FUTURO DOLOR

DUELE

 

La irresponsabilidad de los funcionarios y la responsabilidad del Estado
Algunos breves comentarios de #rondinaconstitucion sobre los contratos de
DOLAR FUTURO
Estoy
convencido de que la actuación de Vanoli fue ilegal. Una decisión técnica que
contradice datos objetivos de la realidad, constancias técnicas, es una decisión
ilícita.
Pero
quienes compraron dólar futuro no actuaron ilícitamente, si tuvieron buena fe
fueron contraparte lícita
Consideramos
contraparte de mala fe, contraparte ilícita, a quienes sabían a ciencia cierta
de la ilicitud de la maniobra, concretamente a las personas vinculadas al
gobierno, sus contratos sí pueden anularse
La ilicitud
genera nulidad, pero la nulidad no puede afectar a la contraparte de buena fe
Por la
característica de estos contratos, quienes compraron ya titularizan derechos adquiridos,
y no hay forma de negárselos
Si el
gobierno decide incumplir los contratos de dólar futuro que ilícitamente hizo
la gestión Vanoli, debe indemnizar a los compradores
Rescindir
los contratos de compradores de buena fe sin indemnizarlos sería lisa y
llanamente expropiatorio
El ‘ius
principi’, ese Derecho diferencial del Estado por serlo, le permite anular los
contratos, pero debe indemnizar a los compradores de buena fe como cualquier
otro operaror particular del mercado
El ‘ius
principi’ solamente permitiría que el Estado disponga el mecanismo de
indemnización, que podría ser escalonada
Claro que
ese mecanismo acarreará juicios contra el Estado, y serán más o menos exitosos
según cuán justa haya sido la compensación indemnizatoria establecida
La encerrona
es total, Vanoli causó un inmenso daño a los argentinos: si se cumple con los
contratos se pagarán con la plata de todos, pero si se incumplen también. Lo
único positivo de incumplirlos y compensarlos es que se podrá hacer de forma
escalonada.
Pero debe
quedar en claro que los compradores particulares se presumen de buena fe. Nunca
quien contrata con el Estado puede presumir la ilicitud del comportamiento
estatal. Todo lo contrario: el principio de que el acto administrativo se
presume lícito genera buena fe en la contraparte estatal. Salvo prueba en
contrario.
Cierro
diciendo que por la maniobra ilícita de Vanoli, que tanto daño causa al
patrimonio estatal, debe reclamarse compensación de los funcionarios que
participaron en su decisión.