derechos electorales

Compartimos dos interesantes dictámenes del Procurador General ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Dr. Jorge Barraguirre. En estos casos, actuando ante el Tribunal Electoral de la Provincia.

En el primero (Weisburd c/ Martínez), descarta la inhabilitación de un candidato por el hecho de hallarse pendiente de conclusión un proceso concursal (quiebra).
En el segundo (Chabás / Salomón) decide impedir la candidatura comunal de una persona que, al mismo tiempo, se postulaba como diputado nacional.

En ambos los fundamentos son originales, profundos y contundentes. Nosotros los consideramos unidos por un criterio renovador en materia electoral, fuertemente ceñido a los derechos constitucionales de los electores.

En Weisburd c/ Martínez el eje pasa por permitir la participación, y la elección, dejando de lado tecnicismos absurdos y limitaciones anacrónicas y excesivas.

En Chabás / Salomón se intenta impedir la burla a los electores consistente en presentarse en distintas elecciones (comunal y nacional) aprovechando un hueco en las regulaciones, por lo cual el candidato en definitiva sería quien decida a dónde usaría los votos que reciba.

Estamos seguros de algo: este es el camino a recorrer para fortalecer las elecciones populares como mecanismo originario de la democracia representativa.
Con ideas como estas no hubiésemos tenido ni ARI TRUCHO ni CANDIDATURAS TESTIMONIALES, dos recordadas y tristes estafas a los votantes argentinos.
Estamos en el buen camino, copiemos las cosas buenas.

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WEISBURD C/ MARTINEZ

1. Mediante
   presentación
   obrante a foja 1/2 vta., el abogado Santiago Weisburd, por derecho
   propio, solicita la exclusión de la a la señora Ana Laura
   Martínez de lista de precandidatos a concejales de la ciudad de
   Rosario denominada “Rosario Nos Une”, perteneciente a la alianza
   electoral transitoria “Unión Pro Santa Fe Federal”, en razón
   de haber tomado conocimiento de que la nombrada registra un proceso
   falencial por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo
   Civil y Comercial del Distrito Judicial N° 2-Rosario-, caratulado
   “MARTÍNEZ, ANA LAURA S/ QUIEBRA” (Expte. N° 1151/1999).
2. Tras
   señalar que “[…] con fecha 11/10/2011, mediante resolución N°
   2954, se dispuso tener por concluida por avenimiento la quiebra de
   Martínez, quedando dicha conclusión del proceso sujeta al
   cumplimiento por parte de la fallida del pago de los gastos y costas
   originados en el juicio”, advierte que por no haber dado
   satisfacción al cumplimiento de dicho pago, la nombrada “[…]
   sigue estando en quiebra y no ha sido judicialmente rehabilitada”1.
3. En
   razón de ello, y luego de efectuar una interpretación del inciso
   2° del artículo 25 de la Ley N° 2756, el impugnante entiende que
   “[…] surge sin duda alguna que quien se encuentra sometido a un
   proceso de quiebra, y mientras no obtenga su rehabilitación, no
   puede postularse como candidato (o precandidato) a concejal, …”.
4. Por
   último, el impugnante acompaña informe expedido por el Registro de
   Procesos Universales y de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales
   de Rosario, obrante el mismo a fs. 3/4, y fotocopias simples de
   resoluciones dictadas en el marco del Expte. 1151/1999, ut supra
   mencionado (vid. fs. 5/11).
   II
5. A fojas 13 de autos
   se encuentra agregado el informe elaborado por el Departamento de
   Reconocimiento y Oficializaciones, dando cuenta que “[…] el
   señor WEISBURD, SANTIAGO, quien integra la lista de precandidato en
   trámite de oficialización, como concejal Titular Cuarto por la
   lista ‘Santa Fe Avanza’ de la Alianza ‘Unión Pro Santa Fe Federal”
   de la localidad de Rosario, quien impugna la precandidata Martinez,
   Ana Laura -DNI 25.453.539”, y que “[…] la señor MARTINEZ, ANA
   LAURA, D.N.I. 25.453.539, integra la lista de precandidata en
   trámite de oficialización, como Concejal Titular Primera de la
   lista ‘Rosario nos Une’, de la Alianza ‘Unión Pro Santa Fe Federal’
   de la ciudad de Rosario…”, acompañando informe del sistema de
   Oficialización de Listas, obrante el mismo a fs. 13/14 de las
   presentes actuaciones.
   III
6. Habiéndose
   requerido informe por parte de la señora Secretaria de este Alto
   Cuerpo, Dra. Claudia Susana Catalín, al Juzgado de Primera
   Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial
   N° 2-Rosario-, en relación al proceso falencial de la señora Ana
   Laura Martínez (cfr. fs. 16/18), el mismo es contestado -vía fax-
   por decreto de fecha 02.07.2013 (vid. fs. 19), dando cuenta que en
   fecha 11.10.2011 se declaró la conclusión de la quiebra de la Sra.
   Ana Laura Martínez “[…] mediante resolución n° 2954, no
   habiéndose abonado al día de la fecha los gastos y costas del
   proceso, como así tampoco existe al día de la fecha, auto de
   rehabilitación de la nombrada”2.
   IV
7. Mediante
   dictamen de fecha 03.07.2013, obrante a fs. 21 esta Procuración
   Fiscal Electoral aconsejó:
   “[…]
   otorgar intervención a la precandidata impugnada y a los
   apoderados de la lista ‘ROSARIO NOS UNE’ de la ciudad de Rosario, a
   fin de que expresen todo cuanto estimen pertinente en relación a
   la impugnación materializada a fojas 1/2 vta. de autos y acompañen
   los elementos probatorios que consideren necesarios, …”.
   V
8. En
   fecha 04.07.2013 (cargo N° 6795), el apoderado de la lista “Rosario
   Nos Une”, abogado Gonzalo Mansilla de Souza, efectúa
   presentación, la que obra agregada a fs. 27/29 vta..
9. En
   la misma, el apoderado ocurrente comienza por efectuar una
   interpretación del artículo 25 de la Ley 2756, señalando al
   respecto que “[T]ratándose de una norma impeditiva del ejercicio
   de derechos sustanciales, la interpretación debe ser restrictiva.
   Y, por tanto, la hermenéutica razonable y equitativa debe
   orientarse en el sentido de entender que el candidato debe cargar
   con la incompatibilidad al momento de efectuarse y dirimirse alguna
   cuestión que pueda llegar a impedirle el ejercicio de su derecho
   electoral, debe contar con la posibilidad de remover el
   impedimento”, agregando que “[…] este Tribunal electoral de la
   Provincia de Santa Fe ha desestimado consecuentemente las
   impugnaciones fundadas en el art. 25 de la ley 2756 expidiéndose en
   el sentido de que es competencia del órgano Concejo y no del
   Tribunal, declarándose así en autos 16170-L-9, 17828-S-11,
   17768-S-11, etc,”.
10. Por
    otra parte, el ocurrente expresa que “[L]a candidata Ana Laura
    ‘Anita’ Martínez no se encuentra inhabilitada por quiebra. Todo lo
    contrario, su cese de inhabilitación acaeció en forma automática,
    de pleno derecho, al año de la declaración de quiebra (art. 234
    LCQ y concs.), habiendo transcurrido dicho evento hasta largo
    tiempo”.
11. En
    tal sentido, tras efectuar un ensayo sobre el funcionamiento de la
    rehabilitación en el proceso falencial, con cita de doctrina y
    jurisprudencia, el abogado Mansilla de Souza entiende que “[…]
    la pre-candidata Ana Laura ‘Anita’ Martínez está rehabilitada”.
12. Al
    respecto, señala que “[…] el estado de quiebra culminó por
    avenimiento, restando solamente el pago de los honorarios
    profesionales, episodio que tendrá lugar en el día de la fecha”,
    y que “[E]fectivamente conforme al art. 226 de la ley de concursos
    y quiebras n° 24522 y sus modificatorias (en adelante LCQ), el
    estado falencial concluye cuando se completan las conformidades
    emanadas de todos los acreedores, hecho que en el expediente de
    marras, ya acaeció”.
13. Agrega
    que “[O]tra historia es todo lo atinente al pago de los honorarios
    y costas, confirmando dicho criterio el mencionado art. 226 LCQ, que
    al respecto proclama: ‘Al disponer la conclusión de la quiebra, el
    juez determina la garantía que debe otorgar el deudor para asegurar
    los gastos y costas del juicio, fijando el plazo pertinente…’”.
14. Aledga
    que “[E]n nuestro caso, se reguló los honorarios de los
    profesionales (sin fijar dicho plazo) y se encuentran, vía recurso
    de queja, en la Sala Civil y Comercial IV Expte. 34/2012, pero, de
    hecho, el primer tramo ya acaeció”.
15. Por
    último, el apoderado de la lista ocurrente entiende que “[…]
    sustancialmente la quiebra puede tenerse por concluida. Pero es más,
    par completar el ‘iter’ formal, en el día de la fecha se abonará
    los honorarios pendientes, formalizándose la ‘conclusión de la
    quiebra’ por ante el Tribunal interviniente, a fin de reunir
    -formalmente- la totalidad de recaudos requeridos por la norma”.
    VI
    A
16. Así
    las cosas, liminarmente cabe recordar que ―según
    el criterio reiteradamente sustentado por esta Procuración
    Fiscal Electoral y ese Alto Tribunal―
    la norma del artículo 25 de la ley 2756 se refiere a
    incompatibilidades y no a condiciones de elegibilidad de los
    candidatos. Por lo tanto, impedirían el ejercicio efectivo de la
    función
    y no la presentación al proceso electoral3.
17. En
    tal sentido, en otro caso de similar índole, si bien el mismo
    trataba de impugnación de candidato a miembro de Comisión Comunal
    ―por
    la misma causal de incompatibilidad denunciada en el presente―
    esta Procuración
    Fiscal Electoral dijo que:
    […]
    en caso de resultar electo el ciudadano impugnado deberán
    arbitrarse los medios tendentes a acreditar la existencia de dicha
    circunstancia y, eventualmente, corroborar si la mentada causal de
    incompatibilidad subsiste al momento en que el candidato electo
    deba asumir el cargo correspondiente4.

18. Sin
    embargo, ella no parece ser la interpretación acorde tanto a la
    letra como al sentido del artículo 25. Esta norma busca anticiparse
    al electo electoral mismo en tanto sostiene que quienes estén
    incurso en alguna de esos supuestos de hecho no podrán ser electos
    como concejales. Lo deja claro el artículo 26: si hubiere causas
    “posteriores a su elección” quien esté incurso en los
    supuestos del artículo 25 cesará “automáticamente en su
    función”. Es la elección el momento temporal clave para
    determinar el funcionamiento de los impedimentos: mientras que bajo
    el artículo 25 funcionan como causal de inelegibilidad, bajo el
    artículo 26 funcionan como causal de incompatibilidad en el
    ejercicio de la función. Si siempre funcionasen del modo en que
    hemos dictaminado, el artículo 26 no tendría sentido: las
    incompatibilidades siempre podrían alegarse al momento en que se
    presenten. Por lo tanto, lo que hacía falta no era una norma que
    vaya en tal sentido sino una norma que previese, por ejemplo, que
    quienes caigan bajo los supuestos establecidos no puedan ser, ni
    siquiera, electos/as.
19. Dicho
    esto, es correcta la posición de la impugnante: uno de los
    eventuales momentos en que esas condiciones deben examinarse, es
    éste, es decir, el proceso de oficialización de postulantes: si se
    trata de evitar que una persona sea electa bajo esas condiciones,
    los más sensato ―en
    términos de justicia y eficiencia5―
    es impedir que acceda al proceso electoral mismo6.

20. No
    obstante, respetuosamente, no coincido con su postura sobre el
    fondo. En efecto, la cuestión -al final del día- es que la
    impugnada no habría pagado ciertos honorarios profesionales. Muy
    importantes que son, no alcanzan a derrotar el derecho del
    electorado de elegir a quien considera su mejor representante y el
    derecho de las personas de solicitar el apoyo de sus pares para
    representarlos.
21. Más
    aún. Es la necesidad de una interpretación que vaya más allá del
    texto del artículo de la ley de concursos y quiebras la que
    mantiene con vida el auto de rehabilitación. En efecto, el capítulo
    que regulaba la rehabilitación -en concordancia con la cuestión
    relativa a la calificación de conducta- fue derogado. Por lo
    tanto, el resabio de auto de rehabilitación ―vinculado
    a una necesidad (justificable) de seguridad7―,
    no puede operar como límite y restricción más allá de lo
    necesario: lo cierto es que el 11 de octubre de 2011, la quiebra de
    la impugnada concluyó.
22. Así
    lo ha declarado recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
    Nación y varios importantes tribunales inferiores. La primera
    adhirió al criterio de la Procuración General de la Nación quien
    sostuvo:
    […]
    considero que la sentencia recurrida es arbitraria, si se
    advierte que el tribuanl a-quo, al confirmar el fallo de la
    instancia anterior, entendió que el cese de la inhabilitación no
    opera de pleno derecho al año de la fecha del decreto de quiebra,
    sino a partir de una declaración judicial obtenida mediante un
    trámite previo, decisión, que a mi modo de ver, se aparta de la
    solución y alcance contemplado en el marco normativo aplicable al
    caso.
    Asi
    lo pienso, puesto que la interpretación dada por los jueces de
    Cámara vinculada con el requisito de un procedimiento previo no
    surge del texto de la ley 24.522. En efecto, su artículo 236
    dispone que la inhabilitación del fallido cesa “de pleno
    derecho” al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o en
    que quede firma la resolución que fija el momento inicial del
    estado de cesación de pagos. En el sublite, el estado falencial
    del recurrente fue decretardo el 15 de marzo de 1999 (v. fs.
    284/288)8
    (resaltado agregado.)
23. Por
    otro lado, precisamente a raíz de ese fallo, se dijo:

24. Antes,
    en el mismo sentido, se había pronunciado la Sala C de la Cámara
    Nacional de Apelaciones en lo Comercial:
    1.
    Compartiendo el Tribunal los fundamentos dados por la Sra. Fiscal
    de Cámara en el dictamen que antecede, corresponde hacer lugar al
    recurso de apelación interpuesto por el fallido contra la
    decisión de fs. 326/7, apartado B.
    En
    efecto: tiene dicho esta Sala que , como la rehabilitación del
    fallido se produce de pleno derecho al año del decreto de
    quiebra (cfr. art. 236, L.C.Q.), éste puede disponer de los
    bienes que hubiese adquirido a partir de esa fecha, para lo cual
    es necesario que no se encuentre inhibido10.
25. Es
    claro que bajo la justificación del inciso 2 del artículo 25 ―que
    bien señala el impugnante11―
    la Sra. Martínez actualmente puede postularse para competir.
    Además, como lo implica al ofrecer la prueba informativa, aceptando
    la posición de la rehabilitación no automática, estaría
    pendiente el trámite del pago de la totalidad de los honorarios
    regulados y costas del proceso. Bajo la interpretación propiciada
    por el máximo tribunal de la República, esa omisión no podría
    jugar como impedimento.
26. Pero,
    por último, destaco que la impugnada por intermedio del apoderado
    de su lista, anuncia que ellos serían cancelados en el mismo día
    de su presentación12.
    Por lo tanto, si el Tribunal lo considerase necesario (y rechazara
    la interpretación que se efectúa en el presente en la que se
    adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
    acerca del artículo 236 de la ley de concursos y quiebras) podría
    solicitar se libre oficio al Juzgado respectivo a fin de informar
    sobre el estado de los autos que dieron motivo a esta disputa.
    VII
27. En
    virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. desestimar el planteo
    efectuado por el ocurrente a foja 1/2 vta. de autos, rechazando la
    impugnación deducida, disponiendo posteriormente el archivo de las
    presentes actuaciones; o, en su caso, adoptar las medidas que
    considere necesarias a los fines de que el Juzgado informe sobre el
    estado de los autos que motivaron la presente impugnación.
    En
    su mérito,
    así
    me expido.
    DESPACHO,

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CHABAS / SALOMON

1. Mediante
   Auto N° 226 emitido por este Alto Cuerpo en fecha 01.07.2013 (vid.
   fs. 38/39) se resolvió:
   “[1.-] Reconocer
   la Lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER” perteneciente a la
   agrupación política “PARA CHABAS” y aprobar la nómina de
   precandidatos presentada por los apoderados de la misma, en la
   localidad de CHABAS, departamento CASEROS, para las elecciones
   primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 11.08.2013”.
2. Que
   en la lista precedentemente mencionada, el señor Osvaldo Alfredo
   Salomón, fue presentado como pre-candidato de la lista denominada
   “CHABAS VUELVE A CRECER”, para participar de la elección para
   la renovación de autoridades de la Comisión Comunal de la
   localidad de Chabas, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe,
   como miembro titular primero1.
   II
3. Ello
   así, habiéndose advertido que el señor Osvaldo Alfredo Salomón,
   fue presentado ante le Justicia Electoral Nacional como precandidato
   a Diputado Nacional Titular N° 1 en la lista “B” denominada
   “UNIDOS PARA CAMBIAR” perteneciente a la alianza electoral
   transitoria denominada “UNITE! CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y
   TRABAJO”, mediante decreto de fecha 01.07.2013, y de conformidad a
   lo establecido en el art. 8° de la Ley N° 12.367, su Decreto
   reglamentario N° 0428/05 y Decreto N° 0479/05, se intimó al
   apoderado de la lista CHABAS VUELVE A CRECER “[…] para que en el
   plazo perentorio de 24 hs corridas […] proceda a realizar los
   reemplazos correspondientes en la lista de precandidatos…”,
   habilitándose para ello días y horas inhábiles, remitiéndose la
   cédula pertinente (vid. fs. 40/41).
   III
4. A
   fs. 42 (cargo N° 6737), se presenta el señor Aldo Fregona,
   apoderado de la lista supra mencionada expresando que “[…] la
   lista de candidatos del referido expediente cumple todo lo
   establecido en dichas normas por lo que no corresponde realizar
   reemplazo alguno…”, solicitando la “[…] inmediata
   oficialización de la misma”; señalando por último que “[…]
   Caso contrario (dejan) expresa constancia de recurrir ante el
   Tribunal Electoral de la Provincia”.
5. A
   fs. 44 (cargo N° 6755), el señor Aldo Fregona efectúa nueva
   presentación expresando que “[…] si la intención de la
   referida cédula es plantear la incompatibilidad de la candidatura
   al cargo de Pte. Comunal con la precandidatura a Dip. Nac., la misma
   no corresponde bajo norma legal alguna, dado que se tratan de
   elecciones con ámbitos de actuación distintas y también bajo
   distintas disposiciones”.
6. Por
   último, el ocurrente solicita se “[…] revoque por contrario
   imperio el decreto de la Secretaría Electoral a/c, por cuanto la
   norma que pretende aplicar refiere solamente a precandidaturas
   locales-provinciales, esto es a Gobernador y Vice, Diputados
   Pciales. Senadores Pciales”, agregando que “[P]retender darle
   otra extensión a la norma (art. 8 citado ley 12367), no solo es
   “ilegal”, sino que viola expresamente preceptos
   constitucionales”.
   IV
7. Requerido
   informe a la Secretaría Electoral Nacional (fs. 48), por oficio
   obrante a fs. 51 se da cuenta que “[…] en fecha 21 de junio del
   cte. año ha sido reconocida en este Juzgado, la Alianza “UNITE!
   CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y TRABAJO”;
   la Junta Electoral de dicha alianza presentó en fecha 26 de junio
   del cte. tres listas oficializadas, entre las cuales se encuentra la
   denominada Lista B “UNIDOS PARA CAMBIAR”, quien presenta como
   precandidato a Diputado Nacional Titular N° 1 al Sr. OSVALDO
   ALFREDO SALOMÓN”.
8. Por otra parte, se
   hace saber que “[…] en fecha 1 de julio del cte. la Junta
   partidaria de la alianza ha presentado la boleta oficializada por la
   misma,…”, acompañándose fotocopia de la lista supra referida.
   V
   A
9. Comienzo
   señalando que el presente caso no se trata de un supuesto de
   incompatibilidad de la candidatura al cargo de Presidente Comunal
   con la precandidatura a Diputado Nacional del señor Osvaldo
   Alfredo Salomón, tal como lo sostiene el apoderado de la lista
   ocurrente, señor Aldo Fregona en su presentación de fs. 44.
10. En efecto, la Ley
    N° 12.367, en su artículo 8° -segundo párrafo-, reglamentado por
    Decreto N° 0428/2005 establece expresamente que:
    [E]n
    las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias,
    los precandidatos sólo podrán
    serlo por un solo partido político, confederación de partidos o
    alianza electoral, en una única lista y para un solo cargo
    electivo y una sola categoría
    (resaltado
    agregado).
11. De
    tal suerte, y contrariamente a lo mencionado por el apoderado de la
    lista ocurrente en su presentación de fs. 44, advierto que en caso
    de autorizarse la participación del señor Salomón como
    precandidato a Diputado Nacional por un partido y una lista (en el
    orden nacional) distintos al partido, lista, cargo electivo y
    categoría por el que pretende actuar como precandidato para la
    comuna de la localidad de Chabas en las próximas elecciones
    primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias dispuestas para el
    11.08.2013 venidero, atenta directamente contra la letra y espíritu
    de la ley 12.367, reglamentada por decreto 0428/05.
    B
12. Por
    otra parte, entiendo que el hecho de autorizarse una participación
    simultánea del señor Salomón en ambos órdenes -nacional y
    provincial-, a más de resultar incongruente y contrario a la
    legislación electoral provincial vigente, tal conducta partidaria
    importaría para el elector común la pérdida de la referencia
    ideológica u orgánica que implica la constitución y dirección
    del proceso político que corresponde a las distintas agrupaciones
    políticas.
13. Uno
    debería tratar de evitar que los rostros y discursos que proliferan
    en nuestra comunidad política (polity)
    no conspiren contra la calidad deliberativa del espacio (pool)
    argumentativo. Deberíamos evitar, en la mayor medida posible, las
    confusiones, los entrecruzamientos y las aspiración múltiples que,
    en lugar de contribuir a un debate ideológico y pragmático
    robusto, pleno, inteligible, introduzcan confusiones. Una democracia
    se justifica por su potencial deliberativo, esto es, por su
    capacidad para transformar nuestra preferencia intuitivas en
    opciones razonables reflexivas. No realza ese potencial, las
    múltiples candidaturas con pertenencia partidaria diversa.
14. Estamos
    condenados a elegir. Elegir, bajo el derecho aplicable, significa
    optar por una alternativa, abrazar un programa específico y
    ofrecérselo a la ciudadanía para suscribir (fictamente, pero con
    todo el valor simbólico que tiene) un pacto. Las democracias
    funcionan bajo el espíritu de la palabra y el pacto: una persona
    elegida ―al menos en la
    teoría más atractiva―
    lo ha sido porque ha logrado convencer o conmover a sus electores,
    ha suscripto con ellos un pacto (ficto, reitero) de confianza y
    mutuo respeto y se obliga a mantenerlo2.
15. Tales
    pretensiones de racionalidad contractual ―el
    pacto de confianza entre electores y elegidos/as―,
    se vulneran si quienes se postulan ofrecen múltiples programas o
    recetas, éstas para diputados provinciales, las otras para
    diputados de la Nación; éstas para ser concejales, las otras para
    senadores nacionales; éstas por el partido político A, las otras
    por el partido político B. Estas “posibilidades” u opciones,
    son las que, precisamente, la ley 12.367
    quiso eliminar, haciendo que los/as postulantes elijan solo una3.
    VI
16. En
    virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. dejar sin efecto lo resuelto
    por la Presidencia de este Tribunal Electoral Provincial mediante
    Auto N° 226 de fecha 01.07.2013, obrante a fs. 38/39, en cuanto
    aprueba la nómina de precandidatos presentada por los apoderados de
    la Lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER” perteneciente a la
    agrupación política “PARA CHABAS”,
    rechazando la postulación del señor Osvaldo Alfredo Salomón,
    como precandidato para Miembro de la Comisión Comunal de la
    localidad de Chabas, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe,
    como miembro titular primero, con noticia a los interesados.
    En
    su mérito,
    así
    me expido.
    DESPACHO,