El inconstitucional sostén estatal a los monumentos erigidos para recordar a Carlos Monzón. |
Un debate plagado de exabruptos en el 2008. Liviandad de quienes deberían pensar en nuestro destino como sociedad.
Empezando
Consternado. Apenado. Decepcionado. No encuentro las palabras que necesito. Tranquilos. Esto pasa muchas veces.
La verdad es que el debate sobre los monumentos a Monzón tiene aristas que los ciudadanos de bien no podemos dejar de señalar.
En el año 2008, desde un programa de televisión, la periodista Lamboglia empezó a discutir un vergonzoso proyecto del diputado Simoniello para hacer un polo turístico en torno al monumento a Monzón en la ruta 1. Esta semana se debatió en el concejo asignar una partida para reparar el monumento al mismo personaje que se eleva en la costanera de esta ciudad.
Y eso ha generado un debate de una virulencia impensada, principalmente encabezado por los periodistas deportivos.
¿Por qué los monumentos?
En primer lugar es necesario que reflexionemos sobre los por qué de los monumentos.
Las construcciones magnas tienen por finalidad exaltar la memoria en torno al recordado. Son un constante recordatorio de que esa persona existió, vivió de determinado modo, realizó alguna hazaña, y puede ser imitado, o por lo menos es digno de ser imitado.
Los monumentos, en general en nuestros países, son estatales. Pero también pueden ser privados, que es la regla mayoritaria en los países más avanzados. Como las placas que aquí se colocan al pie de los monumentos, donde una persona o grupo exaltan la figura erigida.
El problema es con el Estado. Porque un estado republicano debe darle una razón a cada uno de sus actos. Y esa razón, ese por qué, tiene que estar impregnado de los valores de la Constitución.
Por eso, los particulares pueden proponer a la admiración pública a cualquier persona que coincida con los valores que los constructores del monumento pregonan. Esa libertad se halla directamente vinculada a la libertad de expresión.
En cambio, el Estado sólo puede proponer a la imitación pública aquellas figuras que inspiran valores constitucionalmente tutelados.
Es deber del Estado motivar a los particulares para que se cumplan las normas, se consoliden las familias, se respeten los derechos de los demás, se honren los compromisos, etc.
Y este estímulo a la extensión y profundización de los valores se hace de distintos modos: mediante la ley, mediante las sanciones, pero también mediante la publicidad, algunas de cuyas variantes son las fechas recordatorias, y otra, los monumentos.
Pero lo que está absolutamente claro es que el Estado, como tal, sólo puede proponer para la inspiración popular personajes dignos de ser imitados.
Eso son los próceres. Personajes elevados en su vida, que se elevan también en sus monumentos para estar permanentemente a los ojos de los ciudadanos.
Y claro, siempre pueden discutirse las virtudes, las oscuridades de los próceres. Durante mucho tiempo Belgrano sufrió deterioros porque la conservadora sociedad argentina no le perdonaba un hijo natural. Y Roca era mucho más respetado. Hoy, con nuevos vientos morales, se cuestiona mucho más al único argentino que fue 12 años presidente, que al creador de la Bandera.
Es que la consideración de los defectos también cambia con el tiempo. Hace poco se instaló un busto de Alfonsín en la Casa Rosada, algo que era impensable hace algunos años.
Pero no cabe duda de que nadie admitiría que el Estado erija un monumento a Videla, por más que haya sido presidente; o a Patti, por más que tantos bonaerenses lo hayan votado…
Cuando hay claros y fuertes cuestionamientos sobre la actuación de un personaje, el Estado no puede proponerlo a la admiración general.
Eso no quita que un grupo particular pueda hacerlo, hace a su libertad de expresión identificarse con tal o cual personaje y proponerlo como digno de imitación.
Inconstitucional sostén estatal
Queremos dejar en claro nuestra opinión técnica.
En el caso de Monzón resultaría abiertamente inconstitucional que el Estado eleve o sostenga monumentos a su figura. En ninguno de los supuestos que imaginamos puede admitirse que una persona condenada judicialmente por la comisión de un crimen pueda ser propuesta a la admiración pública. No estamos hablando de un crimen pequeño, sino de un homicidio. No estamos hablando de un crimen supuesto, sino de uno que fue probado y condenado con sentencia firme. Y no tiene ninguna importancia que haya purgado la condena, porque ello no quita que lo cometió.
Pero además estamos hablando de un crimen de aquellos más reprobables, porque implica un abuso de la fuerza, de los varones sobre las mujeres. Crimen que por su peligrosidad, por el daño que causa no sólo a las víctimas concretas sino a las familias y a la organización social, debe ser claramente condenado. Crimen que por la extensión de las conductas violentas contra las mujeres, dentro y fuera de las familias, el Estado debe combatir denodadamente. Crimen que por su vinculación con lo cultural, debe ser exterminado también desde lo cultural.
Y este combate, por lo menos en esta época histórica, hace que no podamos permitirnos ni una sola concesión. Dar un confuso discurso estatal, dejar la duda de si es o no malo quien mató a golpes a su mujer, es gravísimo.
Y más si su única virtud es su éxito deportivo el que, permítasenos recordarlo, no es exactamente un valor cívico o republicano sino sólo eso: un triunfo en el deporte. Creer que competir en el boxeo es ‘pelear por la Argentina’ implica una gravísima confusión entre lo deportivo y lo nacional, entre el juego y la realidad. Y, lo más triste, es que se olvidan las verdaderas batallas que Argentina debe darse, la primera de las cuales es justamente la cultural contra la violencia.
Y sostener desde el Gobierno el monumento a Monzón contradice compromisos asumidos por el Estado argentino a nivel internacional. Tanto es así que si la Legislatura o el Concejo aprueban partidas públicas para sostener homenajes a Monzón se expone a denuncias y demandas de todo tipo. No sólo la Municipalidad o la Provincia, sino los mismos legisladores que aprueben semejantes actos.
En efecto, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22 concedió jerarquía constitucional a un grupo de tratados internacionales, entre ellos la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER”, que en sus artículos 2 y 3 prohíbe este tipo de alientos públicos a figuras claramente identificadas con la violencia hacia la mujer.
Por ende, actuar de modo contrario, generaría no sólo responsabilidades nacionales, sino demandas internacionales contra las instituciones santafesinas.
El debate de la patota cultural, o la cultura de la patota
Finalmente, párrafo aparte merece la insensata conducta de quienes atacaron a la concejala Fassino por su planteo de impedir que se sostenga desde el erario público un monumento a Monzón.
No conocemos a la concejala Fassino, y su actuación pública nunca nos pareció de las más acertadas.
Pero si hemos visto las respuesta a su planteo: decir que Monzón sólo ‘se cruzó con una conducta violenta’, o que hay que ‘hacer el esfuerzo de disociar la vida privada de la trayectoria deportiva’; referirse al cuestionamiento como ‘bochornoso’, como ‘ridículo’, como una ‘vergüenza’, o como una ‘pedorrada’; sostener que un monumento por el solo hecho de existir debe ser sostenido, que ‘total hay monumentos de cosas mucho más graves’; acusar a la concejala de ‘pelotudismo legislativo’, criticarla aludiendo a su vida personal, o acusándola de que sólo busca notoriedad; o que se hagan llamados tribuneros a los ‘colegas concejales varones’ para revertir la situación…
Todas estas indignas respuestas sólo ratifican que hoy más que nunca hacen falta respuestas claras desde el Estado al drama cultural de la agresión hacia las mujeres.
Y todas estas abyectas respuestas de algunos dirigentes se justifican en nombre de ‘lo popular’, por el facilismo de ganarse unos votos, olvidando que su compromiso de gobernantes es ayudarnos a ser un pueblo mejor, no uno que reivindica a los violentos.
Y son los mismos periodistas que día a día postulan valores éticos desde el micrófono, y terminan mostrando la hilacha justo en un tema donde deberían medirse.
Y son los mismos gobernantes que después hablan de que la violencia en las calles es difícil de resolver sin un cambio social, cultural. Y son los mismos que dicen que a un futbolista no debe confundírselo con un líder popular. Y son los mismos que dicen comprometerse con las luchas progresistas y los derechos de las mujeres. Los mismos a los que les preocupa que los niños jueguen con pistolas de juguete o que los adolescentes tomen bebidas energizantes. Pero les parece bien que haya enormes monumentos a quienes golpean hasta matar a sus familiares…
Concluyendo
Estamos hablando de un tema delicado, no de algo intrascendente. No puede sostenerse que sólo hablamos de deporte. Hablamos de chicas muertas, como dice la canción de Charly García que elegimos para el título.
Los periodistas, en especial los deportivos, que incurren en excesos por su propia violencia o por su irreflexiva ignorancia en el vértigo informativo, deben reflexionar qué público están construyendo, porque es su primera responsabilidad.
Los concejales que se expresan en términos sexistas y violentos, que olvidan sus deberes político-culturales, deberían ser sancionados por su incumplimiento de normas que deberían defender.
Pero lo más grave de estos episodios es que nos enfrenta con el ‘nosotros’ oscuro, con el somos que no queremos ser.
Y aquí hay una gran responsabilidad de los comunicadores de masas. Pero más aún de los gobernantes. Todos debemos ser conscientes de que debemos proponer mejores objetivos al pueblo, que ser popular no es exaltar los defectos mayoritarios sino sintonizar con lo mejor de nuestra gente.
Por nuestra parte, no queremos ser cómplices desde el silencio. Por eso lo decimos: está constitucionalmente mal que el Estado levante o sostenga monumentos a Monzón.
Ahora, aceptamos insultos, porque todavía en este nivel está nuestra discusión pública.