Ref.: Amparo ley 16986

Contra Decreto 1570/2001

Solicita declaración de inconstitucionalidad

y devolución en efectivo de sus depósitos

Que vengo a comparecer por derecho propio, siendo mis datos …………………………, y en tal carácter solicito ser tenido.

En el carácter invocado en el epígrafe anterior, vengo por la presente a promover Acción Jurisdiccional de Amparo (art. 43 de la C.N. y ley 16986), contra el Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional-, con domicilio en Balcarce 50 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), pretendiendo con ello obtener se declare la inconstitucionalidad del decreto 1570/01 y se me reintegren de inmediato y en efectivo las sumas depositadas en el Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Nº 318 – Casa de Gobierno, de esta ciudad de Santa Fe, bajo los siguientes números de cuenta abiertas a mi nombre:

Caja de ahorro en pesos   Nº ………………………

Caja de ahorro en dólares Nº ………………………..

La presente acción de amparo se justifica en defensa de los derechos consagrados en los arts. 14, 16, 17, 18, 28, 33, 75 inc. 22 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional y de la ley 25466 sobre intangibilidad de los depósitos, derechos todos conculcados por el decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el Nº 1570/01 del día 1º de diciembre de este año 2001, que intenta violentarlos, modificarlos irrazonablemente y/o desconocerlos, lo que me causa gravamen irreparable, en razón de lo cual solicito expresamente que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del mencionado decreto, todo ello en base a las siguientes apreciaciones de hechos y fundamentos de derecho.

Soy un joven profesional, que ejerzo la profesión liberal, en esta ciudad. Soy una persona común, un pequeño ahorrista, para quien el trabajo es la única forma de subsistencia.

Fruto de mis esfuerzos constituí un pequeño fondo que deposité en el banco mencionado.

Como es de público conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el decreto Nº 1570/01, mediante el cual resuelve, entre otras cosas:

En mi caso este decreto me provoca un triple agravio concreto:

1- Debo realizar diferentes transacciones (pago de inmobiliaria, servicios, etc.), todas las cuales se hallan impedidas de ser realizadas mediante los medios previstos por el decreto (tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque, transferencia interbancaria, etc.) teniendo en cuenta que, por ser titular de una caja de ahorro, sólo tengo acceso a una tarjeta de débito.

2- Me veo obligado a prorrogar un contrato bancario sin deseo de continuarlo.

3- Me veo condenado al consumo y se me impide el ahorro no bancario. En efecto: quedo impedido de retirar totalmente mis depósitos salvo que los gaste íntegramente.

Que es indispensable analizar en primer lugar la fundamentación dada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a la norma excepcional que dicta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional – Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo” de fecha 19/08/1999, señaló respecto a la necesaria fundamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, en el considerando 10 de la mayoría:

Y si la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que las afirmaciones de los considerandos de aquellos decretos eran dogmáticas e insuficientes, respecto de los considerandos del 1570/01 podemos decir, además, que son aparentes, e hijos del oscurantismo económico que sobrevuela nuestro país.

La Corte Nacional ha entendido que la fundamentación de los decretos de necesidad y urgencia es la ocasión que tiene el PEN para probar la necesidad y la urgencia. Por eso es de importante análisis el texto de los considerandos que realizaremos ahora, a riesgo de abusar de la paciencia de V.S., a fin de demostrar que no hay justificativo alguno para la ruptura del trámite legislativo, ni tampoco razonabilidad alguna en la norma.

Ambos considerandos son sólo intuiciones del Ejecutivo. Locuciones tales como: “es previsible” “se puede generar” no son afirmaciones, Señor Juez, son meras suposiciones, para colmo provenientes de un Gobierno que ha demostrado su absoluta incapacidad de prever.

Sigue el decreto: “Que ello ya se ha manifestado por la caída en el nivel total de los depósitos ocurrida desde el mes de febrero del corriente año, que produjo la suba abrupta de las tasas de interés, tanto para las operaciones en moneda nacional como en moneda extranjera, debido a la incertidumbre propia de estos casos.”

Observará V.S. que los considerandos siguen transitando el camino resbaladizo de suponer un estado de cosas que no prueba, estado de cosas que también podríamos decir que existe desde hace décadas ya que la falta de crédito, la inestabilidad financiera, la retracción del consumo y el desempleo no surgieron con el canje de deuda.

Pero además, es fácil suponer, que las medidas pergeñadas sólo asegurarán más recesión, ya que debemos aceptar vivir con $1000 por mes.

Veamos ahora otras afirmaciones, por lo menos ingenuas, del Ejecutivo:

El Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, encerrado en el autismo de Balcarce 50, Pilar y Don Torcuato, parece creer que en todas las ciudades, incluida Santa Fe, los comerciantes poseen la tecnología necesaria para realizar operaciones sin efectivo. Una sencilla comprobación de V.S. en las manzanas aledañas a este Tribunal Federal le demostrará que no hay un comercio que pueda cobrar con tarjeta de débito y que no es esperable que obtengan la maquinaria dentro de los próximos 90 días.

Veamos las últimas afirmaciones del PEN:

En segundo lugar entiende que la medida implicará un aumento de la recaudación tributaria, lo que, si fuera cierto, no se entiende por qué se limita a 90 días.

En conclusión, Señor Juez, es tal la suma de candidez, ocultismo, falsedad, voluntarismo y error que demuestra el Ejecutivo que no pareciera ser un acto propio de personas adultas.

No puede ser, porque no lo quiere la Constitución, que el Ejecutivo Nacional base la ruptura del trámite legislativo y la limitación de los derechos individuales, en suposiciones, en análisis de café.

El Ejecutivo debió dar cifras, analizar la inminencia e inevitabilidad de la caída financiera que supone, debió demostrar que un fenómeno que ocurre desde febrero debe conjurarse mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Nada de esto ocurre en el caso, y por eso V.S. deberá declarar oportunamente que el decreto 1570/01 es formal y materialmente inconstitucional.

“La emergencia es característica de la sociedad argentina contemporánea, esta es una afirmación que no admite debate y su evidencia es objetiva. Este reconocimiento de trascendencia no importa, ni por asomo, reconocerle signo positivo ni al tema y menos a las soluciones que el Poder Político y el Jurídico, aparecen dando como respuesta.” (Alberto Spota)

Dentro de este orden de ideas bien se puede coincidir con Lowenstein en que existe dentro de la dinámica de la sociedad una dicotomía de valores en pugna, ellos son: el poder y la libertad. El predominio de una de estas dos fuerzas sobre la otra marcará, el rasgo de una sociedad en un determinado tiempo histórico.

Esta realidad admite diversidad de protagonistas, pues no es algo que se le pueda adjudicar sólo a la voracidad de poder del Ejecutivo Nacional, sino también a la declinación evidente del Congreso, y con la justificación “ideológica” adoptada en algún momento por la Corte Suprema (caso “Rodríguez”).

Preocupada por fijar algunos límites a una facultad descontrolada que ella misma había avalado, la CSJN impuso un criterio restrictivo a partir del precedente “Verrocchi” ya citado.

Allí la Corte señala, entre otras afirmaciones, que:

“Contrariamente a lo que sostiene el recurrente (fs. 87 vta./88), corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional, que constituyen las actuales exigencias constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este Tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia (conf., con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional de 1994, Fallos: 318:1154, considerando 9º) y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.” (consid. 9º mayoría)

Los numerosos decretos de necesidad y urgencia, dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, nos refuerzan en la idea de que no estamos ante una emergencia cierta sino ante la utilización de la ‘doctrina del estado de necesidad’ para manipular un derecho fundamental de las personas como es el inviolable de la propiedad privada.

Se trata de una invocación espuria de necesidad cuando no está en peligro, ni siquiera se intenta demostrar que lo esté, la perdurabilidad del sistema o que exista amenaza de caos social.

¿Cuál es el grave peligro que se afronta, que ponga en riesgo la subsistencia del Estado o de la comunidad nacional? En este caso se invoca, como indispensable y apremiante, una medida que no tiene tal carácter.

La Corte Argentina ha definido, en innumerables fallos, la emergencia como aquéllas situaciones que “…derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien, inevitables con los recursos ordinarios y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios, también, extraordinarios: a veces, son acontecimientos de carácter físico (terremotos, epidemias), económico, social o político (como una revolución), pero lo que tipifica la existencia o no de la emergencia no es la naturaleza del hecho determinante, sino su modo de ser extraordinario, la gravedad y amplitud de sus efectos y la necesidad imperiosa de establecer normas adecuadas para restablecer los intereses públicos afectados” (Fallos 238:76).

Debe existir una realidad fáctica excepcional para que se justifique una legislación de emergencia. Pero, aún en el supuesto de configurarse la situación descripta en los fallos de la Corte, las normas deben cumplir los requisitos limitativos, para el dictado de la citada legislación, fijados desde el fallo “Avico c/ De La Pesa” y en ningún caso pueden conllevar a la frustración de derechos constitucionales.

Durante décadas, sobre todo a partir de 1930, la legislación de emergencia fue dictada para solucionar una grave situación social o económica que afectaba a distintos sectores sociales (inquilinos, deudores hipotecarios, pequeños productores). Nace la emergencia con un sentido de protección a los sectores más débiles de la sociedad.

La Propiedad Privada, es un derecho fundamentalísimo, el único señalado como “inviolable” de los ciudadanos, que tiene una tutela especial y preferente en nuestro sistema constitucional, en función del techo ideológico vigente en 1853 y renovado sucesivamente. No puede ser modificado o derogado por el dictado de normas de inferior jerarquía vinculadas al mantenimiento del interés de los banqueros o a las necesidades fiscales del Estado.

En el decreto, como hemos demostrado, ni siquiera se pretende justificar seriamente la situación financiera que haría necesario dictar esta medida que destruye la libertad económica de los argentinos.

El Estado tiene la obligación de velar por el respeto al orden jurídico y garantizar los derechos fundamentales de los habitantes. En este caso se coloca fuera del mismo, en una marco de ilegalidad creciente.

Sostenemos que el decreto no cumple con los recaudos mínimos para convalidar la legislación de emergencia.

No responde esta medida –técnicamente confiscatoria- a un criterio de interés general sino, por el contrario, importa una abierta desigualdad con relación a las personas a las cuales se les aplica.

Dice Bidart Campos que “…con las emergencias económicas hay que tomar una precaución inicial, porque generalmente tienen origen –próximo o remoto, inmediato o mediato– en las políticas del Estado”. Es el Estado el que ha llevado a esta situación y es aplicable el clásico principio que nadie puede alegar su propia torpeza (proprium turpitudinem non alegat).

Súmesele a todo esto que la medida no tiene plazos de vencimiento: si bien el Ministro de Economía y otros funcionarios señalan en sus declaraciones públicas que no durarán más de 90 días, el decreto establece que:

Si bien parece que el plazo está bien determinado (24 horas del día…) en verdad las operaciones de canje dispuestas por el 1387/01 no tienen fecha de conclusión, siendo alongadas, discrecionalmente, por el Ministerio de Economía, así que ni siquiera tenemos la certeza de cuándo concluirá este calvario.

En conclusión: la medida –que alega ser de necesidad y urgencia- no se sustenta ni en hechos vinculados a la decisión ni en el derecho aplicable.

El decreto de marras no invoca “hechos” que justifiquen la medida, se fundamenta en “razones políticas” o, mejor dicho ”razones ideológicas”. No se mencionan circunstancias de hecho sino opiniones sobre lo que los firmantes entienden “se debe hacer”.

Cabe aquí recordar que la discrecionalidad, propia de las decisiones políticas, que se permite a los actos de gobierno, nunca puede apartarse del texto legal y mucho menos del texto constitucional. En tal caso se convierten en arbitrarias.

Por ello podemos asegurar que el 1570/2001 no se sustenta en hecho alguno ni existen hechos que le sirven de causa.

Se viola la ley 25466 por la cual el beneficio de intangibilidad fue concedido. Y de ese modo se viola la Constitución en sus artículos 14, 16 y 17.

La Constitución Nacional, nacida bajo el signo del constitucionalismo clásico, liberal, consagra el derecho a la propiedad privada como inviolable.

Sagüés (Elementos de Derecho Constitucional) enseña que:

Los depósitos bancarios son, en realidad, dinero del depositante que deja en custodia de la entidad financiera que actúa como depositaria. Son propiedad del depositante.

El gobierno plantea que no se viola la propiedad como si la única forma de violar este derecho fuese desapropiar. En rigor de verdad el 1570/01 afecta el derecho de propiedad, ya que limitar la disposición y las modalidades de la disposición, es afectar el derecho de propiedad.

Dentro de su techo ideológico original, la Constitución Nacional privilegia la idea de la propiedad como derecho del propietario titular de cada bien. Hay una ‘ley natural’ que hace a cada productor dueño de su utilidad o provecho.

Así, el padre de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, en sus ‘Bases…’ dice que: “La distribución de la riqueza se opera por sí sola, tanto más equitativamente cuanto menos se injiera el Estado en imponerle reglas”. Luego dice, en afirmación que no necesariamente compartimos, que “Pueden justificarse restricciones a la libertad política, pero no a la libertad económica”. Esta es la idea de la Constitución Nacional. El mismo Alberdi agrega que “la economía política más adelantada y perfeccionada no podría exigir garantías más completas a favor de la propiedad, como principio elemental de la riqueza” que las enunciadas en esta Constitución. Nuestra normativa, según Alberdi, “ha echado un cerrojo de fierro a los avances del socialismo”.

A su turno, el Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 21, inc. 1, establece que “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.”; y su inc. 2 dice: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

En segundo lugar nos cabe decir que el Pacto es claro cuando alude a ‘ley’, surgiendo claro que refiere a ley en sentido formal.

Las partes –depositante y depositario- formalizamos un contrato (de los llamados ‘por adhesión’) por el cual el depósito ‘a la vista’ podía ser extraído –parcial o totalmente- en cualquier momento por mí como dueño del dinero.

Este contrato es alterado por el Poder Ejecutivo Nacional. En efecto: al disponer que no se puedan extraer más de $250 por semana se ha modificado sustancialmente el contrato entre las partes conduciendo a un ahorro bancario obligatorio.

Pero además, se impide concluir un contrato, que, por cualquier motivo, hoy no nos parece conveniente o deseable continuar. Se me obliga a contratar. Y no sé cómo convencerme de que es constitucional vivir en un país donde se me considera rehén de la improvisación del gobierno.

La libertad de contratar es uno de los más caros derechos constitucionales, a la cual Alberdi denomina “la nodriza de la patria”.

En “Ercolano” la CSJN expuso que la actuación del Estado para limitar el derecho de contratar sólo se justifica “en el propósito de librar al público de opresiones o tiranías de orden económico, en protección de intereses vitales de la comunidad” y concretamente refirió a razones “de humanidad y de justicia social” que reclaman la intervención estatal, en especial ante la presencia de monopolios de derecho, reales o virtuales, y en particular frente a situaciones críticas. Nada de esto se advierte en este caso.

Pero, en este caso, lo más claro es que se me impide NO CONTRATAR, se me obliga a contratar.

En “Cine Callao” (F:247:121) se discutió la contratación obligatoria que la mayoría de la Corte consideró justificada. En disidencia compartida por Sagüés, Boffi Boggero, expresó que el Estado no puede trasladar a los particulares problemas que ellos no han causado, debiendo el Estado resolverlos él mismo.

Enseña Sagüés que “Es evidente que la Constitución se fundamenta como regla, en la libertad de contratación, y que los contratos compulsivos –si se los puede calificar así- no existen constitucionalmente. Para privar a alguien de su propiedad, la vía constitucional correcta es la expropiación (art. 17), y para restringirla (pero no alterarla) existen las demás vías instrumentadas por la legislación subconstitucional , legitimada por el derecho consuetudinario constitucional. En tal esquema no resulta constitucional obligar a alguien a suscribir un convenio que no desea realizar, aunque sí es constitucional que el Estado prohíba algunos contratos (como los lesivos a la moral u orden público, según las pautas del art. 19, Const. Nacional), o que imponga ciertos contenidos mínimos en ellos (en resguardo de derechos humanos innegables o de protección del bienestar general, atento a la directriz que en tal sentido trae el Preámbulo).”

Es decir: el Estado podía disponer que los nuevos depósitos se hagan con cláusulas de no retirar más de $250 por semana, pero no me puede modificar mi contrato de depósito.

Por ello, también, el decreto 1570/01 debe ser declarado inconstitucional.

Pero además el decreto 1570/2001 establece arbitrarias diferencias entre los argentinos.

Para advertir la irrazonabilidad de la medida debe atenderse a quienes se ven perjudicados por ella y quienes se ven exceptuados, diferencias que demuestran lo discriminatorio del decreto.

1. Aquella persona que, como yo, optó por confiar en el sistema bancario argentino en lugar de guardar su dinero en el colchón, hoy se ve defraudada.

2. Quien optó por un depósito a la vista o en plazo fijo, en lugar de una caja de seguridad, se ve impedida de disponer de su dinero. Se consagra así un privilegio a favor de quienes, con más dinero, optaron por un depósito oculto. Se perjudica al pequeño ahorrista.

3. Los que tienen depósitos inferiores a $250 pueden clausurar definitivamente sus cuentas bancarias. No así los que tienen $251, que se ven obligados a esperar.

4. Los que, por las características de su actividad, deben hacer frente a muchos gastos en efectivo, se ven forzados a la insolvencia.

El PEN parece creer que todos los gastos en efectivo son evasiones, cuando que una familia regularmente ocupada de clase media, tiene por semana más de $250 de gasto en efectivo. El taxi, los cigarrillos, las golosinas, el diario, el colectivo, la propina, la limosna, la colecta en la misa, el estacionamiento medido, el dinero para que lleven los hijos, el telecentro, el café, los bizcochitos, y miles de ejemplos más, todos lícitos, todos dentro de la economía formal, demuestran que es imposible vivir sin efectivo.

Agréguese a ello que el uso y la posesión de la moneda nacional es una de las prerrogativas de la soberanía.

5. Los que tienen cuenta corriente (y con ella chequera y quizás tarjeta de crédito) cuentan con medios más habituales y fáciles para pagar sin efectivo. En cambio, quienes poseemos una simple caja de ahorros –lo cual incluye a millones de trabajadores bancarizados- nos vemos forzados a pagar únicamente mediante tarjeta de débito, que nadie acepta.

6. Vamos a la última, pero más agraviante, de las desigualdades del caso: los vecinos de los pueblos y ciudades del interior con poblaciones superiores a los 5000 habitantes.

Quizás –aunque lo desconocemos- en Buenos Aires sea posible realizar casi todos los gastos con tarjeta de débito, con cheques o con tarjeta de crédito. En Santa Fe, una simple constatación de la realidad nos demuestra que no es posible.

Las inmobiliarias, los almacenes, los pequeños supermercados, las panaderías, y todos los demás centros de gasto habitual y principal de la clase media no aceptan medios electrónicos de pago. Y el cliente no puede, Señor Juez, decirle a la inmobiliaria que esta semana le pagará $250 y la próxima $100.

Piénsese sólo que por ejemplo la EPE (empresa santafesina de energía) no acepta pagos que no sean en efectivo. No admite débitos bancarios ni otros sistemas.

Pero además el Estado sabe que será imposible de instrumentar el sistema ordenado. El Comunicado Nº 42059, del Banco Central de la República Argentina, que explica y detalla el decreto 1570 dice textualmente: “Todas estas disposiciones tendrán vigencia a partir del lunes 3 de diciembre de 2001. Sin embargo, cabe tener en cuenta que su plena implementación operativa podrá requerir -en determinados casos- algún tiempo adicional.”

En conclusión: es tan grande el caos que se está provocando a la economía cotidiana de los argentinos que, si no se impide la aplicación del decreto 1570/01, por lo menos en lo que al peticionante respecta, se caerá en la insolvencia y la pauperización… aunque tenga dinero en el banco.

En este país donde aún no nos hemos acostumbrado a cumplir con la palabra empeñada, mucho menos el Estado parece estar dispuesto a dar el ejemplo, sometiéndose, primero que nadie, a las leyes que él mismo emite.

Tal como reseñáramos la fuga de depósitos, según el decreto, viene desde febrero. En una medida razonable, inteligente, civilizada, el Congreso, para frenar la fuga, dictó la ley de intangibilidad de los depósitos o “Régimen para depósitos en pesos o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista”, que obtuviera el número 25466.

Dicha ley –en plena vigencia- establece que:

Es clarísima la violación que implica el decreto 1570/01 de la ley 25466, no sólo del espíritu sino de la textual letra de la ley.

Como dijéramos oportunamente no sólo tenemos el derecho de propiedad, genéricamente establecido en la Constitución Nacional sino específicamente protegido respecto a los depósitos mediante esta ley.

Consciente de la ilegalidad de su medida el PEN intenta engañar a los ciudadanos y a los jueces alegando, entre los considerandos, un estricto cumplimiento de la 25466.

Así dice: “Que mientras ello ocurre se puede generar inestabilidad en el nivel de los depósitos en el sistema financiero, que ponga en riesgo su intangibilidad, con el alcance que le fuera reconocida por la Ley Nº 25.466. (…)

Pero la falacia no concluye en los considerandos, sino que la consagra el texto del decreto:

Es decir: son intangibles en relación a que no se los quedarán el Estado ni los Bancos (por ahora), pero sí han roto las prescripciones de la ley respecto a prorrogar los pagos y reestructurar los vencimientos.

Por último, señalemos dos afirmaciones de los considerandos, que hasta ahora no habíamos destacado:

Para terminar delinearemos algunas ideas en torno a lo irrazonable de la medida.

El decreto 1570/01 contraviene un principio fundamental del Estado de Derecho que marca la necesaria subordinación de la economía a los valores de la Constitución. El test de razonabilidad que debe aplicarse para establecer la validez constitucional de las normas debe medir, siempre, en qué grado los decretos o leyes dictados tienen por fin asegurar el efectivo cumplimiento de los valores constitucionales. Cuando los medios utilizados conducen a un camino contrario a afianzar valores, tales como el de usar y disponer de su propiedad, deben ser descalificados.

Si las normas económicas van en sentido contrario a la supremacía de la Constitución, la función de los jueces es reafirmar su vigencia.

Afirmamos que las medidas fiscales en todos los casos deben subordinarse y no insubordinarse a la Constitución. En este caso el “principio protectorio del sistema financiero” no es una norma supraconstitucional a la cual deban supeditarse los derechos constitucionales.

Tampoco supera el test de razonabilidad, sino por el contrario, se trata de una medida que altera la sustancia de un derecho, de contenido alimentario, como los depósitos superiores a $250.

Los jueces han dicho, reiteradamente, que no juzgan sobre el mérito de una determinada política, en este caso sería la estabilidad del sistema financiero, pero tienen la obligación constitucional de intervenir si advierten que la lesión de un derecho proviene de una política concreta que puede reemplazarse por otra.

En este caso, deben decidir que la elegida es inconstitucional por que hay otras políticas, que de haberse elegido, no irrogarían la lesión que origina la que está en vigor. No existe proporcionalidad entre el medio elegido y el fin perseguido de estabilidad financiera. En lugar de generar confianza el Estado obliga a la confianza. Cuando la confianza es obligatoria se la llama obediencia.

Esto implica aplicar el estándar de razonabilidad como criterio de justicia. Una medida como la que cuestionamos, que conduce a un aparente fin legítimo, evitar el riesgo de que se produzca una crisis financiera sistémica, no es razonable cuando existen otras medidas igualmente conducentes a ese fin y se ha optado por la más gravosa para la vigencia del derecho constitucional.

Para concluir señalamos lo siguiente: la ley 25466 había optado por un medio sabio y no gravoso de obtener el mismo fin que busca el 1570, por lo cual la 25466 sí era razonable.

Se dirá que la ley no logró sus objetivos ya que los argentinos no confiaron en la estabilidad de una ley del Congreso. Con todo el dolor que nos causa la situación debemos decir que quienes no creyeron en la ley, de nuevo, tuvieron razón.

Finalmente, aunque más no sea como advertencia a la contraparte, permítasenos señalar que mediante este sistema se está alentando un sistema de especulación de dimensiones inimaginables.

Piénsese que a partir de ahora el dinero en efectivo se va a convertir en un bien escaso. Conforme a las leyes del Sacrosanto Mercado que Economía dice conocer, cuando un bien es escaso aumenta su valor.

Así surgirán en estos días todo tipo de negocios que podrán aprovechar quienes tengan dinero en efectivo. Recibir transferencias en sus cuentas y entregar efectivo con pequeñas deducciones, o recibir cheques, o utilizar transacciones de tarjeta para vender efectivo.

Y así, queriendo o sin querer, se habrán violado los principios de la tan defendida ley de Convertibilidad, ya que un peso o un dólar en papel valdrán más que la misma suma nominal.

En resumen, V.S. deberá declarar la inconstitucionalidad del decreto nacional 1570/2001 por motivos de forma (falta de existencia y justificación suficientes para concretar un decreto de necesidad y urgencia) y de fondo (irrazonabilidad, violación de derechos constitucionales de propiedad y contratación) y su ilegalidad por violación de la ley 25466.

La naturaleza de los derechos afectados por el citado decreto de necesidad y urgencia, no es la de un derecho subjetivo ordinario. Por el contrario, se trata de derechos humanos, cuyo signo distintivo está en su universalidad (son para aplicarlos a todos), y su elevación a rango constitucional, tanto en el 14 como en el 75 incisos 19 y 22 de la C.N. La incorporación de los mismos a la Constitución no es a los meros efectos de incorporar un catálogo de derechos inocuos, sino que debemos utilizar los instrumentos para garantizar el acceso a los mismos, la permanencia y la no afectación arbitraria en su uso y goce.

Pero además, cuando hablamos de derechos constitucionales de primera generación como es éste, basta con imponer al Estado y a los particulares obligaciones de no hacer, de abstenerse, de no interferir.

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico será eficaz si garantiza la no intromisión en el goce de determinados derechos (ej. la propiedad privada).

En base a lo expuesto consideramos que la Acción de Amparo establecida en el art. 43 de la C.N. será una “vía regia” para la tutela de los derechos constitucionales.

La vía del amparo resulta procedente por cuanto la norma atacada lesiona, en forma actual e inminente, con ilegalidad y arbitrariedad manifiestas, derechos y garantías expresamente establecidos en la C.N. y en Tratados y/o Convenios Internacionales, con jerarquía supralegal, incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna.

Por otra parte, y en atención a que el decreto cuestionado tiene aplicación inmediata, la lesión es inminente; no existiendo vía judicial que, a tenor de lo dispuesto por el art. 43 de la C.N., resulte más apta que la presente para evitar perjuicios a las garantías constitucionales afectadas (argum. conf. entre otros C. Fed. Paraná, 16.11.94, in re: “Velazquez, Gladys I. y otra”, JA, boletín del 28.12.94, págs. 16 y ss.).

Es más, aún antes de la Reforma Constitucional de 1994 y rigiendo una tesis en general restrictiva para los planteos de inconstitucionalidad por la vía del amparo, era opinión y jurisprudencia uniforme que en supuestos como el que nos ocupa se imponía el tratamiento y decisión de la tacha de inconstitucionalidad de actos de tal naturaleza.

En ese sentido afirmaba la CSJN que en los casos en que “… la violación de derechos o garantías sea palmaria, … pueden los tribunales declarar la inconstitucionalidad en este procedimiento sumario” (ver Fallos 306:1253 y 306:1254; etc.).

Tenga en cuenta V.S. que esta misma semana –primera semana del mes, cuando operan todos los vencimientos- no disponemos más que de $250 para afrontar nuestros gastos, estando seguros de que será materialmente imposible que todos nuestros proveedores nos cobren mediante dinero electrónico, lo cual demuestra meridianamente clara la urgencia del caso.

El derecho invocado surge verosímil en tanto se advierte que en el presente caso se quiebra el principio de razonabilidad de que debe estar revestida toda norma jurídica. El medio elegido, en el subexamine, impedir los retiros de depósitos superiores a los $250 semanales, no guarda proporción con el fin enunciado, “evitar el riesgo de inestabilidad financiera”. La ley es arbitraria e irrazonable al transformar los depósitos contantes y sonantes en inciertos y lesiona el fin de justicia que debe caracterizar la actividad del Estado. Parafraseando a San Agustín podríamos preguntarnos: “¿qué diferencia una banda de ladrones del Estado cuando este ha abandonado el fin de la justicia?”.

Un ya olvidado –incluso por él mismo- profesor de Derecho Procesal apuntó –en cierta ocasión y con fina percepción- sobre los defectos de un tipo de procesalismo obstructivo del reconocimiento de los derechos fundamentales, diciendo: “Creo poder afirmar que en la realidad de nuestros tribunales los jueces acusan una tendencia demasiado reiterada a convalidar los actos de la administración y lo que es peor a poner obstáculos formales a la revisión judicial, con lo que de hecho vienen a abstenerse en demasiados casos de ejercer su control bajo el amparo del procedimiento”, (Fernando de la Rúa, “Jurisdicción y Administración”, Lerner, 1979, p. 155).

V.S. resulta competente en virtud de las disposiciones del artículo 116 de la Constitución Nacional, del CPCCN y de toda la ley de rito, en virtud de que nos hallamos frente a una norma federal, que mi parte tacha de inconstitucional, dictada por el PEN.

Constancia del Saldo de mis cuentas, obtenida, según se advierte, minutos antes de la promoción de la presente acción.

Que se funda la presente acción en lo dispuesto por los arts. 1, 14, 14 bis, 16, 17, 28, 29, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Ley 16.986 y art. 230 y cctes. del C.P.C.C.N.

Que encontrándose en juego derechos de directa e inmediata raigambre constitucional que fueran explicitados en el presente escrito (propiedad, libertad de contratar, igualdad) una sentencia contraria a mi pretensión me irrogaría un agravio constitucional de magnitud, por lo cual se hace expresa reserva de la cuestión constitucional para ocurrir ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación por el procedimiento previsto por el art. 14 Ley 48.

Venimos por el presente a efectuar reserva de ocurrir ante organismos internacionales atento la gravedad de las medidas adoptadas por el P.E.N. a través de los Decretos tachados por inconstitucionales y la violación de derechos humanos que contienen los mismos al afectar la propiedad privada en forma sustancial en abierta contradicción con principios establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

1- Me tenga por presentado, domiciliado, y, en el carácter invocado, me otorgue la participación que por derecho me corresponda.

2- Tenga por promovida acción jurisdiccional de amparo –ley 16986- contra el Poder Ejecutivo Nacional pretendiendo la inaplicabilidad al actor del decreto 1570/2001.

3- Imprima a la presente el trámite de ley.

4- Disponga la medida cautelar solicitada bajo la caución juratoria ofrecida.

5- En su día, recepte la petición formulada, con costas a la demandada.

Proveer de Conformidad

ES JUSTO