
d-1- ‘prevenir’ el delito de trata de personas (tipificado en el artículo 145 bis del Código Penal)
d-2- la ‘paulatina’ eliminación de las formas de discriminación de las mujeres

e- los ‘avisos’ pueden estar en cualquier medio. Pero el artículo 4º detalla sólo los medios gráficos. Y el artículo 3º crea la Oficina de Monitoreo pero le habilita solamente a controlar medios gráficos. Sin embargo el Ministro de Justicia (autoridad de aplicación) dijo aquí que avanzará en la oferta en internet y en los papeles en vía pública.

INCONSTITUCIONALIDAD POR LESION A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José de Costa Rica)
El artículo 13 de dicha norma con jerarquía constitucional requiere que -para limitar la libertad de expresión- pueden establecerse sanciones a ciertas expresiones, pero no prohibiciones previas.
Y tales restricciones sólo se pueden establecer (como enseña Ramiro Álvarez Ugarte) si:
1) cumple un objetivo legítimo (el objeto explicitado lo es)
2) ser compatible con la discusión en una sociedad democrática (la afección no es grave al debate público)
3) disponerse por ley en sentido formal (conforme opinión consultiva 6/86)
Y claramente este tercer punto es el que no se cumpliría en este caso, ya que el decreto (al no ser un DNU) no tiene siquiera carácter de ley en sentido material
Aquí disiente Gustavo Arballo quien entiende que la restricción ya existe en la ley 26485 (art. 6-f), y el decreto sólo la reglamenta, con lo cual el requisito estaría cumplido. Si bien Arballo admite que la habilitación legal de control no alcanza a lo que no sean medios masivos.
En nuestra humilde opinión, siguiendo como siempre a Andrés Gil Domínguez, el decreto no es medio constitucionalmente hábil ni para restringir la oferta comercial de sexo entre adultos ni para prohibir -y menos sancionar- la publicación de avisos de oferta de servicios sexuales, por  incurrir en una clara contradicción del artículo 13 de la Convención Americana de San José.
Si los países signatarios hubiesen admitido que la Libertad de Expresión podía limitarse por decretos presidenciales, hubiesen establecido una protección aminorada. Por el contrario, el espíritu, y la letra del Pacto pretenden una amplísima libertad de expresión sólo restringible tras un amplio y consensuado debate público parlamentario.

¿ES LIBERTAD DE EXPRESION LA LIBERTAD DE COMPRAR UN AVISO CLASIFICADO?
Entendemos que sí. Y muy esencial parte de la libertad de expresión es la posibilidad de acceder -aunque sea pagando- a expresar lo que deseamos en los medios.
Esta no es una libertad de las empresas de medios, sino una libertad de los usuarios de medios. Tenemos derecho a publicar avisos como tenemos derecho a publicar solicitadas y publicidades de todo tipo.
Claro que no puede obligarse a los medios a publicar avisos que vayan contra sus protocolos éticos dictados y aplicados con carácter general.
Por eso también es que muchos medios venían autolimitándose y se negaban a publicar avisos de oferta sexual.

EL OBJETO DEL DECRETO ES INCONSTITUCIONAL: LA PROSTITUCION ES UNA ACTIVIDAD TUTELADA CONSTITUCIONALMENTE
Como sostuvimos hace unos años en nuestro artículo “El derecho constitucional a prostituirse” no está prohibida la actividad comercial de intercambiar sexo por dinero.
Si la oferta de sexo la hace un hombre o una mujer adultos y libres (consentimiento) y la acepta otro adulto libre, no puede ser impedido este trato por el Estado.
Este acuerdo está dentro del principio constitucional de intimidad (artículo 19) ya que se trata de actos que no afectan a terceros.
Más aún: el artículo 14 CN establece el derecho a comerciar libremente, y a ejercer industria lícita (no reprimida penalmente).
No hablamos de la trata de personas, actividad repudiable y tipificada por el Código Penal, ni del proxenetismo.
Hablamos sencillamente de la prostitución, que no es una actividad punible ni punida.
Hablamos de una actividad que -pese a estar permitida- el decreto 936/2011 sugiere que no es lícita.
Hablamos de una actividad antiquísima, extendidísima, y que el decreto no regula, sino que se limita a esconderla bajo la alfombra.
Y, como siempre decimos, normas que serán objeto de burla en la conducta cotidiana de los ciudadanos, son normas que llevan al mayor desprestigio del derecho, y deben ser evitadas por el poder.
Pero además, la persecución de avisos que encubran la oferta sexual mediante ‘alusiones engañosas a actividades lícitas’, es de cumplimiento imposible, ya que no es fácil determinar a simple vista que quien ofrece animar una fiesta en verdad ofrece servicios sexuales, que, como ya adelantamos, no es una actividad ilícita.
En este punto señala Arballo que la carga de la prueba de la falsedad incumbe al Estado, y que si la actividad aparece como lícita (busco chicas para secretarias ejecutivas en Tinogasta) será muy difícil sancionar al medio que toma el aviso.
Así, el decreto, pretende modificar toda la regulación constitucional e infraconstitucional de la actividad convirtiendo en delito aquello que sólo podría considerarse pecado.

INCONSTITUCIONALIDAD POR IRRAZONABILIDAD
Como enseña el artículo 28, las reglamentaciones de los derechos deben establecerse razonablemente.
Uno de los ‘test de razonabilidad’ que han creado la doctrina y la jurisprudencia, consiste en comprobar que los medios utilizados se adecuen a los fines perseguidos.
En este caso el decreto 936/2011 establece como finalidad
1- ‘prevenir’ el delito de trata de personas (tipificado en el artículo 145 bis del Código Penal)

LA CENSURA PREVIA

PREFERÍAMOS UN REGISTRO
Nos gustaba más la idea sugerida por  Andrés Gil Domínguez consistente en que los medios que aceptasen avisos de índole sexual tuviesen que llevar un registro estricto de quiénes los publicaban, de modo de controlar la actividad, los fines de la publicidad, y enseriar el rubro.
De ese modo se lograban mejor aún los fines propuestos, y no se afectaba la Libertad de Expresión.

INCONSTITUCIONALIDAD DE CUALQUIER SANCIÓN DERIVADA DE ESTE DECRETO. NULLA POENA SINE LEGE
En nuestro sistema constitucional no puede haber un régimen sancionatorio (como bien apunta Andrés Gil Domínguez) por decreto, y toda restricción al derecho-llave de Libertad de Expresión debe estar claramente autorizada en la ley (formal del Congreso).
Gustavo Arballo adhiere a que no pueden aplicarse sanciones basadas en este decreto, porque la habilitación legal que él ve en la 26485 para restringir los avisos no alcanza para establecer sanciones por derivación.
Nunca puede el PEN establecer delitos, mucho menos so pretexto de reglamentación (salvo los discutidísimos casos de ley penal en blanco).
Y más teniendo en cuenta que a través de este decreto pretende penarse la prostitución que no está reprimida penalmente (se habla de ‘otras actividades lícitas’ sugiriendo que la prostitución no lo es).  Ello es -por lo menos- un gravísimo error.

POR UN STS (Sindicato Trabajadores de las Sábanas)
Creemos que la prostitución no puede seguir siendo ignorada por el derecho argentino.
Es menester que se tome el toro por sus ásperas astas y se piense en lo siguiente:
* Fomentar la agremiación
* Establecer un régimen de trabajo que permita controlar horas y días de labor, remuneración, formalización impositiva, beneficios previsionales, etc.
* Controles sanitarios y campañas de información y asistencia que eviten que sufran y difundan enfermedades de transmisión venérea
* Las legislaturas provinciales deben eliminar todas las normas de sus códigos de faltas que sancionan la prostitución que no afecte a terceros

EL PALACIO DE LA LIBERTAD
Y el gran problema de este tipo de normas es que no debemos permitir que se empiece con gotitas de agua normativas a horadar la piedra de las libertades civiles.
Como la Corte dijera en SOJO: “El palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus defectos, revocable según las conveniencias públicas del momento; el palladium de la libertad es la Constitución, ésa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia federal”.
Lamentablemente, como descubrieron los norteamericanos con los atentados del 11-S, en épocas de crisis las ciudadanías están dispuestas a renunciar a porciones de libertad. Y luego, es dificilísimo recuperarlas.
Y si dejamos que los Gobiernos, aludiendo a motivos nobles, restrinjan las libertades, no sabemos dónde se termina.
Dijo el constitucionalista padre de Filadelfia, Alexander Hamilton:
“El principio fundamental del gobierno republicano, reconoce el derecho del pueblo a alterar o abolir la Constitución en vigor en todo caso en que llegue a la conclusión de que está en desacuerdo con su felicidad, sin embargo no sería legítimo deducir de este principio que los representantes del pueblo estarían autorizados por esa circunstancia para violar las prevenciones de la Constitución vigente cada vez que una afición pasajera dominara a una mayoría de sus electores en un sentido contrario a dichas disposiciones, o que los tribunales estarían más obligados a tolerar las infracciones cometidas en esta forma que las que procedieran únicamente de las maquinaciones del cuerpo representativo. Mientras el pueblo no haya anulado o cambiado la forma establecida, por medio de un acto solemne y legalmente autorizado, seguirá obligándolo tanto individual como colectivamente; y ninguna suposición con respecto a sus sentimientos, ni aun el conocimiento fehaciente de ellos, puede autorizar a sus representantes para apartarse de dicha forma previamente al acto que indicamos. Pero es fácil comprender que se necesitaría una firmeza poco común de parte de los jueces para que sigan cumpliendo con su deber como fieles guardianes de la Constitución, cuando las contravenciones a ella por el Legislativo hayan sido alentadas por la opinión de la mayor parte de la comunidad.”
Es nuestro deber sostener las libertades que la Constitución reconoce, en todo tiempo, en toda circunstancia, y frente a cualquier cruzada moral o ideológica.

CONCLUSIÓN: EL AVESTRUZ ES LA PEOR PROSTITUTA
Normas que pretenden ocultar lo que existe, esconder la cabeza en la ignorancia, convertir en fantasmas a los hombres y mujeres que deambulan por las esquinas, son siempre negativas en una sociedad democrática madura.
El Estado no puede elegir un plan de vida para todos sus habitantes. Los argentinos quisimos ser libres, o morir con gloria (aunque fuera por una enfermedad venérea).
Claro que es mejor estudiar y ser profesional. Claro que es mejor aprender un oficio y trabajar en un taller. Claro que es mejor conseguir un empleo estable y asegurar el sostén de la familia. Claro que es mejor reservar el cuerpo para quien nos ama.
Pero lo que puede ser pecado, no siempre es delito. Por eso la Constitución dice que esas acciones quedan reservadas a Dios y no pueden ser revisadas por los jueces.
Pero hay momentos en que el Estado se siente imbuido de valores y saberes que cree necesario imponer a los ciudadanos. Pero el Estado Constitucional de Derecho no puede sostener ideas morales que impliquen modificaciones a los planes de vida de sus ciudadanos, salvo que esos planes afecten a terceros y sean tipificados en el Código Penal.
Estamos convencidos de que invisibilizar la prostitución sólo colabora a la extensión de las redes mafiosas de trata y de protección política y policial, incrementando la desprotección de las trabajadoras independientes que viven de este trabajo por elección o porque no consiguen otro que les traiga los mismos beneficios.
A nosotros nos apena la prostitución, nos duele que haya gente que se vea necesitada de ejercerla. Pero la pena no nos puede llevar a ocultarlos, a perseguirlos. La conmiseración, la misericordia, conducen por otros derroteros, no por el de la sanción. Seguramente estas normas son más inspiradas por la vergüenza,  la hipocresía y la impotencia, que por la piedad.
Nuestra Constitución quiso un país donde podamos elegir. Nosotros debemos defenderlo.
Así protegemos nuestras libertades, y las de nuestros hijos, y las de todos los que quieran habitar nuestro suelo, aunque sea para prostituirse…

NOTAS RELACIONADAS:
Derecho constitucional a prostituirse

Publicamos un texto ordenado de la Constitución Nacional Argentina que limáramos hace varios años.
Esperamos sea de utilidad para quienes buscan un texto actualizado, claro y respetuoso de la versión sancionada.

INTRODUCCIÓN

La Provincia de Santa Fe da un paso adelante en transexualidad
Venimos elogiando reiteradamente la actuación del Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe, Dr. Jorge Barraguirre, como aquí.
Pero no sólo nuestro afecto personal es causa de ello. Barraguirre es un distinguido iusfilósofo y constitucionalista, heredero de las mejores tradiciones de Carlos Nino. Y está dejando atrás años de tristísima gestión meramente defensiva y negatoria de derechos civiles de la Fiscalía de Estado provincial.
Ahora, en un nuevo precedente histórico, abre cauce administrativo para rectificar partidas de nacimiento en casos serios y contundentes de transexualidad.
Contrariamente a lo que señalaron algunos, no se trata de que ahora ‘cualquiera se pone una peluca y le cambian la partida y el dni’. Se trata de asegurar derechos civiles básicos como el de la identidad, para que las personas seamos reconocidas por los entes estatales con la misma cara y el mismo nombre con que somos conocidos por nuestros vecinos, amigos y acreedores.
Transcribimos el contundente dictamen fiscal (plagado de enjundiosas citas que recomendamos leer al pie), el cual  reconoce en sus antecedentes otro sólido dictamen del Sr. Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Horacio Coutaz, también amigo de la casa.