637/2011         En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a                                                                                                 Dos (02)    de     Setiembre                                                                             de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “R. E. C. vs. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Mendoza s/ Amparo”.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la amparista (fs. 64/73) contra la sentencia Nº 233 de fecha 1 de septiembre de 2010 (fs. 59/61) dictada por la Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, por la que se confirma la resolución -apelada- de fecha 26 de julio de 2010 del Juzgado Civil y Comercial Común de la IIIª Nominación (fs. 35), declarándose inadmisible la vía del proceso de amparo para dirimir la cuestión planteada. El recurso fue concedido por sentencia Nº 316 del 09 de Noviembre de 2010 (fs. 75 y vta.), del referido Tribunal de Alzada.

II.- El decisorio impugnado relata que E. C. R. inició acción de amparo en contra del Registro Civil del Estado y Capacidad de las Personas de la Provincia de Mendoza, con la intención de ser reconocida oficialmente como mujer transgénero, solicitándose las rectificaciones registrales correspondientes en el acta de nacimiento y en todo otro registro pertinente, a efectos de que quede asentada correctamente su identidad de género cómo así también su nombre, ya que ni el sexo ni el nombre registrado por el Estado al momento de su nacimiento, coincide con su identidad personal actual. Requiere, en consecuencia, que se ordene el cambio (reasignación) de género y de nombre en los registros correspondientes. Por providencia dictada el 26/7/2010 (fs. 35) la Jueza de Grado declaró inadmisible la vía del amparo, entendiendo que la pretensión debía encaminarse por otras sendas procesales que permitan un mayor debate y prueba de los hechos alegados. También se apoyó, la decisión de primera instancia, en la inexistencia de daño o peligro inminente.

Sostiene la sentencia ahora recurrida que el amparo, como vía expedita y rápida, presupone la necesaria concurrencia de recaudos esenciales entre los que se cuenta la inexistencia de otro medio judicial más idóneo frente al acto u omisión que en forma actual o inminente viola con arbitrariedad manifiesta los derechos y garantías constitucionales. Considera la resolución de alzada que la cuestión propuesta en la demanda entraña un objeto de una complejidad que resulta incompatible con el acotado ámbito de debate y acreditación probatoria de la vía sumarísima del amparo, cuya admisión supone, en cambio, que el acto que se pretende lesivo exhiba arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta, como así también que la existencia del derecho que se invoca resulte flagrante, para compadecerse con el trámite abreviado de debate y prueba propios del procedimiento sumarísimo, y cita precedente de esta Corte en ese sentido.

Entiende el sentenciante que tales extremos no surgen acreditados en la especie, ya que el análisis de la temática propuesta por la amparista conlleva -en el razonamiento del a quo- la merituación de circunstancias que exceden el marco de este proceso abreviado toda vez que, a criterio del Tribunal de segunda instancia, la violación de los derechos y garantías constitucionales no surge palmaria, exigiendo -en consecuencia- un análisis más riguroso su procedencia o rechazo, excediendo ello el trámite abreviado de debate y pruebas, propios del procedimiento escogido; citando precedente de este Máximo Tribunal en dicha tesitura.

Subraya el fallo controvertido que los jueces no deben decidir por el sumarísimo procedimiento del amparo aquellas cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponden resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios, y cita antecedentes jurisprudenciales de la Corte Federal y Provincial

Por otro lado, juzga la Excma. Cámara que con relación a la urgencia invocada, cuenta la amparista con las medidas cautelares contempladas en la legislación ordinaria, que pueden solucionar eficazmente el problema del afectado y evitar la producción de un gravamen irreparable de seguirse el trámite ordinario, por lo que no sería viable el amparo; concluyendo que si una cuestión puede entenderse por medio de una acción procesal distinta a la vía constitucional recién referida, combinada con una medida de no innovar, el amparo es inadmisible; y hace referencia a jurisprudencia de la Corte de la Nación.

Interpreta el Tribunal de merito que el acotadísimo marco probatorio del proceso de amparo resulta insuficiente para acreditar los extremos fácticos de la pretensión, que incluye el reconocimiento de la autenticidad de documentos, fotografías, etc. acompañados en la demanda; y que de la sola circunstancia consistente en que podrían estar conculcados derechos de raigambre constitucional, no va de suyo que la vía del amparo sea la idónea para dirimir y resolver el conflicto.

Juzga el a quo que el digesto ritual civil y comercial contiene una vía procesal idónea prevista, que es el proceso sumario (art. 392 inc. 2. apartado b), o sea, existe una vía procesal relativamente abreviada para canalizar el planteo de la parte actora; y que la circunstancia que en otra jurisdicción se haya habilitado la vía del amparo para dirimir una cuestión afín a la planteada en el presente caso, no importa que en el sub iudice, contemplado en su contingencia y especificidad, se deba arribar a idéntica conclusión. Por lo cual, para el sentenciante la vía procesal escogida no es la apropiada para la restauración de los presuntos derechos vulnerados.

III.- Ante ello, la amparista interpone recurso de casación. Luego de justificar la admisibilidad del recurso extraordinario local tentado, la impugnante considera, en primer lugar, que el rechazo in limine de una acción de amparo implica la denegación lisa y llana del derecho constitucional al “propio amparo”, garantizado en el art. 43 de la Constitución Nacional (en adelante C.N.) y en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante C.A.D.H.); y cita opinión doctrinal que da cuenta que el primero de los dispositivos legales referidos reviste jerarquía superior a cualquier reglamentación procesal. Sostiene así, la recurrente, que en ningún caso procede declarar el rechazo in limine del amparo, independientemente de la calidad alternativa o subsidiaria que se le atribuya al mismo

Razona la accionante en el sentido que si toda persona tiene derecho a un proceso rápido y expedito contra cualquier acto y amenaza de sus prerrogativas constitucionales, ningún juez puede obstaculizar dicha garantía; y si llegara a interpretar el magistrado que no puede actuar por razones que fundadamente explicite, debería indicarse cual es la vía judicial más idónea.

Luego de citar consideraciones vertidas en la sentencia atacada, y con apoyo en doctrina constitucionalista, considera la actora que la expresión “siempre que no exista otro medio judicial más idóneo” -a la que se encuentra supeditada la admisibilidad de un amparo- no significa que la idoneidad del proceso judicial pueda venir dada por un procedimiento más lento, como lo es la jurisdicción ordinaria, sino que debería tratarse de un procedimiento más expedito; a más de lo cual, resalta la impugnante que el amparo constitucional es un derecho directamente operativo.

En segundo lugar, y respecto al argumento sentencial de que la presente causa requiere de mayor debate y prueba, entiende la impugnante (citando doctrina en apoyo de su posición) que tal razonamiento constituye una restricción que ubica al amparo-proceso, cómo una vía excepcional y extraordinaria; criterio éste que -en la lógica de la demandante- debe ser revisado, ya que el proceso ordinario sugerido por la cámara no resulta ser una vía rápida y expedita para la tutela de derechos fundamentales.

En tercer lugar, el actor realiza un extenso desarrollo del contenido de los denominados “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en relación a la orientación sexual y la identidad de género, presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra en marzo de 2007. Detalla y explica las distintas reglas interpretativas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que dichos principios representan (derecho al disfrute universal de los derechos humanos, derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica). Asimismo, cita la Declaración del Mercosur del 07 de Agosto de 2007, realizada en el marco de la IX reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos de los países miembros y asociados, en la cual los Estados, según lo entiende el actor, se comprometieron a facilitar el cambio de nombre y registro de género a las personas transgénero, lo que -en el razonamiento de la impugnante- se condice con una acción de amparo y no con un juicio ordinario.

En cuarto lugar, requiere la actora la inaplicabilidad al caso del art. 749 del CPCCT, basada -esencialmente- en la convicción de que la pretensión incoada, a través de la acción de amparo sub examen, es el reconocimiento oficial de la actora cómo mujer transgénero, limitándose dicha afirmación a ordenar el cambio de género y, consecuentemente, de nombre en determinados registros. Del mismo modo, manifiesta que dicha reasignación no modificará ni la filiación, ni la identidad personal de la quejosa.

Resume la accionante su pretensión, en la finalidad de que los registros públicos -detallados en la demanda- reflejen su identidad de género, evitando que ellos representen un medio más para violentar su persona e identidad; destacando que debe mantener la numeración y otros datos existentes en tales registros cómo ser su filiación, fecha y lugar de nacimiento; solo rectificándose su sexo (mujer transgénero) y su nombre (E. C. R.); razón por la cual justifica -la amparista- que el proceso sumario de rectificación, al que refiere la Cámara, no resulta suficiente garantía del pretenso acceso a la justicia.

En orden a justificar la admisibilidad de la vía recursiva intentada, explica que su condición de mujer transgénero y su identidad real se encuentran en discordancia con todos los registros públicos del Estado y que tal divergencia le resulta lesiva y humillante; solicitando la aplicación de un criterio de excepción a aquel que prescribe que las sentencias que rechazan la acción de amparo, pero dejan subsistente el acceso a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria, no tienen carácter definitivo. Considera que tal principio no es absoluto y admite excepciones cuando lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, citando el caso “Portal de Belén” de la Corte de la Nación en apoyo de tal tesitura. Asimismo, concluye la accionante que el caso sub iudice encuadraría en un supuesto de gravedad institucional y, por tanto, solicita que se declare la inaplicabilidad del art. 749 del CPCCT, y la aplicación de los arts. 748 inc. 2 y 750 del referido digesto ritual. Justifica, asimismo, la gravedad institucional argüida en la propia denegación del acceso al amparo y en la vulneración de garantías constitucionales expresas, cómo ser el debido proceso legal y el derecho a ser oída, citando normas de jerarquía constitucional en supuesto sostén de su reclamación. En razón de ello, peticiona una audiencia personal con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, previa a la resolución del recurso de casación planteado.

Seguidamente, considera la impugnante que el razonamiento de la Excma. Cámara en el sentido de que no toda supuesta violación de derechos fundamentales o constitucionales se solucionan por vía del amparo, resulta ser un criterio errado y hasta podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado, explicitando que de la demanda surgen situaciones de manifiestas y graves violaciones a derechos humanos, reconocidos en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales.

Entiende la actora que una muestra de lo alegado se desprende del decreto de fecha 26 de julio de 2.010, por el cual la Jueza de grado trata arbitrariamente a la accionante como “el peticionante”, entendiendo -la quejosa- que la magistrada deliberadamente refiere a la amparista con un pronombre masculino, recalcando el daño que ello le provoca, teniendo en consideración la naturaleza de la pretensión incoada. Observa en ello una situación de abuso, destacando que si tal circunstancia se ha producido en el Poder Judicial, cuanto más en los restantes órdenes de su vida cotidiana.

Por otro lado, reitera la recurrente que ha sido objeto de violación a su derecho a la identificación, al reconocimiento de su personalidad jurídica, al nombre, a la identidad sexual, a la prohibición de trato degradante, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la efectiva protección de derechos tanto civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, consagrados en los arts. 1, 2, 5 inc. l y 2, 11 incs. 1, 2 y 3, arts. 18, 23, 24, 25, 26 y 29 de la Convención América de Derechos Humanos, también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus arts. 2 incs. 1, 2 y 3; arts. 3, 5, especialmente arts. 16; 17 y 26; cómo también a los principios 1, 2, 3, 6, 8, 16, 17, 19 de Yogyakarta, y a los arts. 16, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 19 y 22 de la Constitución Nacional. Transcribe opinión filosófica en apoyo de su pensamiento.

Igualmente, se agravia -por supuesta arbitrariedad sentencial- de lo resuelto por el Tribunal de mérito, en cuanto “que el análisis de la cuestión propuesta por el amparista conlleva la merituación de circunstancias que exceden el marco de este proceso abreviado, toda vez que la violación de los derechos y garantías constitucionales no es palmaria, exigiendo un análisis más riguroso su procedencia o rechazo, excediendo el trámite abreviado de debate y pruebas, propios del procedimiento escogido”, y con cita doctrinal argumenta que no puede pensarse que el Constituyente haya querido reservar sólo la jurisdicción constitucional a las cuestiones de puro derecho. En este sentido, entiende la demandante que resulta errada la afirmación del a quo, en tanto consideró que excedía del marco probatorio del amparo la autenticación de documentos, cuando      -según la amparista- esa prueba nunca fue propuesta en el escrito de demanda, prejuzgando el sentenciante -a criterio de la recurrente- sobre el plexo probatorio ofrecido en la demanda como insuficiente para demostrar la situación concreta y actual de la accionante; en violación al art. 33 del CPCCT.

Se funda el presente recurso extraordinario local, asimismo, en la supuesta falta de fundamentación que residiría en la consideración efectuada en la Alzada de que “la circunstancia que en otra jurisdicción se haya habilitado la vía del amparo para dirimir una cuestión afín a la planteada en el presente caso, en base a los antecedentes y presupuestos allí expresados, no importa, que en el presente caso contemplado en su contingencia y especificidad se arribe a idéntica conclusión”, estimando la demandante que cuando en un Estado se ha reconocido, de alguna manera, el contenido de un derecho humano, este debe interpretarse de la manera más extensa, por aplicación del principio Pro Homine o Pro Persona, el que impregna -en el razonamiento impugnativo- todo el régimen jurídico de los derechos humanos, citando el conocido caso “Tania Luna”, como sustento de su discurso argumentativo.

Reflexiona la requirente que la acción de amparo siempre configura una garantía para asegurar el efectivo acceso a la jurisdicción con el objeto de tutelar la vigencia efectiva de derechos constitucionales, y cita precedente de la Suprema Corte de Mendoza. Enuncia en apoyo de su postura los arts. 18, 43 in fine, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos; arts. 18 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ley 23.131-, art. 25 de la Convención Americana, y citas doctrinales y jurisprudenciales en supuesta concordancia con la pretensión promovida.

Finalmente, considera equívoca la posición de la Excma. Cámara al juzgar que “…la urgencia se soluciona con un trámite ordinario combinado con una medida de no innovar”, infiriéndose de la lógica de la impugnación que no existe medida de no innovar que pueda impedir las agresiones a las que se vería sometida la accionante cotidianamente.

IV.- Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la admisibilidad de la impugnación tentada.

El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 73), encontrándose exento del depósito requerido en el artículo 752 del CPCCT atento la naturaleza del proceso (amparo), de conformidad a lo prescripto en el art. 24 de la ley 6944.

Si bien esta Corte viene sosteniendo que la sentencia atacada no sería definitiva en los términos del art. 748 inc. 1 del CPCCT, cuando el a quo se limitó a un mero juicio negativo sobre la admisibilidad de la vía procesal del amparo reglamentado por la ley 6944, sin pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión que se intentara hacer valer con la demanda esto es, sobre el fondo del asunto llevado a su conocimiento; es indudable, empero, que en el sub iudice se configura un supuesto de gravedad institucional que suple la falta del carácter definitivo del acto judicial que se impugna, y legitima la intervención de esta Corte, de acuerdo a lo previsto por el art. 748 inc. 2 del mencionado digesto procesal civil. Ello es así por cuanto la reclamación impugnativa versa sobre una materia que exorbita el mero interés personal, en tanto la temática en discusión supone el serio compromiso con la vigencia de garantías constitucionales; habiendo esta Corte delineado la gravedad institucional “como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad” (CSJTuc. sentencia Nº 1020 del 30/10/2006, en “Díaz, Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz S.A.I.C.F. s/ Despido”; sentencia Nº 863 del 25/9/2006, en “Gómez, Ana María vs. Ivars, Juan Bautista s/ Cobro ejecutivo de pesos”; sentencia Nº 172 del 24/3/2000, en “Góngora de Díaz, Juana Angélica vs. Soria, Héctor Hugo y otro s/ Daños y perjuicios”, sentencia Nº 1073 del 20/12/2001, en “Magi, Francisco José vs. Zuccardi, Marcelo s/ Acción de amparo -Queja por recurso de inconstitucionalidad-”; entre otras). No se trata, en autos, de una mera invocación de lesión a garantías constitucionales sino que la novedosa pretensión -al menos, en esta jurisdicción- esgrimida en la demanda y dirigida a obtener, a través de amparo, el reconocimiento de la condición de mujer transgénero de la accionante y la correspectiva rectificación de las partidas obrantes en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, lleva ínsita la necesidad de determinar el carril procesal a través del cual deben ejercitarse derechos constitucionales como los reclamados. Por lo que la precisión acerca de si el amparo constituye una vía idónea a los fines del ejercicio de las particulares garantías en disputa, trasciende el interés meramente personal de las partes al encontrarse cuestionada la estructura esencial y las condiciones de viabilidad del proceso de amparo, con incidencia en el normal desarrollo del servicio de justicia (En similar sentido puede verse CSJTuc, sentencia Nº 1233 del 25/11/2008, en autos “Santucho Roque Antonio y otro s/ Homicidio en caso de robo”; sentencia Nº 167 del 23/3/2010, en “Guzmán Héctor Benjamín s/ Usurpación de propiedad”), lo que justifica la gravedad institucional alegada. Ciertamente, la quaestio juris propuesta se vincula a la estructura esencial del procedimiento sumarísimo de amparo y los alcances del mismo, y remite a la determinación del modo procedimental en que debe reclamarse la protección de los derechos constitucionales invocados en la acción intentada. Por su parte, resulta claro que se hallan comprometidas en la especie trascendentes garantías constitucionales (CSJTuc, sentencia Nº 454 del 18/5/2009, en “Sierra María Alicia vs. León Alperovich S.A. y otro s/ Daños y perjuicios”) que exceden el mero interés de la recurrente e incide en el de la comunidad. Es que, desde el momento que se encuentran en disputa sensibles principios consagrados en las Convenciones Internacionales incorporadas a la Constitución Nacional y tomando en cuenta las especiales circunstancias que componen la plataforma fáctica del caso, cabe concluir que el tópico encuadra en el régimen de excepción previsto en el inc. 2 del art. 748 de la ley ritual civil.

Por su parte, la señalada -en las instancias inferiores- existencia de otras vías procesales idóneas, como fundamento del rechazo in limine del amparo incoado, no subsume necesariamente la causa en el supuesto contemplado en el art. 749 del CPCCT, ya que como lo ha sostenido la Corte Federal “la sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que produce agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior, por la presencia de arbitrariedad manifiesta, al incurrir en un injustificado rigor formal, o cuando no se exhibiese como derivación razonable del derecho aplicable, dado que, entonces, resultan vulneradas las garantías de defensa en juicio y debido proceso” (CSJN, 27/5/2009, en “P., S.E. c. Comisión Nacional Asesora para la integración de las Personas Discapacitadas y otro”, Fallos; 332:1200; ídem 06/6/2006, en “Y., G. C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra”, Fallos: 329:2179), lo que efectivamente se advierte en autos, como consecuencias de la especificidad de la temática en debate y la posibilidad de agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior; superándose así el valladar, a la admisibilidad del recurso extraordinario local, que viene impuesto por el dispositivo últimamente citado.

El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias del art. 751 del CPCCT; la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho (art. 750 procesal), y si bien no se ha propuesto expresamente doctrina legal, esta Corte tiene dicho que “el requisito ineludible de expresión de la doctrina legal importa precisar la interpretación de la norma que el recurrente estima aplicable al caso. No constituye, sin embargo, un recaudo que revista formas sacramentales, si en el escrito casatorio se ha desarrollado en forma clara la “quaestio juris” de la que surge de manera implícita la doctrina legal sustentada” (CSJTuc, sentencia Nº 435, del 14/12/1992, en autos “Díaz de Serrano Gracia vs. Serrano José s/ Rendición de Cuentas -Rec. Queja por Casación Denegada-”), y siendo que resulta deducible de los agravios impetrados, la doctrina que pretendería sentar el agraviado; el recurso deviene admisible.

V.- Preliminarmente, deviene necesario examinar la competencia de éste Tribunal para entender en la presente causa, en tanto la demanda ha sido dirigida contra el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Mendoza. En orden a la competencia en razón del territorio, cabe asentar que tanto el art. 16 de al ley 18.248, como el art. 84 de la ley 26.413 (aún cuando el presente proceso no encuadra estrictamente en ninguno de los procedimientos provenientes de tales normas, como se explicará infra), con similares redacciones, disponen que será juez competente el del lugar en que se encuentra la inscripción original que se pretendiere rectificar, modificar o cambiar, o el del domicilio del interesado. Ahora bien, tratándose de una acción de amparo, cobra vigor lo dispuesto en el art. 57 de la ley 6944, en tanto dispone que la jurisdicción será la del lugar donde “el acto lesivo tenga, pueda o deba tener efecto, a opción del actor”, y siendo que la amparista acreditó su residencia en la Provincia de Tucumán, resulta acertado el conocimiento de la causa, asumido por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común.

No resulta óbice a lo dicho, la eventual jurisdicción federal en la controversia, ya que la competencia federal ratione personae es prorrogable hacia los tribunales locales (Haro, Ricardo, La Competencia Federal, ed. De Palma, Bs. As, 1989, p. 91), de manera expresa o tácita (Fallos 294:62); tanto por razón de distinta vecindad (Fallos 170:308; 153:308; 139:197; 140:338; 146:303), como en el caso de jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte Suprema de la Nación por ser parte una Provincia (CSJN “Telecom”, 09/8/1988, ED, 23/12/1988; Ídem fallos 31:148; 90:97; 104:326; 112:203; 115:21; 142:330; 167:109; 192:485; 203:341; en igual sentido puede verse Palacio de Caeiro, Silvia B, Competencia Federal Civil y Penal, ed. La Ley, Buenos Aires, 1999, p. 124 y siguientes). Por cuanto la competencia federal por razón de la persona es válidamente renunciable por aquel a favor de quien ha sido establecida (Fallos: 95:355; 98:103; 109:393; 202:323; 261:303); sin que a ello se oponga consideración alguna de orden público (Fallos 192:485); no corresponde a esta Corte tratar de oficio esta última cuestión.

VI.- Corresponde, en consecuencia, analizar la procedencia de la vía impugnativa pretendida, confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, de lo que es dable anticipar la recepción positiva de su fundabilidad.

1. El agravio central de la recurrente se orienta a demostrar que, a diferencia de lo considerado en la sentencia cuestionada, no existe un medio judicial más idóneo que el amparo para ejercitar su pretensión de ser reconocida como mujer transgénero, con las consecuentes rectificaciones en el acta de nacimiento y demás registros, a efectos de que quede asentada correctamente su identidad de género y su nombre usual (en realidad se trata de un reconocimiento desde la perspectiva jurídica de un “prenombre” que ya le pertenece a la amparista desde su propia perspectiva existencial), permaneciendo registralmente inalterados su apellido y demás datos personales. Por tanto, y a los fines de dar adecuada solución a la cuestión bajo análisis, el thema decidendum puede circunscribirse a la determinación de si existe o no una vía judicial más idónea que el amparo para tramitar una reclamación como la descripta. La cuestionada conclusión a la que arriba el a quo en el sentido de que el digesto ritual civil y comercial contiene una vía procesal más idónea, cual es el proceso sumario legislado en el art. 392 inc. 2. apart. b) para los juicios de inscripción, rectificación, cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil (coincidente con el procedimiento previsto en el art. 84 in fine de la ley 26.413) no resulta argumentación eficiente para justificar el rechazo in limine del amparo promovido puesto que, en rigor, la principal petición de la actora se encamina a obtener una declaración que va más allá de una simple rectificación registral de sexo o cambio de prenombre en su partida de nacimiento (Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, en un meduloso fallo, ante una pretensión análoga: sentencia del 21/3/2007, en “C., H.C., LLBA 2007 -octubre-, 997). El objeto esencial del amparo incoado se encuentra dirigido a alcanzar un reconocimiento de la condición de mujer transgénero que reviste presuntamente la accionante, siendo las rectificaciones registrales requeridas, una consecuencia directa y necesaria de lo primero. Así las cosas, no luce razonable rechazar in limine la vía del amparo para obtener la protección jurisdiccional requerida, que además aparece, cuanto menos, como senda procedimental igualmente idónea, que el carril sumario indicado en la sentencia impugnada. De todos modos, cualquiera sea el nombre que la demandante le dé a sus peticiones (cambio de nombre, reasignación registral de sexo, reconocimiento de género etc.), subyace en ellas un doloroso reclamo por su dignidad, que debe ser objeto de una pronta respuesta por los tribunales, no contribuyendo a ello, la decisión de la alzada.

Tomando en consideración las particulares circunstancias en que se asienta la demanda, la frustración de la vía del amparo no encuentra debida justificación en los argumentos sentenciales ut supra descriptos. Efectivamente, entendió el a quo -como fundamento para rechazar la vía procesal escogida- que la merituación de las circunstancias fácticas de la causa excedían el marco abreviado de debate y pruebas, propios del procedimiento de amparo. Tal dogmática afirmación no puede ser sostenida, en tanto no se advierten cuáles son las complejas pruebas que deberían producirse a los fines de contarse con los elementos necesarios que permitan, al inferior, juzgar la procedencia o no de la pretensión incoada. Desde esta perspectiva se advierten insuficientes los móviles esgrimidos por la Cámara para rechazar in limine la vía del amparo, en la medida que no se ha justificado debidamente, en el decisorio controvertido, el porqué se necesitaría un entorno procesal más amplio de discusión y prueba, que no pueda ser encausado a través del procedimiento constitucional referido; no resultando convincente la consideración, a la que tangencialmente refiere el decisorio impugnado, de que dicho mayor ámbito de debate sería obligatorio a los fines del reconocimiento de la autenticidad de documentos y fotografías, acompañados en la demanda.

Cierto es que de la proposición normativa del art. 43 de la C. N., como del art. 37 de la Carta Magna Local y del art. 50 de la ley 6944, surge que uno de los requisitos que debe estar presentes para la viabilidad del amparo es aquél consistente en que la lesión o amenaza haya sido ocasionada por un acto o hecho afectado de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y que exhiba certeza el derecho cuya tutela se pretende; y que es precisamente el carácter manifiesto de la arbitrariedad o de la ilegalidad del acto u omisión lesiva, el que ciñe la vía del amparo a aquellos casos en que ese rasgo es verificable a simple vista; pues la restricción del debate resulta de la esencia de esta clase de proceso (CSJTuc, sentencia N° 1142 del 13/11/2008, en “Apud Sergio Jorge vs. SI.PRO.SA. s/ Amparo”; ídem sentencia N° 937 del 24/11/2003, en “Arias Hugo Alfredo y otros vs Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Provincia s/ Acción del amparo”; en similar sentido CSJTuc, sentencia N° 1181 del 18/11/2008, en “Nasul Máximo Reinaldo vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Amparo”; Ídem sentencia N° 585 del 03/7/2007, en “Bringas Julio Roberto vs. Defensoría del Pueblo s/ Amparo”); mas es precisamente dicho razonamiento el que marca la admisibilidad de la vía pretendida, ya que no se deduce necesidad de una mayor complejidad de discusión para determinar la certeza del derecho cuya tutela se pretende, puesto que a poco de constatar que la identidad real no se conforme con la legal, luciría manifiesta la contravención constitucional alegada; ergo, la ilegalidad del acto cuya modificación se persigue emerge demostrable con relativa sencillez.

Tampoco puede compartirse el criterio de la Excma. Cámara, por el que descalifica la urgencia invocada y, como consecuencia de ello, deriva a la amparista a la tramitación de un proceso ordinario (con un eventual pedido de medida cautelar para evitar la producción de un gravamen irreparable); puesto que tal temperamento contradice la finalidad misma del amparo, más cuando puede inferirse de la plataforma fáctica de la demanda -con relativa simplicidad- que los daños invocados por la actora, y que se pretenden sortear con la acción ejercitada, no solo serían inminentes sino que implicarían lesiones actuales, permanentes, casi cotidianas en la vida de la impugnante, por lo que pretender satisfacer la urgencia alegada, con la sola indicación -a la amparista- de la posibilidad de tramitar su pedido de garantía por la vía ordinaria, contraría los principios emanados de las disposiciones constitucionales arriba mencionadas. Es que la supuesta la “inexistencia de daño o peligro inminente” considerada por la alzada, como argumento para objetar la vía sumarísima escogida, no resulta ser un fundamento lo suficientemente sólido, en la medida que la ausencia del reconocimiento legal del real género de la accionante conlleva per se la verosímil convicción de los innegables perjuicios irreparables que resultan consecuencia de dicha situación. Las múltiples situaciones de discriminación, afectación a su calidad de vida, dificultades en las relaciones interpersonales y demás realidades angustiosas y traumáticas vividas, creíblemente alegadas por la aquí amparista, rechazan el razonamiento sentencial aludido. Es en esa tesitura que hasta se ha llegado a admitir que las dificultades derivadas de la discordancia entre la documentación y la apariencia impiden o dificulta hasta el derecho de trabajar (del voto del doctor Calatayud de la Cámara Nacional Civil, Sala E, sentencia del 31/3/1989, en JA, t. 1990-III, p. 103/111). Es así, que de no acogerse favorablemente la admisibilidad de la vía de amparo se prolongaría, sin una pronta solución, una situación que podría afectar gravemente una serie de derechos y valores constitucionalmente consagrados. En este sentido, tiene dicho el Máximo Tribunal Federal que “siempre que se amerite el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, deben los jueces habilitar las vías del amparo, ya que la existencia de otras vías procesales que puedan obstar a su procedencia no puede formularse en abstracto sino que depende -en cada caso- de la situación concreta a examinar” (del dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante que la Corte, que por mayoría hace suyo la CSJN, sentencia del 06/6/2006, en “Y., G.C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra”, Fallos: 329:2179, LL 19/7/2006). Así las cosas, el proceso sumario (previsto en el art. 392 inc.2. apart. b del CPCCT) no emerge como un medio judicial más idóneo que el amparo para tutelar los constitucionalmente garantizados derechos invocados por la actora, al menos no si entendemos al amparo no solo como una vía procedimental, sino como una garantía per se para lograr una efectiva protección de derechos constitucionales, como los que se discuten en el sub iudice.

La indebida contemplación del cuadro fáctico, la insuficiente valoración de los principios en juego y la incorrecta remisión al supuesto previsto en el art. 392 inc. 2 apart. b) de la ley ritual civil, soslayándose de considerar que la verdadera petición reposa en el reconocimiento de diversos derechos de raigambre constitucional y no en una simple modificación de partida registral, tornan arbitraria y descalificable a la sentencia recurrida; y es en dicho contexto que resulta justificado admitir la continuación de la tramitación del proceso de amparo intentado.

2. Refuerza aún más lo considerado, el texto del art. 17 de la ley 18.248, en cuanto prescribe que la modificación, cambio o adición de nombre o apellido, tramitará por proceso “sumarísimo”, que en nuestro derecho local resulta asimilable al proceso de amparo. Por tanto, y para el caso que se considerase que la pretensión de la actora no trasciende a la de un mero cambio de prenombre -y sexo- en las partidas registrales, nos encontraríamos, entonces, ante un conflicto de regulación legislativa ya que, por un lado, los juicios de inscripción, rectificación, cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil se rigen por el proceso sumario previsto en el art. 392 inc. 2. apart. b) del CPCCT; mientras que la modificación, cambio o adición de nombre o apellido debe encauzarse por el sumarísimo del art. 17 de la ley 18.248. En ese contexto, por aplicación del principio “pro homine” (que impera en el ámbito de los derechos humanos), y partiendo de la concepción que lo que se reclama es específicamente un “derecho humano” (Fernández, Silvia Eugenia, “Transexualismo y derecho al nombre”, en LL 2008-F, 38), debería aplicarse un criterio hermenéutico, por el cual debe acudirse a la norma más amplia o a la de interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, y a la más restringida cuando se establecen limitaciones a los mismos (Pinto, Mónica, “El principio pro homine. criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales,  CELS y Editorial del Puerto, Bs. As., 1997, p. 167). En virtud de ello, si existe duda acerca de la adecuación de la vía sumaria o de la sumarísima a la acción promovida, debe estarse a una exégesis amplia de tal facultad, lo que en el caso que nos ocupa se traduce en la imposibilidad de descartar el proceso de amparo como medio útil a los fines perseguidos por la accionante.

Sea que se estime que existe un conflicto regulatorio sobre cuál es el procedimiento a seguirse en supuestos como el sub examen, o que se interprete que en nuestro sistema jurídico existe una laguna sobre el tópico específico, como lo pregona cierta doctrina (Sabelli, Hector, “Derecho y Transexualidad, en La Ley 2002-D, 606; Ídem Juzgado de la Instancia en lo Civil y Comercial de  19ª Nominación de Córdoba, sentencia del 2001/09/18, en M.L.G.”), en cualquier hipótesis el proceso de amparo aparece como un medio lo suficientemente idóneo para canalizar la acción instaurada.

3. Por su parte, una interpretación armónica de las disposiciones del Código Procesal Constitucional, a la luz del texto de la máxima jerarquía normativa del art. 43 de la C.N., permite afirmar que aquellos supuestos en que liminarmente se verifican los presupuestos constitucionales del amparo (arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesión actual o inminente y existencia de un derecho cierto), la vía judicial más idónea es la del amparo, salvo que el ordenamiento jurídico prevea otra más rápida, expedita o que confiera algún beneficio que el trámite de aquél no contemple, lo que no se observa en el proceso sumario al que remite la sentencia sub discussio (ello, independientemente, de la discusión sobre el carácter directo o subsidiario que reviste el amparo, puede verse Sbdar, Claudia B, Amparo de Derechos Fundamentales, 1era. ed., Buenos Aires-Madrid, Ciudad Argentina, 2003, p. 127 y siguientes).

A los fines de confirmar el criterio anticipado de recepción de la vía del amparo (e incluso, para corroborar el juicio de admisibilidad del presente recurso extraordinario local, ut supra tratado), es dable recordar que la Corte Federal tiene dicho que “Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias y quien solicita tal protección judicial debe acreditar la inoperancia de las vías procesales ordinarias para reparar el perjuicio invocado, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias” (CSJN: sentencia del 30/10/2007, en “María, Flavia Judith vs. Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado provincial”, Fallos 330:4647, LL 15/11/2007; ídem sentencia del 06/6/2006, en “Y., G.C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra”, Fallos: 329:2179, LL 19/7/2006; id. sentencia del 21/11/1989, en “Arena, María y otro”, LLC 1990, 670 y LL 1990-C, 15, Fallos: 312:2218; id. sentencia del 03/3/1988, en “Arbonés, Mariano Francisco J. c. Universidad Nacional de Córdoba”, LL 1990-A, 580, LLC 1990, 217; sentencia del 20/02/1986, en “Christou, Hugo y otros c. Municipalidad de Tres de Febrero”, Fallos: 308:155; id. sentencia del 15/3/1983, en “Moreno, José y otros c. Caja Nac. de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles”, en DT 1983-A, 869, entre otros).

Es que no resulta razonable, dadas las particulares circunstancias en que se cimentó el proceso de amparo promovido, exigirle a la accionante que ocurra por otra vía ordinaria (aún sumaria) y dilatar aún más el tratamiento del objeto substancial de la demanda. La Corte Nacional ha sostenido que “parece irrazonable imponerles que acudan a la vía ordinaria cuando por la del amparo llevan dos años litigando, ya que los jueces deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela constitucional, lo cual se produciría si tuvieran que aguardar el inicio de un nuevo proceso y quedar en ese lapso desprotegidos los intereses cuya satisfacción se requiere” (Del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo, en CSJN, sentencia del 15/6/2004, en “Lifschitz, Graciela B. y otros c. Estado nacional”, Fallos: 327:2413). De hecho, la Corte Federal ha utilizado en diversas oportunidades este criterio de evitar la frustración del trámite del amparo para impedir mayores “dilaciones temporales”; así ha dicho que “teniendo en cuenta que la acción de amparo planteada lleva más de un año de trámite, y la normal demora que insumiría recurrir a los procedimientos ordinarios con todas las consecuencias que de ello derivaría, resulta procedente otorgar sin demora la tutela judicial requerida” (CSJN, sentencia del 20/02/1986, en “Christou, Hugo y otros c. Municipalidad de Tres de Febrero”, Fallos: 308:155). Es que como lo reconoce el Tribunal que venimos citando “es misión rectora de los tribunales de justicia asegurar la vigencia de los derechos constitucionales y ante la palmaria ilegalidad o arbitrariedad atentatoria de ellos, no pueden justificarse recursos meramente adjetivos, ápices de procedimientos, nulidades por la nulidad misma, interpretaciones dilatorias que acrecienten los perjuicios morales y materiales del agraviado, insusceptibles de pronta reparación. La función judicial no se agota con la letra de la ley, con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho. (CSJN, sentencia del 28/7/1971, en “Manzoratte, Lorenzo c. Provincia de Buenos Aires”, Fallos: 280:228). Todo ello, por cuanto “el amparo que la Corte Suprema ha extraído del art. 43 de la Constitución Nacional debe ser interpretado con amplitud, sin una reserva que, expresa o implícitamente, emane de los preceptos constitucionales y que imponga una inteligencia restringida del recurso de amparo, la interpretación amplia es la que mejor consulta los grandes objetivos de la ley suprema y las genuinas finalidades de aquellas garantías” (CSJN, sentencia del 05/9/1958, en “Samuel Kot S.R.L.”, Fallos: 241:291).

Es por todo ello, que lo preceptuado en los arts. 3 y 50 de la ley 6944, en cuanto limita la admisibilidad del amparo a los casos en que el acto, omisión o hecho lesivo emane del Estado Provincial o entes autárquicos provinciales, debe ser interpretado de modo amplio, para que tal reglamentación no resulte discordante con la manda constitucional de los arts. 37 y 38 de la Constitución de Tucumán y el art. 43 de la C.N.

4. A mayor abundamiento, no puede dejar de considerarse que los procesos de reconocimiento de la identidad de género vienen adquiriendo significativa importancia en los debates jurídicos doctrinarios (ver Graciela Medina, “Transexualidad. Evolución Jurisprudencial en la Corte Europea de Derechos del Hombre”, en LL, 22/02/2000; Blasi, Gastón Federico, “El Cambio de sexo ¿está comprendido en la esfera de la intimidad de las personas, de su moral autorreferente o es un tema de orden público?, en LLBA 2005 -Marzo- 149; Rivera, Julio César, “Transexualismo: Europa condena a Francia y la Casación cambia su jurisprudencia”, en ED, t. 151, p.915; entre muchos otros), en el derecho comparado (Vgr. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso “Rees c/ Reino Unido” del año 1986; caso “B. c/ Francia” del 25 de marzo de 1992; caso “Grant c/ Reino Unido” del 23 de agosto de 2006, entre otros) y registra positiva recepción en nuestra jurisprudencia nacional (Vgr. SCJBA, sentencia del 21/3/2007, en “C., H. C.”; Cám. 1ª de Apel. Civil y Com. San Nicolás, sentencia del 11/8/1994, en “L., J. C.”, LLBA 1994, 871 y JA 1995-II, p. 380 y siguientes; Juzgado Civil y Com. Nro. 9 San Isidro, sentencia del 12/11/1998, en “M., J.C.” LLBA 1999-1106; Juzgado de 1ª Inst. Civil y Com. Nº 8 Quilmes, sentencia del 15/5/1997, en “N.N.”, LLBA 1997, 959; Trib. Apel. San Nicolás, en “N. de la R.”, LLBA, 1995-871; Juzg. Correc. 4 Mar del plata, sentencia del 16/3/2009, “S.E.L.”; Juzgado Crim.y Correc. Nº 1 de Transición de Mar del Plata, sentencia del 2003/10/06 “N.N.”; Trib. Familia Nº 1 Quilmes en “K.,F.B.”, LL, 201-F, 217; Juzg. Iª Inst. de Distrito Civil y Com. 4ª Nom. Rosario, sentencia del 21/5/1999; en “N.N.”, en LL 2000-D, 854 – LL Litoral 2000, 300), muchos de los cuales tramitaron por la vía del amparo (Vgr. Cam. Apel. Civil y Com. Jujuy, Sala I, sentencia del 17/8/2007, en “R., O.F. c.Estado Provincial, en LLNOA 2007 -octubre-.930; Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Transición de Mar del Plata, sentencia del 06/10/2006 “N.N.”, en LLBA 2005 -Marzo 149, también puede verse “B., M.E. s/ Acción de amparo”, en JA, número especial Bioética, 03/11/1999. Especialmente ver voto del Dr. Pedro Hooft, Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, sentencia del 10/4/2008 en “P:R:L:”), habiéndose sostenido, en el último de los antecedentes citados, que “la acción constitucional de amparo interpuesta, tiende en el caso a la tutela de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la identidad personal, que en el caso se vincula de manera inescindible con la identificación de las personas y consecuentemente con el nombre, a partir del reconocimiento y protección jurídica de valores fundamentales todo ello asociado de manera íntima con la idea misma de dignidad como valor constitucional fundante, reconocido a su vez como tal en los diversos instrumentos de materia de derechos humanos”. Es que, como ha manifiestado parte de la doctrina “por su contenido personalísimo, el no reconocimiento de estos derechos lleva lisa y llanamente a la llamada “muerte civil” de la persona transexual, lo cual resulta incompatible con una visión amplia de la juridicidad en el Estado Constitucional de Derecho, cuyo único centro debe ser la persona humana” (Testa, María Verónica, “Transexualidad y derecho a la identidad”, LLBA 2010 -mayo-, 365).

La novel concepción del derecho a la identidad sexual, distinta a la tradicional visión de la problemática, y la falta de legislación específica sobre la temática concreta exigen un mayor esfuerzo de los magistrados para efectivizar los caminos procedimentales a través de los cuales los particulares puedan ver protegidos sus derechos. El personalísimo derecho a la identidad de género o sexual, a más de constituirse como una exigencia constitucional (Bidart Campos, Germán J. “Notas de Actualidad Constitucional”, en E.D. 104/110-1983, t. 104, p. 1010/1028; punto XV, “Derecho a la Identidad Sexual”, p. 1024), también involucra toda una serie de derechos fundamentales como son el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la libertad personal, a la personalidad, a la salud en sentido integral, a la igualdad y no discriminación, a la vida privada, al proyecto y a la adecuada calidad de vida, al nombre y a la efectiva garantía judicial de los mismos; conforme lo normado en los arts. 14, 16, 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional; arts. 3, 5, 11, 18, 24, 25 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 2 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; arts. 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y concordantes del bloque federal constitucional; derecho éste que incluso ha llegado a ser calificado como un “derecho a la verdad” (Bidart Campos, Germán J, “La modificación registral del sexo y el cambio de documentación -El derecho a la verdad y la identidad sexual-”, en LL 2001-F, 216). En este contexto, es obligación del pretor velar, a través de la sentencia, por hacer efectivos los derechos y libertades de las personas, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino.

En este marco, no podemos sino juzgar que la vía constitucional del amparo deviene idónea para garantizar los derechos reclamados por la actora, más si partimos de la base que “por medio del derecho a la identidad, se protege la vida humana en su radical realidad que es la propia persona humana en sí, única, indivisible, individual y digna. Toda persona tiene derecho a su propia identidad, a su verdad  personal, a ser considerado como realmente es, a ser “él” y no “otro” (Gil Domínguez, Andrés, “El derecho a la identidad en un caso de hermafroditismo: un interesante estándar constitucional”, en LLBA 1999, 1104). Al respecto, Bidart Campos refiriéndose específicamente a la problemática que nos ocupa, ha sostenido que nos encontramos ante “un drama de la vida biográfica de un ser humano concreto” que impide la procedencia de visiones reduccionistas como la que se traduce en la sentencia ahora cuestionada, toda vez que “…un enfoque puramente jurídico y hasta mejor diríamos exageradamente normativo, resulta parcial…” (Bidart Campos, Germán J. “El cambio de identidad civil de los transexuales transformados”) en JA. 1990-III-103/111). Es que “la complejidad y riqueza del ser humano, que genera la periódica aparición de nuevos derechos de la persona reside, básicamente, en su ser libertad…. La dignidad del ser humano se sustenta en su ‘ser’ libertad. El derecho protege, a través de una construcción normativa -consuetudinaria o legal- valiosamente creada, tanto la posibilidad de que su libertad pueda ejercerse en la vida de convivencia social como, asimismo, tutela cualquier interés existencial derivado de su propia dignidad…” (Fernández Sessarego, Carlos, “Apuntes sobre el derecho a la identidad sexual”, LL, 1999-IV, 889/901) y es, en definitiva, misión de los jueces proveer a la eficiente protección de esa libertad y dignidad. No vemos como llegar a ese resultado obstaculizando procesalmente la efectiva seguridad contra las ofensas que denigran o desconocen dicha dignidad.

En síntesis, acoger la admisibilidad de la acción traída a estudio supone resolver la cuestión a la luz de los principios y derechos que hemos expuesto. Reivindicar esos intereses comprometidos es cuestión del derecho como dimensión instrumental al servicio del hombre (del voto de Genoud SCJBA, sentencia del 21/3/2007, en “C., H.C., LLBA 2007 -octubre-, 997).

5. Por el modo de resolución del presente recurso extraordinario no resulta necesario dar tratamiento a los restantes agravios esgrimidos, ni al pedido -de la amparista- de audiencia personal con los miembros de esta Corte Suprema de Justicia de la Provincia, lo que podrá requerirse en el estadio e instancia procesal oportuna.

VII.- Por todo lo expuesto, corresponde casar la sentencia debatida, conforme a la siguiente doctrina legal: “No resulta ajustada a derecho la sentencia que -con fundamento en que el amparo no era la vía apta para realizar el planteo destinado a obtener el reconocimiento como persona transgénero femenina de la actora y la rectificación registral de dicha condición y de su prenombre- confirma el rechazo in limine de la demanda promovida por dicha vía, sin considerar debidamente que no existe proceso judicial más idóneo que el amparo para obtener una decisión de mérito sobre el fondo de la pretensión esgrimida, teniendo en cuenta las particulares circunstancias en que la misma se sustenta”; dictándose como sustitutiva la siguiente: “II.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en autos y, en consecuencia, revocar la resolución de fecha 26/7/2010 en cuanto resolvió declarar inadmisible la vía del proceso de amparo para dirimir la cuestión planteada. Vuelvan los autos a primera instancia a fin de que prosiga la causa según su estado”.

Que no habiendo sido sustanciado el recurso, no cabe emitir pronunciamiento sobre costas.

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

1.- Doy por reproducidos los antecedentes de la causa prolijamente reseñados en los aps. I a III del voto emitido por el Sr. Vocal preopinante.

Recientemente me he pronunciado en causa similar (L.C.G. vs. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia s/ Amparo) con fundamentos que resultan de estricta aplicación al sublite. También en este caso, la acción de amparo es intentada por una persona registrada de sexo masculino y con prenombres de ese género, contra el Registro Civil del Estado y Capacidad de las Personas (Provincia de Mendoza), a fin de que se ordenen las rectificaciones registrales necesarias para que se le reconozca su identidad actual como mujer transgénero.

Por  vía de recurso de casación, la actora impugna el pronunciamiento dictado en fecha 01/9/2010 por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, confirmatorio de la inadmisibilidad de la vía del proceso de amparo para dirimir las cuestiones planteadas. El tribunal de alzada manifiesta comparte y hace propio el criterio de la Sra. Fiscal de Cámara previamente transcripto, en el sentido de que la cuestión propuesta en la demanda entraña un objeto que exhibe una complejidad incompatible con el acotado debate y acreditación probatoria de la vía sumarísima del amparo; cuya admisión supone, en cambio, que el acto pretensamente lesivo exhiba arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas, como también la existencia flagrante del derecho que se invoca (cfr. fs. 60 y vta.). Señala el Ministerio Público que el análisis de tales cuestiones conlleva la merituación de circunstancias que exceden el marco de este proceso abreviado, dado que la violación de los derechos y garantías constitucionales no es palmaria y requiere un análisis más riguroso de su procedencia o rechazo. Hace hincapié en que según jurisprudencia de la Suprema Corte Nacional, los jueces no deben decidir por el sumarísimo procedimiento del amparo, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. Que la urgencia invocada puede remediarse a través de las medidas cautelares contempladas en la legislación común, disponibles en el trámite ordinario.

A estas razones, la Cámara agrega que existe una “historia de vida” anudada a la pretensión de fondo de la actora y que debe ser materia de acabada prueba en el proceso, por cuanto el acotadísimo parco probatorio del proceso de amparo resultaría insuficiente para acreditar los extremos fácticos de la demanda. Subraya que la sola circunstancia de que podrían estar conculcados derechos de raigambre constitucional no determina la idoneidad de la vía del amparo para dirimir y resolver el conflicto. Concluye que la vía relativamente abreviada del proceso sumario previsto por el art. 392, inc. b) del CPCC es la idónea para canalizar el planteo de la accionante.

La Sala a quo concede el recurso por considerar que lo decidido es equiparable a una sentencia definitiva, toda vez que impide la continuación del proceso. Con razonamiento similar, la amparista postula que el recurso es admisible en los términos del art. 748 incs. 1 y 2 del CPCC, por cuanto si bien lo resuelto no obsta el intento de un proceso ordinario, la sentencia atacada pone fin al derecho al amparo judicial garantizado por la Constitución Nacional y la CADH sin que su parte haya sido oída. Argumenta, con cita de doctrina, que en ningún caso procede declarar el rechazo in límine del amparo, ya que los jueces no pueden obstaculizar el derecho a obrar la garantía de contar con un proceso rápido y expedito contra cualquier acto o amenaza de sus derechos constitucionales. Rechaza que el proceso ordinario sugerido por el tribunal de alzada constituya una vía rápida y expedita para la tutela de derechos fundamentales, y reclama se ubique el contenido específico de su pretensión -reconocimiento de su identidad transgénero- para comparar la tutela que brinda el amparo “frente al proceso ordinario de rectificación de partida”.

2.- De lo expuesto se sigue que la decisión desestimatoria obedece a razones de admisibilidad de la vía procesal escogida, por lo que los jueces de grado no se pronunciaron sobre la procedencia de la pretensión esgrimida. Con distintas integraciones, esta Corte Suprema de Justicia ha sostenido la ausencia de definitividad de los pronunciamientos que expresan un mero juicio negativo sobre la admisibilidad de la vía procesal sumarísima del amparo, sin ingresar en la fundabilidad de las pretensiones demandadas: “No se trata de un acto jurisdiccional que decide actuar o denegar las pretensiones que fueron objeto del juicio, por lo que éstas podrán ser propuestas eficazmente a través de la vía procesal que, a diferencia del amparo, si resulta adecuada a ese fin” (cfr. CJSTuc., sentencia Nº 737 del 01/10/2010; cc. N° 552 del 09/8/2010; N° 968 del 19/10/2009 y sus citas). En concordancia, a fs. 81 el Sr. Ministro Fiscal hace notar que la sentencia deja abierta una vía de reparación, precisada en el caso por la Sala a quo cuando remite a la previsión normativa contenida en el art. 392, inc. b) del CPCC (cfr. fs. 60 vta.).

Las pretensiones esgrimidas podrán ser propuestas a través de otro proceso, y ello determina la inadmisibilidad del recurso de casación intentado en la especie toda vez que, de acuerdo al art. 748 del CPCC, las sentencias definitivas que dejen abierta una vía de reparación, sea por conocimiento ordinario o sumario, en ningún caso son pasibles del remedio casatorio. En igual sentido, tiene dicho este Superior Tribunal que “La declaración de inadmisibilidad de la vía sumarísima del amparo por existir otras vías eficaces para actuar las pretensiones incoadas en la demanda no es un acto jurisdiccional que, agotadas las etapas de iniciación y desarrollo del proceso, decide actuar o denegar las pretensiones que fueran objeto del juicio; en otra palabra, una sentencia que dirima la controversia poniendo fin al pleito”. Por lo demás, tampoco se trata de una resolución judicial que aún sin ser definitiva se equipare a tal, por obstar a la proposición eficaz de las mismas pretensiones en otro proceso, ya que, como expresamente señala el tribunal de alzada, las pretensiones articuladas pueden serlo en un juicio ordinario. En síntesis: se trata de una sentencia que ni se pronuncia sobre las cuestiones de fondo integrativas de las pretensiones articuladas, ni impide la proposición de las mismas en otro proceso ordinario de conocimiento. De donde no se satisface, respecto al acto jurisdiccional que se pretende atacar por la impugnación casatoria, los requisitos positivos y negativos exigidos por los -ex-arts. 813, inc. “a” y 814 del CPCC” (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 552 del 09/8/2010 y fallos allí citados).

3.- En la perspectiva de lo normado por el art. 748, inc. 2 del CPCC, el caso planteado no presenta caracteres de gravedad institucional que autoricen la apertura de la instancia reclamada.

Es doctrina reiterada de esta Corte, con diferentes integraciones, que la sola alegación de violación de garantías constitucionales resulta insuficiente para tener por configurada esta hipótesis autónoma, que autoriza la apertura de la instancia casatoria contra pronunciamientos carentes de definitividad. A mi entender, la vía procesal a seguir no es asunto que trascienda el interés de la actora, sin olvidar que este tribunal ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueden resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (cfr. CSJTuc., entre muchas otras, sentencia Nº 1020 del 30/10/2006, Nº 863 del 25/9/2006; Nº 172 del 24/3/2000; Nº 1073 del 20/12/2001).

Desde esta perspectiva, el liminar análisis de las cuestiones propuestas muestra que la valoración de los jueces de grado ha sido fundada, y se corresponde con los antecedentes de la causa. No se ve desvirtuada la afirmación del tribunal de alzada, cuando considera que la violación de derechos y garantías constitucionales no resulta palmaria, y reafirma que la admisión de la vía procesal del amparo supone un acto pretensamente lesivo que exhiba arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas. Por lo contrario, la impugnante no logra desvirtuar el aserto sentencial, relativo a que la demanda de autos requiere mayor amplitud de proposición y debate incompatible con este abreviado proceso de amparo, sin perjuicio de las acciones ordinarias que pudieren corresponder para la defensa de los derechos invocados (arg. art. 65, CPC).

3.1.- Es sabido que en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, la idoneidad procesal de la vía expedita y rápida del amparo presupone la necesaria concurrencia de tres requisitos: a) inexistencia de otro medio judicial más idóneo; b) un acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, se encuentren afectados de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y c) que ese acto o esa omisión lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos y garantías reconocidos por la constitución, un tratado o una ley. Requisitos semejantes existen en la Constitución provincial (art. 37), como en el art. 50 del CPC, cuando establecen los presupuestos que deben concurrir para la viabilidad del amparo: que el acto u omisión produzca una lesión, restricción, alteración o amenaza del derecho cuya tutela se reclama; que la misma sea actual o inminente; que esa lesión o amenaza de tal haya sido producida por un acto o hecho caracterizado por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; y que exhiba certeza el derecho cuya tutela se requiere (cfr. CSJTuc., sentencia N° 1181 del 18/11/2008).

Según lo ha destacado esta Corte Suprema de Justicia, frente a un planteo de amparo el tribunal deberá analizar si las cuestiones propuestas resultan compatibles con el acotado marco de debate inherente a la vía intentada y con las limitaciones probatorias de esta vía procesal sumarísima. Cuando la complejidad del objeto aparece reñida con el estrecho cauce del proceso, habrá que concluir acerca de la inidoneidad de la vía de amparo (cfr. CSJTuc., sentencia N° 655 del 26/8/1997, “Argañaraz, Ricardo Ignacio y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”; cc. Nº 97 del 27/02/2006). De allí que según doctrina legal del tribunal, “A efectos de analizar la concurrencia del requisito constitucional del amparo -la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la conducta lesiva- los jueces deben verificar si la complejidad del objeto resulta compatible con el estrecho marco de debate que caracteriza a la vía intentada, y en caso negativo declarar la inidoneidad del carril procesal transitado para el ejercicio”.

3.2.- En esta línea argumental, la Sala a quo considera que las cuestiones involucradas en el planteo formulado por la actora exceden, por su complejidad, el marco cognoscitivo de la vía intentada, y encuentran cauce adecuado en el procedimiento sumario previsto por la ley adjetiva. Las objeciones a la vía procesal indicada por la alzada no resultan eficaces para advertir gravedad institucional que autorice a ingresar en la procedencia de las cuestiones propuestas, cuando lo único decidido en las instancias de grado es lo atinente a la idoneidad de la vía procesal del amparo.

Al igual que en el precedente antes citado, estimo oportuno subrayar que en las concretas circunstancias del caso, las rectificaciones documentales reclamadas por la amparista responden a una decisión individual que encuentra causa y justificación en la historia de vida personal narrada por ella, determinante de su pretensión de remover la asignación registral de sexo, reflejada a su vez en los prenombres con los que ha sido inscripta y con los cuales dice no sentir pertenencia alguna. De su relato se desprende un conflicto de identidad sexual que involucra factores biológicos, psicológicos y sociales de necesaria comprobación, por lo que no advierto que el señalamiento de un marco probatorio de mayor amplitud traduzca prima facie un rechazo in límine de la vía de amparo para la tutela de los derechos invocados, con los alcances denunciados en el memorial recursivo. Máxime cuando la ley adjetiva local ha previsto un procedimiento razonablemente abreviado que permite dar cabida a una demanda que, en términos de la sentencia apelada, no exhibe una palmaria violación de derechos y garantías constitucionales, y así lo indica el tribunal a quo sin que la recurrente esgrima un agravio eficaz contra dicho aserto. La caracterización de la transexualidad como un fenómeno complejo que requiere un abordaje interdisciplinario ha sido puesta de relieve tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sin olvidar las múltiples implicancias de esta realidad social, que se proyecta en diferentes planos jurídicos de la persona (vg. civiles, penales, laborales, sucesorios etc.) una vez operado el cambio de identidad (cfr. Maiztegui Marcó, F., Reasignación de la identidad elegida. Transexualismo y derecho al nombre. LLBA, Octubre de 2008, pág. 964).

En suma, no se perfila gravedad institucional en lo resuelto por los jueces de grado, cuando los propios fundamentos esgrimidos por la amparista evidencian la necesidad de producir pruebas de diversa índole (aún científica), tendientes a demostrar una identidad sexual distinta de la reflejada en el Registro, con las implicancias relatadas al promover la presente acción de amparo. Repárese que tanto el nombre como el sexo consignados en el acta de nacimiento de la actora constituyen unas de las “menciones” aludidas en los amplios términos del art. 382, inc. b) del CPCC, que contempla la vía sumaria para los juicios de inscripción, rectificación, cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil; brindando así con un carril de tratamiento adecuado a la naturaleza y complejidad de la pretensiones ejercidas, que emergen del escrito introductorio de la demanda de amparo.

4.- No se me escapa que el planteo de autos excede la sustitución de los prenombres de la actora registrados en su partida de nacimiento, pues también reclama la modificación del sexo indicado en el mismo instrumento para adecuarlo al femenino con el que se identifica, según lo han puesto de relieve tanto la actora como el Sr. Vocal que me precede. Ello no impide subrayar que siendo una de las pretensiones, la modificación de sus prenombres, para la resolución del sublite habrá de recurrirse a las disposiciones pertinentes de la ley N° 18.248. En particular su art. 15, que excepciona el principio de inmutabilidad del nombre y apellido de las personas, luego de ser asentados en su partida de nacimiento, cuando el caso presenta “justos motivos” cuya valoración compete  al órgano jurisdiccional.

En este orden de ideas, viene a caso recordar que además de un atributo de la personalidad, el nombre responde a la elemental necesidad de individualizar a las personas, coadyuvando a la convivencia social. La cuestión no sólo involucra los intereses privados del individuo que lo porta, sino también un interés público o colectivo que se ve reflejado en el principio de inmutabilidad consagrado por la ley 18.248. Es que todo planteo de modificación del nombre lleva ínsito una historia personal o de vida que mueve a peticionarlo, y la misma ley admite contemplar situaciones que aconsejen una modificación, sin otra exigencia que la justicia del motivo esgrimido en el concreto caso a resolver. La ley aludida recurre a una noción abierta, y deja librada la apreciación de estos motivos a la prudente estimación judicial, ya que no enuncia ni ejemplifica alguna de las razones que puedan considerarse justas para la modificación del nombre. El concepto da cabida a todo tipo de agravio hacia el individuo: la potencial amplitud de esta noción abierta constituye un verdadero estándar  de protección, que hace ceder aquel principio de inmutablidad cuando ocasione una concreta lesión a una persona en particular.

De lo expuesto se sigue que a más de la función identificatoria del nombre, inescindible de la realidad personal de cada individuo, se trata de un instituto que interesa al orden público, no sólo por las relaciones del sujeto con el Estado sino “como medio de seguridad y garantía de las relaciones intersubjetivas, en el complejo medio social en que vivimos…” (cc. Pliner, Adolfo, El dogma de la inmutabilidad del nombre y los “justos motivos” para cambiarlo, LL 1979-D, 276).  Por ello, se ha dicho que el cambio de nombre no es asunto librado a la exclusiva voluntad de los interesados, ya que “El principio de inmutabilidad responde a la satisfacción de intereses públicos y privados” (cita de La Ley on line, AR/JUR/250/1992). En el caso de personas adultas, que ya han proyectado su actividad en el medio social donde se desenvuelven, el nombre adquiere mayor relevancia como identificación respecto de terceros, que también son protegidos por la ley al establecer el principio de inmutabilidad, y los recaudos para obtener su modificación cuando medien justos motivos. Esta labor axiológica ha sido  confiada a la prudente valoración judicial, y en todo caso exige apreciar las circunstancias particulares atendiendo a los intereses en juego, con intervención del Registro Civil y Capacidad de las personas y del Ministerio Fiscal (arg. art. 17 de la misma ley). Como se ha dicho, la resolución a dictarse no sólo atañe a los intereses particulares de la actora, toda vez que el eventual acogimiento de lo peticionado traerá aparejadas otras consecuencias legales que deben ser atendidas en el marco del sistema legal vigente.

Desde este enfoque, no puede ser obviado que para el cambio o modificación del nombre -expresamente demandado en autos- el ordenamiento jurídico establece exigencias que procuran compatibilizar los intereses de todo peticionante con los de la sociedad. A su vez, la resolución judicial a dictarse no podrá eludir las implicancias de la vida personal de la peticionante en otros ámbitos que no son de su exclusiva privacidad. Reitero, finalmente, que el planteo en análisis requiere evaluaciones interdisciplinarias, dado que involucra una modificación del género consignado en el Registro y la consiguiente adaptación de los prenombres a la identidad sexual manifestada.

5.- En mérito a lo expresado, no concurre en autos el recaudo autónomo y específico de la definitividad sentencial o la calidad de equiparable a tal de la sentencia que se ataca, y tampoco se advierte gravedad institucional que autorice la apertura de la instancia casatoria reclamada, a cuyo efecto es insuficiente la mera alegación de los derechos y garantías que se entienden vulnerados. No se verifica que lo resuelto exceda los intereses de la parte actora, quien cuenta con una vía sumaria para ejercitar sus pretensiones, en un marco cognoscitivo que prima facie aparece idóneo para debatir y acreditar las alegaciones fundadas en su concreta realidad personal, en cuanto reclama priorizar el “sexo social y psicológico” por sobre el morfológico o biológico. Por ende, no se configura un supuesto de objetiva gravedad institucional que exceda el mero interés personal de la amparista, atento a las constancias de autos y naturaleza del objeto de la demanda. Según lo dicho, aún cuando frustra la vía procesal utilizada, ello no importa la frustración de los derechos invocados por la actora, pues quedan abiertas vías procesales de reparación ulterior, sin que se verifique un agravio irreparable.

En consecuencia, propongo declarar inadmisible y por tanto mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora en contra de la sentencia impugnada, con costas por el orden causado al mediar controversia.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Doy por reproducido el prolijo relato de los antecedentes del caso efectuado por el vocal preopinante y comparto la decisión sobre la admisibilidad y procedencia del recurso de casación deducido por la parte actora.

En orden a la exigencia de admisibilidad del recurso de casación establecida en el art. 748 del CPCCT, si bien el pronunciamiento de la Cámara impugnado, confirmatorio del de primera instancia que declaró inadmisible la vía del amparo para dirimir la cuestión planteada no resuelve el fondo del asunto y, por ende, no constituye sentencia definitiva, el mismo es susceptible de ser equiparado a definitivo cuando se demuestra que produce agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior, por la presencia de arbitrariedad manifiesta, al incurrir en un injustificado rigor formal; o no se exhibiese como derivación razonable del derecho aplicable, dado que, entonces, resultan vulneradas las garantías de defensa en juicio y debido proceso (CSJN, “Y., G.C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra”, La Ley 2006-D, 182). En el caso, tal circunstancia ha sido invocada con fundamentos suficientes por la parte recurrente cuando explica los perjuicios graves y de dificultosa reparación ulterior que irroga la sentencia recurrida que desestima liminarmente su demanda de amparo sin atender a las concretas circunstancias del caso, señalando que no es la vía idónea para dirimir el conflicto y que existe una vía procesal relativamente abreviada para canalizar el planteo, el proceso sumario previsto en el art. 392 inc. b CPCCT.

Encontrándose reunidos los demás requisitos de admisibilidad del recurso de casación exigibles en el presente, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 750 y 751 del CPCCT y 24 del CPC, el mismo es admisible.

Respecto de la cuestión traída en casación, referida a la admisibilidad del amparo, corresponde tener en cuenta que en los supuestos en que el juez verifica de modo liminar la presencia de los presupuestos constitucionales del art. 43, esto es, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto o hecho lesivo, actualidad o inminencia de la lesión y certeza del derecho invocado, la vía del amparo, como principio, se reputa como la más idónea, salvo que el ordenamiento jurídico prevea otra que lo sea más, por su celeridad, expeditividad o por conferir alguna ventaja que el amparo no contempla. En el pronunciamiento impugnado, el tribunal omite reparar en las particularidades del caso derivadas del objeto de la pretensión deducida -referido al derecho a la personalidad misma y al ejercicio de derechos personalísimos, a la identidad sexual, a un proyecto de vida y a determinada calidad de vida a partir de tal identidad-, e interpreta, prescindiendo de las constancias del expediente que se deben producir pruebas de extremos fácticos de la causa que excederían el marco probatorio del amparo y que la vía idónea es la de conocimiento sumaria prevista en el art. 392.2, inc. b) del CPCCT para los juicios de inscripción, rectificación, cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil. En relación a la existencia de otras vías procesales que puedan obstar a la procedencia del amparo, tiene dicho el Máximo Tribunal que no puede formularse en abstracto sino que depende de la situación concreta a examinar (CSJN, “María, Flavio Judith c. Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado Provincial”, La Ley del 15/11/07, 7).

Como se advierte, la resolución impugnada en casación no cuenta con fundamentos suficientes y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido en base a la siguiente doctrina legal: “Es arbitraria y por ende nula la sentencia que infundadamente declara inadmisible la vía de amparo”.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia Nº 233 de fecha 1 de septiembre de 2010 (fs. 59/61) dictada por la Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común; y en consecuencia, CASAR dicho pronunciamiento de acuerdo a la doctrina legal enunciada precedentemente, revocando el punto II de la misma y dictándose la siguiente sustitutiva: “II.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en autos y, en consecuencia, REVOCAR la resolución de fecha 26/7/2010 en cuanto resolvió declarar inadmisible la vía del proceso de amparo para dirimir la cuestión planteada. Vuelvan los autos a primera instancia a fin de que prosiga la causa según su estado”.

CLAUDIA MARÍA FORTÉ                                                       MEG