En la nota que transcribimos abajo, el Fiscal de Cámaras de Vera, Dr. José Antonio Mántaras, sostiene que el Poder Judicial no puede hacer nada en cuanto a la prostitución de menores porque es una ‘costumbre arraigada’.
Dichas declaraciones, para colmo, son en el marco de una causa donde se investiga una red de trata de menores capitaneada por funcionarios judiciales…
Como nos avergonzamos de esta idea, y como creemos que el Poder Judicial debe intervenir en asuntos tan graves, denunciamos al Sr. Fiscal ante el Procurador General para que adopte las medidas pertinentes.
Esto también es parte de lo que los constitucionalistas debemos hacer…
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LA NOTA
Contrapunto en la Justicia por un caso de trata y abuso de menores en Vera
El caso de una empleada judicial denunciada por tres chicas de haberlas llevado a una fiesta privada donde les ofrecieron sexo por dinero no sólo generó un contrapunto entre el Poder Judicial y el político, sino que también promete debate dentro de los mismos ámbitos tribunalicios.
El caso de una empleada judicial denunciada por tres chicas de haberlas llevado a una fiesta privada donde les ofrecieron sexo por dinero no sólo generó un contrapunto entre el Poder Judicial y el político, sino que también promete debate dentro de los mismos ámbitos tribunalicios. Mientras el fiscal de Cámara de Vera, José Mántaras, calificó como “desafortunadas y equívocas” a las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Horacio Coutaz, respecto al proceder de la Justicia del norte norte santafesino en estos casos, otra alta fuente cuestionó seriamente lo que consideró un “accionar corporativo para defender a un funcionario judicial” (ver “No todas las voces dicen lo mismo”).
Mántaras se defendió de la acusación en su contra por la lentitud en intervenir en un caso originado por la denuncia de tres chicas, dos de ellas menores, que fueron seducidas por una empleada judicial para participar de una fiesta privada en la que se les ofrecía sexo, drogas y alcohol.
Para el fiscal de Cámara, “el 30 por ciento de las personas privadas de la libertad en la alcaldía del departamento Vera están vinculadas a este tipo de causas (abuso de menores). Con el respeto que me merece el secretario de Derechos Humanos, creo que son declaraciones desafortunadas y equívocas. La investigación está a cargo de los dos jueces de instrucción, tanto de Vera como de Reconquista, quienes conforme a la supervisión que hace este Ministerio Público Fiscal de todas las causas, actúan de una manera extraordinariamente buena, con un férreo compromiso con este género de delitos”.
Sin embargo, y pese a que la Corte Suprema explicó el accionar judicial, no todas las voces dentro del sistema son homogéneas (ver aparte).
El caso. Bibi Sánchez, de 50 años, empleada judicial, fue apuntada por tres adolescentes que declararon en la Comisaría de la Mujer los últimos días de marzo y los primeros de abril. La chicas aseguran que la mujer las sedujo en un lugar público de Vera, y luego las invitó a ir “de joda” a su casa. Allí abundaba —según relataron— el alcohol, las pastillas y adultos que ofrecían dinero por sexo.
La denuncia contra la empleada judicial fue rápidamente agendada por funcionarios de Derechos Humanos, de Niñez y del Centro de Acción Judicial de la provincia.
Frente a este caso, Coutaz dijo a este diario que “el hecho de que no haya respuesta judicial ante estos casos aparece como un mensaje muy claro que facilita el accionar de las organizaciones que promueven la prostitución, la trata de personas u otros delitos similares”, y agregó que “hay mucha deficiencia en la Justicia a la hora de dar respuestas”.
Las expresiones del funcionario se fundamentaron en episodios similares denunciados desde principios de 2011 en los que también hubo empleados judiciales involucrados y cuyas causas no avanzaron. La mujer denunciada ahora también cuenta con el antecedente de haber sido acusada por un caso de abuso sexual hacia una empleada doméstica en Romang, cuya tramitación en la Justicia está demorada.
Para Mántaras, “esa información también es errónea”, porque esa causa se demoró por la impugnación de la presentación como querellante del Centro de Acción Familiar en representación de una menor por errores formales en la documentación. Hoy el trámite está a resolución de la Cámara. No hay ningún tipo de inacción judicial. Que no se diga eso porque, además, consta en el expediente”.
Accionar judicial. Los firmes cuestionamientos de Coutaz sobre el accionar judicial se originaron en la falta de respuesta inmediata y por la ausencia de protección hacia las denunciantes, dado que la persona sospechada forma parte de la planta de empleados de un juzgado local. Ante esto, Mántaras se defendió alegando que “el juez de Instrucción tiene amplias facultades para disponer o delegar este tipo de actividades prevencionales. A la policía se le encomendó la investigación. Lo que sucedió durante el fin de semana fue que se difundió todo ilegalmente y se quebró un poco el curso de investigación. Esto dio motivo a que este fiscal de Cámara, enterado de esta trasgresión, formulara una presentación judicial por revelación de secreto de sumario”. Para el fiscal, el hecho de que se difundiera el caso “dañó la investigación”.
A su juicio, la problemática de la prostitución de menores en el norte provincial “excede al Poder Judicial, porque es una costumbre arraigada que surge del estado de necesidad de las menores y sus familias y es aprovechado por personas inescrupulosas. Se debería abordar con políticas de Estado”, dijo.
Respecto a la sospecha que pesa en el caso denunciado hace dos semanas en el que está involucrada la empleada judicial, aseguró que “cualquier persona que participe de estos delitos es repudiable, pero mientras no sea declarada culpable preserva su estado de inocencia”. También señaló que a la mujer sospechada, “se la tratará como a cualquier otro sujeto pasible de sanción penal” y que “se adoptaron las medidas administrativas pertinentes y se la separó del lugar en el que cumplía funciones”.
Y para rematar, enfatizó: “No hay falta de respuesta judicial. Somos personas responsables, con años en la administración de justicia y no podemos consentir esa afirmación que, insisto, fue desafortunada por parte del secretario de Derechos Humanos”.
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LA PRESENTACIÓN
Ref.: Denuncia
Fiscal de Cámara
Distrito Judicial Nº 13 Vera
Sr. Procurador General de la Corte Suprema
De la Provincia de Santa Fe
Domingo Rondina, abogado, con fianza subsistente para el ejercicio de la procuración, con domicilio que ad litem constituyo en calle Francia 3352 de la ciudad de Santa Fe, ante V.S. comparezco y respetuosamente digo:
Que vengo a poner en su conocimiento las expresiones formuladas por el Sr. Fiscal de Cámara del Distrito Judicial Nº 13 con sede en la ciudad de Vera, Dr. José Antonio Mántaras.
Dicho funcionario de su Ministerio Público, en nota concedida al Diario Uno de Santa Fe (cuya edición impresa fecha 15/04/2012 acompaño) incurre en dichos claramente discriminatorios y ajenos al buen criterio de la intervención judicial.
Expresamente dice según el matutino: “(…) la problemática de la prostitución de menores en el norte provincial ‘excede al Poder Judicial, porque es una costumbre arraigada que surge del estado de necesidad de las menores y sus familias y es aprovechado por personas inescrupulosas. Se debería abordar con políticas de Estado’ (…) ”
Considerar a la prostitución de menores ‘una costumbre arraigada’ y considerar que dicha problemática ‘excede al Poder Judicial’ pretendiendo que se resuelva un delito desde otros ámbitos estatales, es verdaderamente revelador de la ineptitud del Sr. Fiscal, ya que no puede confiársele la persecución penal a quien considera que no es un delito sino una ‘costumbre’ y que no debe atacárselo con el Código Penal sino con políticas sociales…
Además de lo inoportuno de sus declaraciones cuando se han hallado, y se hallan, bajo investigación por corrupción de menores miembros del mismísimo Poder Judicial…
Creo que los dichos resultan gravísimos y ameritan la intervención del Sr. Procurador General como responsable disciplinario del Sr. Fiscal de Cámara.
Provea de conformidad
Y SE HARÁ JUSTICIA
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NOTAS PERIODISTICAS
Piden que se investigue la conducta del fiscal regional de Santa Fe, Ricardo Fessia
