piqueteando mientras los poderosos descansan |
Compartimos una interesante nota de Roberto Gargarella sobre piquetes, criticando una medida del gobierno de Cristina Fernández en agosto de 2014.
Pero también otra de 2008, sobre el gobierno de Macri en CABA, cuestionando los límites a los piquetes.
Roberto Gargarella es uno de nuestros constitucionalista más brillantes, además de un gran amigo, y es el gran desarrollador de los trabajos de Carlos Santiago Nino.
Roberto ha escrito mucho sobre piquetes, pero empezamos hoy con este opúsculo suyo.
Nosotros somos grandes defensores de los piquetes porque somos fundamentalistas de la libertad de expresión.
Y por eso entendemos al derecho constitucional como un gran piquete que le hacemos a la realidad, para que se adecue a lo que soñamos que debe ser.
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Publicado en Diario Clarín aquí
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las voces de la protesta social
oficialismo volvió a impulsar en el Congreso un proyecto destinado a regular la
protesta social. La iniciativa del Gobierno encuentra respaldo en algunas
razones atendibles, vinculadas con las quejas de “terceros afectados”.
son promovidas, habitualmente, por grupos reducidos de personas, perjudicadas
por violaciones de derechos específicas, que no se extienden del mismo modo
sobre el resto de la sociedad. Por lo demás, para manifestar sus quejas, los
que protestan suelen involucrarse en acciones que lesionan (asimismo o principalmente)
a “terceros” ajenos a la cuestión, que terminan –ellos también- viendo dañados
sus derechos. Por lo dicho, este “tercero” se pregunta, con razón, “¿por qué
debo sufrir yo por los males de otros, cuando se trata de males que yo no he
(directamente) causado?” Las razones que apoyan a estas quejas de “terceros” no
asisten, sin embargo, al Gobierno en su postura; ni dan fundamento obvio a la
necesidad de regular legislativamente la protesta. Quisiera, por tanto, agregar
unas breves reflexiones relacionadas con la discusión que se diera en el
Congreso sobre el tema, y lo que ella nos dice acerca de cómo es que hoy se
piensa la protesta.
del Gobierno frente a la cuestión, quisiera señalar varios puntos. En primer
lugar, el “debate” sobre la regulación de la protesta, que el oficialismo
habilitó recientemente en Diputados, fue enormemente revelador sobre los modos
de su acercamiento al tema. Un hecho, en particular, resultó saliente. Apenas
comenzada la discusión, la representante del Gobierno y presidenta de la
comisión –fuera de sí- privó de la palabra a un diputado de izquierda, luego de
que éste, con modales suaves, comenzara a fundamentar su postura hablando del
conflicto en la autopartista Lear. Más allá del maltrato a quienes disienten
(así el Gobierno define su identidad), y más allá de la ilegalidad de privar a
un diputado de su palabra sólo por pensar distinto, la actitud oficial dejó en
claro un dato relevante: el kirchnerismo consideró una afrenta que un legislador
mencionara siquiera una protesta real en un debate sobre la protesta (curioso,
por lo demás, en un Gobierno que suele burlarse de la oposición señalando que
ella “le tiene miedo al conflicto”).
reiteradas oportunidades el oficialismo ofreció como contraprestación o “moneda
de cambio” para que se aceptara su postura una amnistía para los más de 500
activistas que hoy están procesados por su participación en protestas sociales.
Se trata de un modo inadmisible –pero habitual- de pensar en los derechos de
los más débiles.
garantizan, no se negocian (“les reconozco sus derechos en la medida que …”),
ni son prenda de cambio. Mucho menos deben convertirse en dependientes de los
ocasionales favores del poderoso de turno (con la misma lógica, el Gobierno
insiste en que debemos agradecerle su actitud de “no reprimir las protestas”,
como si fuera cierto lo que es falso –ya que causó una veintena de muertos en
diez años; o como si fuera merecedor de una deferencia especial por no abrir
fuego sobre sus opositores).
calor de estos debates, el secretario de Seguridad insistió con una postura aún
más estricta, señalando que no debía dárseles cabida a los intereses de los
protestantes, porque habitualmente ellos “sólo quieren llamar la atención”.
secretario sólo mostró la dimensión del oficial desatino: en efecto, hoy vuelve
a ser necesario producir “escándalo” para “llamar la atención” del Gobierno
sobre violaciones de derechos que él causa y que de otro modo siquiera
advierte. Y lo mejor que ofrece el Gobierno, frente al conflicto, son
estrategias para moderar el impacto de las quejas.
reveladora del drama implicado en la regulación de la protesta -drama que
involucra al Estado, a agentes privados, miles de derechos violados y “terceros
afectados.” Ella puede entenderse bien con un ejemplo: imaginemos que en una
estación de policía se aprovechase, cada noche, para golpear a los que están
presos; que los vecinos se quejaran, con razón, de los gritos que cada
madrugada escuchan; y que el Gobierno nos convocara a discutir de qué modo
terminar con el fastidioso griterío.
lejos? ¿Colocamos vidrios más gruesos en las ventanas? ¿Les tapamos
directamente la boca a los que “sólo quieren llamar la atención”? El ejemplo
nos ayuda a reconocer la razón de los vecinos: ellos no son responsables de los
gritos; y no tienen por qué verse afectados por problemas que no han causado.
Sin embargo, la invitación del Gobierno es de una inmoralidad crasa.
violaciones de derechos de la que es directo responsable -por abuso de poder,
falta de controles, o negocios indebidos- la solución no puede ser nunca la de
abocarse a contener o silenciar los gritos de quienes se quejan. Lo que está en
juego -lo primero que realmente importa, lo que es justo e imperativo atender,
de modo inmediato- son los derechos violados.
lugar de discutir cómo reparar esos derechos, se nos convoque a pensar cómo
regular las quejas de los que sufren esos derechos violados.—————————-
Gargarella vs Garavano: un cuento para La Nación
Las declaraciones de Garavano me impactaron mucho, sobre todo por sus argumentos de que estas restricciones contribuyen a la convivencia. Las iniciativas que tomó tienden a socavar la convivencia, no a ayudarla. Me asombra que una medida que es básicamente restrictiva de la protesta social sea presentada como una contribución al dialogo, porque en verdad es una contribución al silenciamiento. Estas medidas hacen más difícil la queja para sectores que les cuesta expresarse. Y digo esto sin asumir que todas las procesas son del mismo tipo y que todos son de la misma legitimación. Uno puede hacer todas estas disquisiciones y, sin embargo, seguir insistiendo en la ultra protección que merece la expresión crítica.
¿Por qué el derecho a la peticionar a las autoridades merece para usted una ultra protección?
Porque el derecho a la protesta nos ayuda a garantizar a todos los demás derechos. Habría que reconocer esa especial importancia que tiene el derecho a la crítica, sobre todo en un contexto como el nuestro. Obviamente que esta situación no puede ser comparada con lo que ocurre con países del Primer Mundo, donde se parte de situaciones de derechos básicos asegurados para todos y uno puede ser exigente respecto de cómo se formula la crítica. Cuando el punto de partida es un lugar de fuerte e injustificada desigualdad para muchísimos sectores con enormes dificultades expresivas, lo que hay que hacer desde el punto de vista legal es dar una ultra protección a la expresión crítica y no hacerla más difícil.
Justamente, una de las muletillas que usa el macrismo para defender la nueva política fue subrayar que “en las sociedades civilizadas nadie corta las calles para protestar”
Yo viví en Noruega. Si allí a mí me dicen que avise antes de tomar la calle, puedo entenderlo. El Estado me dice: a usted le aseguro la salud, le aseguro la vivienda, le aseguro que si no tiene trabajo no le voy a soltar la mano, entiendo que ese Estado me reclame que cuando me quejo no moleste a nadie. Pero en una situación donde me maltratan, me descuidan, donde el estado es mi enemigo, como ocurre en la Argentina, me parece un despropósito.
¿Por qué cree que Garavano está tan interesado en defender el derecho a la libre circulación y no emite posición sobre otros derechos incumplidos consagrados en la Constitución, como el derecho a la vivienda, la salud o el trabajo?
La respuesta sencilla, que no tomaría como primera, sería decir que Garavano es una persona que viene del FORES, una organización que escribió el contrainforme del Nunca Más. Sabemos quiénes son y de donde vienen. Pero tratemos de mostrar las cosas de otro modo y digamos que la suya es una visión instalada dentro de cierta elite dirigente y muy especialmente en el ámbito de la justicia argentina, que es muy elitista. No lo tomo como una conspiración de esta elite judicial sino como el sentido común de un sector, de una clase.
El discurso de Garavano tiene cierto matiz innovador en los discursos de restricción a la protesta en los espacios públicos. No plantea ahora la prohibición, sino la regulación: avisos previos, permisos en determinados lugares y no otros. ¿Usted cree que un avance?
Creo que es el reconocimiento de la situación casi troglodita en la que estábamos. Ahora es mas difícil decir ciertas cosas. Antes había cierta impunidad. Ahora estamos lejos de estar en una buena situación, pero está claro que por vergüenza hay mayor cuidado de no decir cierto tipo de cosas. De todas formas, hay que enfatizar que estamos perdiendo una gran cantidad de energía intelectual en una disputa por lo obvio: la reivindicación del derecho a la protesta. El día que me digan: “Ganaron, el derecho a la protesta merece la máxima protección”, vamos a tener que decir que esa no era la batalla. La batalla es por asegurar los derechos básicos que el derecho a la protesta viene a proteger: el derecho a la alimentación, a la vivienda digna, a la salud. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, pero es instrumental: sirve para el reaseguro de los otros derechos.
Otra innovación de la propuesta de Garavanno es sancionar a los organizadores de las protestas, ¿cuál es su lectura?
Me parece que es una buena oportunidad para ir por las cabezas generadoras del conflicto. En nuestro país, que se ha concentrado tanto la riqueza, ahora es más identificable quienes son los generadores de ciertos conflictos. Si quieren ir por las cabezas organizadores del conflicto es una buena oportunidad en un momento que la Argentina es más desigual que nunca. Pero lo que me parece, en realidad, es que están queriendo ir por las cabezas equivocadas.
¿Reconoce cierto tono demagógico o tribunero en las declaraciones de Garavano?
-Esta claro que el tema está en boca de muchísima gente. Al menos yo lo percibo en los cafés, en la calle. Mucha gente de la ciudadanía porteña habla de que la cuestión del desorden del tránsito. También es importante decir que el que defiende el derecho a la protesta no defiende el caos, ni piensa que las personas que llegan mas tarde al trabajo no son afectadas. Por su puesto que son afectadas y que la ciudad a veces es un caos, sin embargo se trata de aclarar los tantos: la contribución a la convivencia, al diálogo colectivo, pasa por el contrario, no por socavar las posibilidades de seguir criticando, sino por prestar atención a las críticas. El poder tiene problemas para tomar en serio el tipo de problemas sociales que hoy enfrentan grandes sectores de la población: la precarizacion del trabajo, el mal pago, dificultades para conseguir buen empleo, dificultades para ser tratados como personas. A mí lo que me hubiera gustado es ver la mayor sensibilidad posible para resolverle el problema al que se queja, pero lo que están diciendo es que hacen el mayor esfuerzo para el que se queja no moleste a los demás. Ponen las fichas en el lugar equivocado. Para que no haya reclamos, hay que solucionar los problemas
A partir de la crisis del 2001 aparecieron nuevos métodos de protesta, sobre todo en el espacio público, ¿cree que la dirigencia política y judicial no está preparada administrarlos y por eso terminan judicializando estas manifestaciones?
Uno puede ser incapaz y trabajar en pos del fortalecimiento o el debilitamiento del derecho. Pero no se trata de mera incapacidad -que la hay-, es incapacidad ideologizada, con cierta orientación, sistemáticamente vinculada con un tipo de respuesta. Es un secreto a voces dentro del poder judicial que ciertos ámbitos responden a una manera de pensar elitista, de clase. Del poder político, por su propia lógica, uno no puede esperar que sea especialmente sensible del reclamo de la minoría. Si el poder político lo que quiere es el voto mayoritario, los incentivos están dirigidos a que le presten mas atención al reclamo mayoritario que del minoritario. Ahora de la justicia uno espera lo contrario, dado que no depende de las elecciones para ocupar sus cargos.
Para usted, ¿es aplicable el planteo de Garavano?
Sí es aplicable, como son aplicables las medidas represivas. Pero las cosas van a seguir saltando, cualquiera sea la reglamentación. Si ponen una reglamentación para que nadie grite a la noche y a mí me pegan un martillazo en la mano a la noche, voy a gritar.
El cuento que usted escribió a raíz de la entrevista que Garavano concedió a La Nación fue reproducido por algunos blogs que afines a la idea de prohibir la protesta. Las respuestas de los blogers fue sumamente agresiva. ¿Qué significa para usted la aparición de ese tipo de mensajes?
El cuento fue objeto de una súbita reacción dentro del micromundo de los blogs. Pero dentro de ese micromundo se abrió una veta que no había aparecido, vinculado con un grupo de gente muy militante en ciertas ideas de derecha –lo digo descriptivamente, no acusatoriamente- que mostraron un nivel de agresión inusitado. Creo que lo que demuestra es la subsistencia de un sector de pensamiento marcada por un enorme resentimiento por lo que ocurre, por los cambios que ha habido en materias de derechos humanos. Estoy acostumbrado a que en la vida de los blogs aparezca el exabrupto, la barbaridad, que es casi divertida. Pero acá me llamó la atención un nivel de agresión extraordinaria: hablan de “los que lavan la cabeza a la gente”, “las lacras garantistas que responden a Zaffaroni”. Nunca se me ocurriría pensar que el que tiene ideas opuestas a las mías sea una lacra.
Según nos informa La Nación de hoy, “La reciente sentencia que envió a una decena de sindicalistas de la construcción a pintar escuelas por haber hecho piquetes simultáneos y sorpresivos en calles porteñas es sólo el principio de una nueva política de la justicia de la ciudad: el fiscal general porteño Germán Garavano reveló que pondrá en práctica una nueva estrategia para castigar los cortes de calles. Consistirá no sólo en identificar y sancionar a los piqueteros, sino en castigar a los líderes de las organizaciones gremiales o sociales que realicen estas manifestaciones fuera de la ley.”
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